Elecciones Europeas del 25 de Mayo

200 - El consumo de drogas, particularmente de los derivados de la marihuana, y su eventual despenalización es un tema recurrente en las sociedades democráticas. Los riesgos para la salud asociados a estas sustancias no son legalmente diferentes a los derivados del alcohol y el tabaco. El prohibicionismo no ha conseguido erradicar su consumo; por el contrario, ha producido un tráfico ilegal floreciente, relacionado con otras formas de delincuencia. Las restricciones legales a su cultivo, manipulación, tráfico y consumo son demasiado arbitrarias en la actualidad, con su distinción entre el "consumo personal" autorizado y la producción ilegal, para producir algo más que inseguridad jurídica. Por otra parte, las consecuencias para la salud y los riesgos asociados a su consumo no son desconocidos, como tampoco sus aprovechamientos terapéuticos, legalizados con mayor o menor liberalidad en numerosas sociedades democráticas.

201 - Es necesario establecer modelos de regulación legal de las drogas, preferiblemente en colaboración con otros países de la Unión Europea, a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos. Proponemos la despenalización de los derivados de la marihuana y la liberalización de su producción, comercio y consumo bajo los mismos controles sanitarios y fiscales públicos reservados a otras sustancias nocivas o peligrosas para la salud, pero que pueden usarse con libertad y bajo la propia responsabilidad bajo algunas limitaciones legales, como el alcohol o el tabaco. No obstante, deben mantenerse las campañas sanitarias de información sobre los riesgos para la salud aparejados a su consumo habitual. Para las drogas de origen natural o químico y farmacológico (opiáceos, cocaína y derivados, drogas sintéticas) con propiedades altamente adictivas y altamente dañinas para la salud, deben mantenerse las restricciones legales por su mucho mayor peligrosidad personal y social.

27 - Lo más característico de las políticas de PSOE y PP es la falta de diferencias sustanciales. La retórica agresiva contra el otro encubre la existencia de un pacto de hierro para blindar el bipartidismo, y no sólo mediante las tradicionales concesiones al nacionalismo como socio privilegiado, sino también por la ocupación partidista de todas las instituciones del Estado y la reducción aún mayor, si cabe, de la autonomía de la justicia con la llamada "reforma judicial Gallardón" (aumento de las tasas judiciales y entrega directa del CGPJ al partido que tenga la mayoría). La continuidad en la política económica y laboral del bipartidismo (compartida por los principales sindicatos y patronales) es igual o mayor, si cabe: ausencia de un modelo económico alternativo al basado en la burbuja inmobiliaria y el empleo barato; rechazo del contrato laboral único y mantenimiento del mercado laboral dual; falta de una política energética integral y competitiva que resuelva el desastre del "déficit tarifario"; sacrificio de la I+D+i a la reducción del déficit; endeudamiento para mantener inversiones superfluas o rescatar Cajas de Ahorros arruinadas; mantenimiento del gasto en administraciones y entes públicos superfluos; tolerancia o complicidad en operaciones financieras turbias o abiertamente delictivas como la venta de las llamadas preferentes; continuidad del llamado "capitalismo de amigos" (o pelotazo) donde los favores políticos y el tráfico de influencias son más determinantes para el éxito empresarial que la capacidad para competir e innovar.

28 - El deterioro de las instituciones es el resultado de la continuidad y exacerbación de estas malas políticas. También lo son el auge de la corrupción y de la mala gestión. Y como consecuencia, la pérdida de confianza popular en la política, particularmente en los partidos y representantes pero en general en el conjunto de las instituciones, con escasas excepciones. Índice del riesgo es que el descrédito y las acusaciones de corrupción afectan a la propia Casa Real, abriendo el debate sobre la posible opción futura entre monarquía o república. Si la Corona no adopta la ejemplaridad y transparencia que se le exigen, comprometerá su futuro en el proceso de reforma constitucional. Por esa misma razón es necesario el desarrollo legal del título II de la Constitución, relativo a la Corona, para definir su estatus jurídico. En cualquier caso, la alternativa a la monarquía parlamentaria no será, de ningún modo, la vuelta al modelo de la II República, idealizada por la izquierda tradicionalista como edad de oro de una sedicente "democracia verdadera" a restaurar. Cualquier programa irracional de "regreso al pasado", implícito en la falaz revisión izquierdista de la Transición como una rendición a la Dictadura y su continuidad bajo otro nombre, es una ilusión muy peligrosa para la democracia.

29 - Vivimos, en resumen, una gran crisis de la política tradicional. No es ni muchos menos un problema única o principalmente español, sino que se ha revelado con toda su crudeza en las diferentes crisis nacionales, en la impotencia de las instituciones europeas para hacer frente a la crisis, y en el egoísmo nacionalista de los Estados de la UE. También en el auge de partidos xenófobos, eurofóbicos y antisistema en muchos países europeos. Es conveniente subrayar que se trata esencialmente de un problema europeo, consecuencia del mayor o menor fracaso de las instituciones. No es casual que esta crisis política sea mucho más aguda en los países del sur de Europa -Portugal, España, Italia, Grecia-, donde estas instituciones son más vulnerables o están más mediatizadas por los partidos políticos y grupos de intereses a costa de una sociedad civil debilitada.