Seis meses de prisión por estafar a la organización de la Campus Party en 2004.
El texto según publica el mundo:
VALENCIA.- La edición de 2004 fua una de las más accidentadas de la Campus Party, con problemas de electricidad y de conexión a la Red peores de los habituales. Ahora, el 'culpable' de aquel caos responde ante la Justicia.
La Audiencia de Valencia ha condenado a seis meses de prisión al encargado de dar servicio eléctrico a los 5.000 ordenadores de los asistentes al evento, y que desapareció con 19.037 euros que le adelantaron por el trabajo sin llegar a completarlo pocos días antes de la inauguración.
Según indica una sentencia hecha pública por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, el acusado, Francisco S.E., fue contratado para la instalación, mantenimiento y desmontaje de la red eléctrica de los ordenadores de este certamen, que se celebra anualmente en Valencia.
El procesado logró que el 24 de junio de 2004 le entregaran dos pagarés por importe de 7.615 y 11.422 euros, respectivamente, además de material perteneciente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, lugar de celebración de la Campus Party.
El acusado negoció los pagarés que le habían entregado y desapareció pocos días antes de la inauguración del certamen informático sin completar el trabajo que le habían encomendado.
La empresa encargada de esta infraestructura tuvo que contratar a última hora y con carácter urgente a otras dos sociedades, a las que tuvo que pagar el triple del precio estipulado por el montaje eléctrico.
Había sido absuelto
El procesado fue absuelto en primera instancia, pero, al resolver un recurso, la Audiencia considera que es autor de un delito de estafa, ya que aceptó unos trabajos "para los cuales no estaba preparado", recibió dos pagarés y "abandonó sus labores".
Por ello, estima que "lo que existió fue una falta de voluntad deliberada de obtener una ganancia económica a cambio de unos trabajos que no tenía intención de llevar a efecto". "Cuando se aproximó la fecha de la celebración de la feria, sencillamente el acusado desaparece, cerrando también su establecimiento", añade.
La sentencia estima que se trata de un "negocio jurídicamente criminalizado", es decir, un contrato en el que una de las partes, "que no tiene intención de cumplir con las prestaciones", simula "una voluntad de actuar conforme a lo pactado" y se enriquece ilícitamente.
En consecuencia, le condena a una pena de seis meses de prisión como autor de un delito de estafa y a que indemnice a la empresa que le contrató con los sobrecostes que se vio obligada a soportar
Fuente: http://www.elmundo.es/navegante/2007/07/03/tecnologia/1183448048.html
