El independentismo utiliza este informe para exigir a las Naciones Unidas que sancionen a España.
El Gobierno de la Generalitat lleva años financiando con aportaciones directas al comité de la ONU que esta semana ha publicado una resolución en la que critica a España por haber vulnerado en 2018 los "derechos políticos" de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull, encausados por el referéndum del 1-O, al suspenderles como diputados antes de ser condenados por el Tribunal Supremo.
Concretamente, el Gobierno catalán ha abonado casi un millón de euros desde el año 2019 al Comité de Derechos Humanos de la ONU, cuyo último informe, pese a no tener valor vinculante, está siendo utilizado por el independentismo catalán para desprestigiar internacionalmente a la justicia y las instituciones españolas.
Según consta en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en el 2022 la Generalitat ha abonado 200 mil euros. En 2021, la cifra fue de 290 mil; en 2020, ascendió a 350 mil, y en 2019, financió la entidad con 150 mil euros. A preguntas de EL MUNDO, el gabinete de comunicación de esta agencia dirigida por Vicenç Margalef Parellada, y que está dentro de la estructura de la Consejería de Acción Exterior catalana, admite la colaboración económica con el comité, así como con otros organismos internacionales que "defienden los derechos humanos".
Una parte de la financiación de este agencia de la ONU procede de donaciones voluntarias de diferentes Estados e instituciones privadas, pero son los de Cataluña, País Vasco y el de Quebec los únicos gobiernos regionales que de una manera constante aportan importantes sumas de dinero.
De hecho, el independentismo catalán ya se benefició de un informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Ordinaria, que depende del comité de Derechos Humanos de la ONU, que en mayo de 2019 emitió consideraba "arbitraria" la situación de prisión preventiva de Junqueras, así como de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
El informe defendió su "inmediata puesta en libertad" y que se les concediera "una indemnización" económica. Asimismo, instaba al Ejecutivo español a abrir una "exhaustiva investigación" de las circunstancias de su detención. Como en esta ocasión, el independentismo utilizó ese documento para desacreditar a la democracia española, con una declaración institucional del presidente Quim Torra, y provocó que el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, se quejara por escrito a la chilena Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos.
Con el informe de esta semana, el Gobierno ha respondido a las quejas del nacionalismo catalán, que ha pedido que España sea sancionada por la ONU, señalando como responsable a la "política de confrontación" con Cataluña que habría llevado a cabo el gobierno de Mariano Rajoy.
Me parece chantaje a la ONU.
