Esta inhabilitación se extiende, según la sentencia, a que no cace con galgos, no posea galgos, ni comercie con galgos, así como que no pueda ejercer como presidente, ni otro cargo, en asociación alguna relacionada con caza con galgos durante ese espacio de tiempo.
Hace dos años, los cadáveres de dos jóvenes galgos (de 22 meses y cinco años) fueron hallados en la localidad de Fuensalida, Toledo. Los animales habían sido ahorcados. Ambos llevaban microchip, lo que posibilitó identificar a su dueño, quien confesó ser el autor de los hechos y quien declaró ante el juez que «desconocía que ahorcar animales fuese delito» y que «los sacrifico porque tenían defectos y no le valían para la caza».
La asociación BaasGalgo, personada como acusación popular con el abogado especialista Sergio García-Valle, cree que esta sentencia es un gran paso en la lucha por la defensa de los derechos de los animales. Del mismo modo, piensa que este precedente ayudará a que se reduzcan los maltratos a los galgos tras la temporada de caza, práctica desgraciadamente muy extendida entre cazadores de algunas regiones de España.
La práctica de ahorcar ejemplares de galgo al terminar la temporada de caza o cuando han dejado de ser útiles a sus dueños, continúa siendo habitual en nuestro país. La zona de Torrijos y Fuensalida, en Toledo, es uno de los lugares donde más galgos abandonados se suelen encontrar. La Asociación BaasGalgo rescata allí cerca de 100 ejemplares cada año que han sido maltratados y abandonados.
La Asociación BaasGalgo, promotora de estas iniciativas en defensa de los derechos de los galgos, es una organización sin ánimo de lucro que lucha por el bienestar y la protección de estos animales. Promueve desde hace años multitud de acciones solidarias que pretenden concienciar a la ciudadanía de la realidad del galgo en España. Además, se dedica al rescate de ejemplares abandonados, facilitando su adopción por parte de familias en todo el territorio nacional y en algunos países del extranjero.
