Odios étnicos históricos e importantes intereses económicos han convertido la zona de los Grandes Lagos en un campo de batalla sin tregua, incluso después de los acuerdos de paz que en 2002 pusieron fin a cuatro años de sangrienta guerra civil. Los principales focos de violencia se localizan en las regiones de Ituri y Kivu, escenario de brutales enfrentamientos y matanzas tribales —en la RDC conviven unas 200 etnias diferentes—, unas veces perpetradas y otras fomentadas por los distintos grupos que se disputan el control de esta zona de abundante riqueza mineral. A los ya codiciados yacimientos de diamantes, oro, petróleo y uranio se ha sumado en los últimos años la 'fiebre' del coltán (abreviatura de columbita y tantalita), un metal utilizado en el sector de las nuevas tecnologías y especialmente necesario para la fabricación de teléfonos móviles. Para desgracia de sus habitantes, la madre naturaleza quiso ubicar en este rincón del planeta el 80% de las reservas mundiales de tan cotizado mineral.
Aunque las rivalidades étnicas en la antigua República del Zaire se remontan a tiempos ancestrales, las tensiones aumentaron a partir de 1994, tras la llegada de más de un millón y medio de refugiados hutus que escapaban de la guerra civil y el genocidio en Ruanda. Hoy son muchos los grupos enfrentados en la zona: los grupos rebeldes Agrupación Congoleña por la Democracia (ACD) y Movimiento de Liberación del Congo (MLC), apoyados por Ruanda y Uganda; guerrilleros hutus rivales de Ruanda y Burundi, rebeldes ugandeses, milicanos congoleños leales a Kinshasa...
Y mientras la RDC figura entre las naciones más pobres del mundo —ocupa el puesto 155 en un ránking de 173 países realizado por la ONU—, en torno a los yacimientos existe un complejo entramado empresarial convenientemente diseñado para el reparto del botín. Las organizaciones de derechos humanos insisten en que EEUU, Alemania, Bélgica y Kazajstán —principales destinatarios, pero no los únicos, del coltán— y las multinacionales que comercian con éste, están, en definitiva, financiando el conflicto, sustentado igualmente por el comercio ilegal de diamantes en las zonas del país controladas por el Gobierno. Desde 1999, el conflicto en la región de Ituri ha provocado al menos 50.000 muertos y más de medio millón de refugiados, según datos de Amnistía Internacional.
La paz, ¿una quimera?
El alto el fuego firmado en el verano de 2002 con Uganda y Ruanda y el pacto interno del 17 de diciembre para la creación de un Gobierno de transición cerraron la ya conocida como «primera guerra mundial de África», que se cobró cerca de tres millones de víctimas, la mayoría, civiles, e implicó a otros seis países vecinos: Angola, Zimbabwe y Namibia, que apoyaron al entonces presidente Laurent Desire Kabila; y Uganda y Ruanda, valedores de los rebeldes.
En abril de 2003, las facciones enfrentadas acordaron la formación de un Gobierno de unidad nacional, que quedó legalmente establecido el 30 de junio, con el objetivo de estabilizar el país de cara a la celebración de elecciones —inicialmente previstas para junio de 2005 y que finalmente se celebraron el 30 de julio de 2006—. Desde entonces, las organizaciones internacionales que trabajan sobre el terreno vienen alertando de los continuos enfrentamientos y violaciones de los derechos humanos que siguen produciéndose en todo el país, incluso después del despliegue, en noviembre de 2003, de 4.500 militares de la MONUC (misión de mantenimiento de la paz) para asegurar la protección de la población civil en la zona de Bunia y alrededores. Tras la matanza en junio de 2004, de un centenar de civiles en el noreste de Ituri, la inestabilidad se hizo patente de nuevo en el mes de junio, con la toma de la ciudad de Bukavu por parte de un grupo de soldados insubordinados del Ejército, presuntamente apoyados por Ruanda —la ciudad fue recuperada en una semana, pero dejó miles de desplazados y dos soldados de la MONUC muertos— y un intento frustrado de golpe de Estado encabezado por el general Lengue.
El drama de los refugiados y desplazados, la presencia de grupos armados, la explotación de los recursos militares y el tráfico de armas en el este del país —a pesar del embargo establecido por la ONU a través de las resoluciones 1493 (julio 2003) y 1533 (marzo 2004)— y el reclutamiento de niños soldado ponen en entredicho la viabilidad de una paz cercana.
En marzo de 2005, la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona denunciaba la muerte de casi 1.000 congoleños al día, y ocho meses después, un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) afirmaba que el Congo sufría la mayor crisis humanitaria del momento. Tras las elecciones de octubre de 2006, y con un respaldo del 58,05%, Joseph Kabila se mantiene en el poder, esta vez con la legitimidad de las urnas. El ejército privado de su rival, el rico empresario Jean-Pierre Bemba —buscado por «alta traición»—, se enfrenta con las fuerzas gubernamentales en la capital, lo que ha obligado a la ONU a evacuar a cientos de personas de Kinshasa.
http://www.elmundo.es/documentos/2003/04/guerras_olvidadas/congo.html
Un poco más de información.