Titulo original: La Fiscalía acusa al Gobierno de Feijóo de homicidio por retrasar fármacos para la hepatitis C por “razones presupuestarias”
La Fiscalía de Santiago de Compostela atribuye a dos altos cargos de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia un delito de homicidio imprudente por retrasar los fármacos de la hepatitis C con "razones presupuestarias".
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Ambos cargos han sido citados a declarar el próximo 28 de abril en los juzgados de Santiago. La denuncia de la fiscalía defiende que estos dos mandos designados a dedo por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo incumplieron los criterios que la propia Administración autonómica había establecido para sufragar estos caros tratamientos a los enfermos más graves mientras se negociaba un acuerdo global con las empresas farmacéuticas para universalizar su uso en la sanidad pública. Las demoras, según el fiscal, llegaron "al punto de poner en grave riesgo la vida de los pacientes con resultado de muerte en alguno de los supuestos".
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La denuncia de la Fiscalía bucea en las historias clínicas de seis enfermos de hepatitis C que murieron en Galicia entre 2014 y 2015 y a los que la Xunta negó o retrasó los tratamientos, pese a que sus médicos lo solicitaron repetidamente advirtiendo de la urgencia y pese a que todos cumplían los requisitos del protocolo que el propio Gobierno gallego había establecido para dispensar esta medicación.
En el escrito de once páginas que motivó la apertura del proceso judicial, el ministerio público concluye no solo que dos altos cargos del Servicio Galego de de Saúde (Sergas) retrasaron "las peticiones y suministro de Sofosbuvir [el nombre técnico del Sovaldi] posponiendo la toma de decisiones", sino que "las razones" para hacerlo fueron "de tipo presupuestario del Servicio Galego de Saúde y no de contenido médico o clínico".
Con ese argumento, y tras recabar los historiales clínicos, los distintos cambios en la normativa interna de la Xunta entre 2012 y 2014 para dispensar los tratamientos especiales contra la hepatitis C y sobre todo los testimonios de los médicos que tenían contacto directo con los pacientes, la Fiscalía pide imputar a los dos altos cargos de la sanidad gallega por un delito de "homicidio por imprudencia grave profesional".
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El organismo constituyó el 28 de junio de 2012 una subcomisión especial para el tratamiento de la hepatitis C, que ha ido actualizando desde entonces los criterios para sufragar esa medicación desde el sistema público gallego. La instrucción general establecía que ningún paciente con riesgo de morir podía quedarse sin las medicinas.
La Fiscalía alude así a los dos cargos de la Xunta a los que imputa: "Como responsables, dentro del Servicio Galego de Saúde, de autorizar estos medicamentos en condiciones diferentes a las establecidas conforme a las instrucciones establecidas en los programas aprobados, tramitaron con retraso injustificado, dilatando la toma de decisiones, y la puesta en marcha de los mecanismos de contratación y compra de dicha medicación eludiendo dar una respuesta a las peticiones formuladas por los facultativos en relación a pacientes que se encontraban en estado grave y sin otra alternativa terapéutica, infringiendo los compromisos establecidos en las instrucciones por ellos elaborados, hasta el punto de poner en grave riesgo la vida de los pacientes con resultado de muerte en alguno de los supuestos".
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El ministerio público sostiene que hay informes médicos en los que se han modificado las fechas de solicitud de los fármacos para simular tiempos de espera menores. Y aporta correos electrónicos de médicos que contradicen la cronología de los expedientes oficiales remitidos al fiscal.
El relato de hechos que hace la Fiscalía también descubre –frente a los retrasos generalizados en los tratamientos– el caso excepcional de un paciente de Lugo que sí logró recibir su medicación especial a tiempo gracias a que la médica que lo trataba "se saltó todos los trámites".
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Fuente: eldiario.es
Si bien el titulo es un poco tendencioso -no se ha imputado a todo el gobierno, si no a dos cargos- y hay información de la noticia que, por su fuente, hay que coger con pinzas (como lo de que sean 'cargos a dedo'), creo justo criticar a la totalidad del gobierno por éstos actos.
Todos sabemos que la burocracia es una quimera. Pero que llegue al punto de pasotismo en el que bien se falsifiquen, bien se demore activamente tratamientos que pueden suponer la vida o muerte de unas personas, es deleznable.
Lo único bueno que se puede sacar de esta noticia es que, por una vez, los cargos con responsabilidad vayan a pagar por incumplir dichas responsabilidades. Es obvio que a estas personas las muertes que han provocado no les importan un comino. Quizá les joda más haber perdido los votos de los familiares de los fallecidos -y eso en caso de que no les vuelvan a votar, que siendo Galicia, habría que ver- que el peso en la conciencia de haber provocado esas muertes con su negligencia.
Pero no deja de ser una tirita para tapar la indignación que provoca que por unos míseros miles de euros se hayan perdido seis vidas -y éstas sólo las que están en la denuncia-, sobretodo ahora que estamos ante una oleada de "destapes" de corrupción, malversación y evasión de impuestos.
También abre un pequeño debate: ¿hasta qué punto se puede denunciar a la administración por la muerte de una persona? Si hay un incendio en mi casa, ¿puedo denunciar al Ayuntamiento porque los bomberos llegaron tarde porque les faltaban efectivos o porque el parque de bomberos está lejos? Si hay un robo en mi tienda, ¿puedo denunciar al Ayuntamiento porque no había policias cerca para pillar al caco? Si hay una riada, ¿puedo denunciar al Ayuntamiento porque no realizaron tareas para prevenir la subida del rio creando más desagues o cosas así?
