La titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha abierto la primera vía penal contra el Gobierno central por la celebración de manifestaciones multitudinarias, como la del 8M, en los días previos a que se declarara el estado de alarma.
Tras recibir por reparto de decanato, el pasado viernes 20 de marzo, la denuncia de un particular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra todos los delegados de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, la magistrada ha incoado diligencias previas en exclusiva respecto al delegado de Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, el único sobre el que tiene competencia.
La magistrada pide a persona que denunció que, si lo estima, traslade la denuncia ante los órganos competentes: el presidente del Gobierno, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y el resto de delegados de Gobierno, ante los órganos judiciales de sus comunidades autónomas.
Explica en un auto que las diligencias previas se incoan frente al delegado de Gobierno de Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa y o lesiones por imprudencia profesional.
Además de abrir la investigación, la jueza ordena una batería de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense, con expresa advertencia de que no son urgentes y que deberán, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permita a la vista de la evolución del estado de alarma.