Guerra entre Fiscalía e Interior por el informe de Podemos y el chivatazo sobre Manos Limpias
El soterrado enfrentamiento entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior de las últimas semanas tiene ya una declaración de guerra escrita. Aparece en el último párrafo de la nota que ha difundido este viernes la Fiscalía General del Estado, en el que se anuncia la apertura de una investigación para conocer el origen de las informaciones periodísticas que han obligado a adelantar la operación contra Manos Limpias y Ausbanc. En la nota se incluye una grave acusación: el fin de la filtración “no puede ser otro que el frustrar” el éxito de la investigación en favor de la "organización" investigada.
Aunque la nota no especifica hacia quién se dirigen esas sospechas, el contenido de las noticias publicadas sólo permite apuntar en una dirección, el Ministerio del Interior. El departamento de Jorge Fernández Díaz es el único que podía conocer los detalles de las pesquisas, además de los dos organismos que van a desarrollar la investigación del chivatazo y que son la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Santiago Pedraz. Desde el Ministerio Público, que impulsará la investigación, se apunta directamente al ámbito del Ministerio del Interior.
La investigación a la trama de extorsión que formaban presuntamente Manos Limpias y Ausbanc entraba en su recta final cuando el miércoles, el diario Abc y elconfidencial.com revelaron con detalles que la Audiencia Nacional perseguía a Manos Limpias y a Ausbanc por extorsión. Quedaba una semana para que el juez ordenara los registros y las detenciones, pero las informaciones precipitaron el operativo, que se acordó para este viernes, según fuentes de las pesquisas que lamentan las 48 horas que han tenido los protagonistas para poder deshacerse de documentación relevante para el caso.
“Se han publicado en diversos medios de comunicación datos de la investigación cuya publicación ha perjudicado seriamente el propio desarrollo de la instrucción judicial y la eficacia de las diligencias de investigación y aseguramiento” de pruebas, reconoce el comunicado de la Fiscalía General del Estado.
¿Por qué iba a querer alguien desde el Ministerio del Interior o la Policía perjudicar la investigación a Manos Limpias y Ausbanc? Fuentes de la investigación admiten que, por el momento, no cuentan con datos más allá de las deducciones que se pueden hacer sobre el origen de la información y su propósito. Para avanzar en sus sospechas, la Fiscalía propondrá una serie de diligencias al juez encaminadas a averiguar quién está detrás del suministro de información y que, en ningún caso, se dirigirán contra los periodistas, precisaron.
En lo que coinciden fuentes policiales y de la Audiencia Nacional es en situar como origen de este enfrentamiento en la polémica por el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA), cuyo contenido comenzó a publicarse el 12 de enero de 2016, un día antes de que se conformaran las nuevas Cortes y existieran ya unas incipientes negociaciones para la formación de Gobierno.
El documento, sin firma, llegó a la UDEF tres días después, procedente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. La intención de Interior era que los agentes de la UDEF, como policía judicial, elaboraran a raíz de él un informe que presentar a la Fiscalía Anticorrupción. Pero los días pasaban y el informe de la UDEF no llegaba. En privado, fiscales de la lucha contra la corrupción no preveían nada positivo de un documento que iban conociendo por partes, según iban publicando su contenido varios medios de comunicación.
Y entones entró Manos Limpias. A finales de enero presentó una querella contra Podemos, la tercera por la supuesta financiación irregular del partido morado y una más con las que ha inundado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, competente para investigar a aforados. Pero esta incluía un hecho novedoso, un documento de 38 páginas en el que se advierte que es de “uso exclusivo policial” y que no es otro que el informe PISA.
Desde ese momento, la Policía no necesitaba presentar un informe propio ante la Fiscalía Anticorrupción y arriesgarse a que ésta despreciase su contenido y se negara a abrir diligencias. Gracias a Manos Limpias, el informe PISA llegaba a los tribunales sin que la UDEF se manchara con el papel remitido desde la DAO, donde eldiario.es publicó que se aloja un grupo de agentes destinados a investigar posibles delitos cometidos por miembros de la oposición política.
Pero en la tercera semana de febrero, la maniobra se torció de forma casi irremediable. La Fiscalía del Tribunal Supremo emitió su informe preceptivo solicitando el rechazo de la querella de Manos Limpias y calificando el informe PISA de “mera remisión de informaciones no autenticadas”. Fuentes policiales consultadas por eldiario.es admiten que el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo provocó una tormenta en los jefes policiales que habían diseñado la estrategia contra Podemos.
