La escena es de ayer mismo, y esta brigada estatal que trabaja a las afueras de La Habana es representativa de lo que sucede en todo el país; en la Cuba socialista uno puede comer en una cafetería de 10 mesas atendida por 20 empleados, hay empresas con tantos inspectores y vigilantes como obreros y la plantilla nacional de dirigentes supera las 380.000 personas, casi un 9% de los trabajadores estatales.
Si durante medio siglo el pleno empleo ficticio fue un emblema de la revolución, como la educación y la salud, hoy lastra la economía y entrampa la salida de la crisis. Con 11,2 millones de habitantes y una fuerza laboral de 4,9 millones de personas -de las que más de cuatro millones trabajan en el sector estatal-, Cuba se encuentra en una encrucijada. Un millón de trabajadores sobrantes es un grave problema político, pero hacer esta reconversión es de necesidad imperiosa, advierten los economistas.
La salida, según la mayoría de los analistas, es de cajón: el Gobierno debe extender la iniciativa privada y fomentar cooperativas y pymes en los sectores que el Estado es incapaz de administrar con eficiencia. Para Rivera, las "nuevas empresas empezarían a ser una alternativa laboral, a cuyos empleos podrían aspirar muchos cubanos".
Mordido por la realidad, el Gobierno realiza algunos tímidos experimentos en esta línea. En varios municipios de La Habana se ha entregado la gestión de las peluquerías a los trabajadores, que han de pagar un impuesto mensual de unos 34 euros al mes. También, a modo de experiencia piloto, se ha permitido a un pequeño grupo de taxistas que exploten por cuenta propia el vehículo del Estado a cambio de un impuesto, ocupándose ellos del mantenimiento.
Ya queda menos. Aunque ya se esta alargando demasiado...
