14 de marzo
El gobierno del Estado Español declara el estado de alarma que entra en vigor al día siguiente. Las primeras informaciones son confusas pero una cosa está clara: los perros pueden salir a la calle y ser paseados por sus propietarios legales.
(vídeo del 17 de marzo)
21 de marzo
Esto trajo un panorama contradictorio: por un lado, la Real Sociedad Canina advertía del riesgo del abandono de mascotas ante el temor de sus dueños de que les contagiasen el COVID (como pasó en Italia).
Por otro lado, las protectoras detectan inmediatamente un inusitado aumento del interés por adoptar perros por lo que las más precavidas suspendieron inmediatamente las adopciones (otras tardaron más en reaccionar o, incluso, llegaron a dar en adopción la totalidad de los perros que tenían en custodia).
Algunas personas llegan a ofertar la cesión de sus mascotas a cambio de dinero:
30 de marzo
La fiscalía advierte sobre un aumento inusitado de las adquisiciones con mala fe y ponía a la población en preaviso de que el abandono animal es un delito.
6 de abril
Los días previos al confinamiento mantienen el ritmo habitual de abandonos y en las semanas siguientes se siguen detectando abandonos esporádicos a la vez que se hace más difícil seguirles la pista al haber menos gente en la calle.
20 de abril
La Real Sociedad Canina Española calcula que en confinamiento la demanda de perros ha duplicado a la que sería habitual.
28 de abril
La Fundación Franz Weber denuncia que la compraventa de perros entre particulares está disparada en internet.
19 de junio
El abandono de perros aumenta un 25% sobre los valores habituales.
8 de julio
El Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal advierte de la instrumentalización que se ha hecho de los perros en la pandemia y de que la administración ha hecho oídos sordos ante la situación.
También critica que, debido a la casi nula presencia de personas en la calle, se han dado casos de fauna salvaje aproximándose a núcleos poblacionales y la única respuesta de la administración ha sido proponer cacerías en vez de practicar acciones de eficacia demostrada como el trampeo y reubicación de animales capturados o el aumento de instalación de elementos reflectores que faciliten a los conductores la localización visual de animales.
Por todo lo anterior, considera necesario una revisión de las políticas de protección animal en el Estado Español.