No había servido de nada que el jefe entonces de la UDEF, Manuel Vázquez, hubiera llamado a jueces y fiscales del Supremo para explicarles un informe policial que ni él, ni ningún otro policía, les había entregado, ante la sorpresa de los miembros del Tribunal Supremo, según reveló más tarde elespanol.com.
Pero Vázquez, y por ende la UDEF y el Ministerio del Interior, no cejaron y el comisario remitió el informe PISA al Tribunal de Cuentas, en una maniobra insólita que ha permitido alargar la vida del documento apócrifo varios meses, hasta que el órgano fiscalizador se pronuncie. Vázquez es hoy jefe superior en Galicia, su tierra natal, destino que perseguía desde hace años.
La Audiencia Nacional y la Policía habían comenzado a investigar a Manos Limpias y Ausbanc el 24 de febrero de 2015, como consecuencia de nueve demandas presentadas por varios empleados de banca y tres entidades. Las denuncias aseguraban que Ausbanc, presidida por Luis Pineda les estaba amenazando con acciones penales que emprendería Manos Limpias si no pagaban. El líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, y Pineda se conocen desde hace décadas, cuando de jóvenes militaban en la extrema derecha.
En marzo pasado, los abogados de la infanta Cristina informaron a la Policía de que Manos Limpias, organización que mantiene en solitario viva la acusación contra la hermana del rey, les había pedido 3 millones de euros por retirarse del caso y que su defendida no fuera finalmente juzgada. Según fuentes judiciales, Manos Limpias y Ausbanc se habían dirigido con el mismo ofrecimiento e idéntica cantidad al a La Caixa y al Banco de Sabadell. La Fiscalía imputa a los detenidos los delitos de estafa, organización criminal, extorsión, fraude de subvenciones, administración desleal y estudia la posibilidad de sumar el de blanqueo de capitales.
Otras fuentes de la Audiencia Nacional descartan por completo solicitar la suspensión de actividades para Manos Limpias, por lo que la organización podrá seguir ejerciendo la acusación en el proceso contra Cristina de Borbón, a través de la abogada Virginia López-Negrete, contra la que, al menos por el momento, no se dirige la citada investigación.
La nota de la Fiscalía General del Estado anunciando una investigación por la filtración de la operación contra Manos Limpias y Podemos es la segunda de alto voltaje que emite el órgano que dirige Consuelo Madrigal en menos de doce horas. El jueves por la tarde, la Fiscalía General advertía de que el registro y la detención del alcalde de Granada el día anterior no fue acordada por su delegación en Granada ya que “el estado actual de las investigaciones no permite fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales”. El alcalde se aferró a esta nota para denunciar que es víctima de “un atropello político”.
La Fiscalía acusaba a la Policía de haberse excedido con Torres Hurtado y la reacción no tardó en llegar. Esa misma noche, la Policía emitió un comunicado en el que aseguraba que “todas las detenciones y medidas adoptadas se realizaron conforme a la ley y la Constitución, velando escrupulosamente por los derechos de los detenidos, por el tiempo mínimo indispensable para la realización de las averiguaciones y trámites oportunos, y comunicándose a la autoridad judicial".
Fuentes policiales han corregido a la Fiscalía General y aseguran que el registro fue autorizado por el juez, en contra de lo que también sostenía la nota. Respecto a las detenciones recuerdan que es una práctica habitual para realizar los registros con garantías en presencia de los afectados. Torres Hurtado, por decisión policial, fue trasladado también en calidad de detenido a dependencias del Cuerpo para ser interrogado. Europa Press destacaba ayer en un teletipo el “malestar” en el seno de la UDEF con la reacción de la Fiscalía.
Fuente: http://www.eldiario.es/politica/Guerra-Fiscalia-Interior-Podemos-Limpias_0_505700420.html
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“Tenemos pruebas para parar un tren...”
He aquí el relato de una alta fuente de la Audiencia Nacional sobre la operación desencadenada ayer con la detención de Luis Pineda y Miguel Bernad:
“El fiscal Daniel Campos, miembro de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, viene trabajando en la operación desde el mes de febrero. Con los indicios que vamos recogiendo se presenta una querella criminal que se reparte al juzgado número 1, cuyo titular es el juez Santiago Pedraz. Nos ponemos manos a la obra con la Policía para profundizar. Las intervenciones telefónicas en Ausbanc y en Manos Limpias nos aportan más pruebas. Y, en paralelo, se toma declaración a varias personas afectadas.
"En este contexto, hace tres semanas el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, toma contacto con un ejecutivo del Banco de Sabadell y le sugiere que se puede retirar la acusación contra la infanta Cristina de Borbón en el caso Nóos. Que eso tiene un precio a satisfacer por La Caixa y el Sabadell. Son 3 millones de euros. El dinero hay que compartirlo, dice, entre Ausbanc y Manos Limpias, que ejerce la acusación popular. Señala que la oferta cuenta con el apoyo de esta última entidad.
"¿Qué por qué el Banco Sabadell? Por el hecho de que Miguel Roca, el abogado que lleva la defensa de la infanta Cristina, es el secretario del consejo de administración de la entidad. Pero la oferta va dirigida al Sabadell y La Caixa. ¿Que Pineda hace el papel que hacen los portavoces de secuestradores? Algo parecido.
"Todo va sobre ruedas hasta que una filtración a un medio de comunicación sobre la investigación esta semana lo coloca en el disparadero. Sabemos que Pineda y Bernad tienen sus contactos en el ministerio del Interior y en la Policía. Pero en este caso parece que es gente de Interior y la Policía la que se va de la lengua, por razones que ignoramos y que en ningún caso son favorables a la justicia, porque alertan a los investigados. Nos fastidia el timing de la operación. Y decimos que hay que precipitar las acciones.
"La gente del Banco Sabadell colabora desde el momento en que recibe la oferta, hace unos veinte días. Dejan abierta la negociación de la oferta. Los delitos que metemos en la querella son extorsión, estafa, organización criminal, fraude en subvenciones y administración desleal. Nos reservamos el delito de blanqueo, que seguramente incorporaremos pero que no era necesario en la primera fase de esta operación.
"No hay ninguna acusación ni sospecha sobre la abogada Virginia López Negrete, que representa como letrada a la acusación popular de Manos Limpias en el caso Nóos, ni los hechos afectan al juicio oral. La acusación popular sigue. Pero lo cierto es que queda tocada de muerte. Los acusadores han quedado al desnudo.
"Los detenidos han pasado a disposición judicial y empezarán a prestar declaración ante el juez la semana próxima. Entre las intervenciones telefónicas practicadas a lo largo de dos meses y medio, aproximadamente, y las declaraciones tenemos indicios hasta para parar un tren. Indicios sobre querellas presentadas y retiradas a cambio de pasta. Pruebas que nos permiten llevarlos a juicio ya”.
Madrid no será la Ciudad Venenosa (Poisonville) de Cosecha Roja, la novela del escritor norteamericano Dashiell Hammet sobre los chantajes, la corrupción y los asesinatos en los años veinte, pero se le parece.
La operación sobre Ausbanc y Manos Limpias se ha precipitado por filtraciones. O las filtraciones provocan esa precipitación. Cualquiera sabe. El abogado Pau Molins, que defiende a la infanta Cristina, dice que está informado de la extorsión por parte de Luis Pineda. Pero no existe constancia de su denuncia.
¿Podría ser que la presunta oferta de Pineda de retirar la acusación contra la infanta por el precio de 3 millones de euros se está exagerando para darle una estocada mortal a la acción popular?
Extraño país éste en el que Manos Limpias acusa de la infanta y la Fiscalía la defiende. En cualquier caso: a nadie, y menos a la infanta, le interesa que se retire la acusación para quedar libre. Porque lo poco ganado con el esfuerzo de las tres magistradas que forman el tribunal en este caso se terminaría perdiendo. Que el juicio quede visto para sentencia.
Fuente: http://www.ara.cat/es/Tenemos-pruebas-para-parar-tren_0_1559244272.html
De todo esto, habría que ver cuánto es cierto y cuánto película de espías, pero dada la situación actual, me inclino por darle bastante credibilidad, tener a un Ministro de Interior con amigos imaginarios que lo ayudan a aparcar (hola Marcelo!), que condecora a mamporreros como Marhuenda con medallas policiales, o mejor aun, a la Virgen, me hace que me entren escalofríos de vivir aquí. Otra cosa verdaderamente inquietante es ese supuesto comando dedicado a estudiar a la oposición política para perseguirla con memeces como el informe PISA y similares, propio de un estado totalitario. Esperemos que pronto esta asociación de criminales sea ilegalizada.
