De puertas para afuera el discurso de la Fiscalía, ofrecido ayer en rueda de prensa por la fiscal general del Estado María José Segarra a los medios, es «respeto y acatamiento» de la sentencia del procés. Sin embargo, de puertas para adentro del Palacio de Fortuny, la indignación y decepción por el fallo del Tribunal Supremo son mayúsculas.
La Fiscalía entiende que en la sentencia los siete magistrados de la Sala Segunda han primado la unanimidad ante todo y sobre todo. «El fin era la declaración de independencia aunque en el camino trataran de negociar en condiciones de fuerza la autodeterminación», sostienen las fuentes informantes. Respecto al delito de sedición, aseguran que en septiembre y octubre de 2017 se cometió uno en Cataluña «cada vez que tenía que llevarse a cabo una diligencia judicial».«Hubo riesgo real de independencia en Cataluña. Tuvo que salir el Rey a dar su discurso, el Gobierno se vio obligado a aplicar el artículo 155 de la Constitución y los españoles estaban muy preocupados por los hechos que se vivieron aquellos días. Y ahora resulta que todo era una farsa», agregan. Las distintas fuentes del Ministerio Público son tajantes: «La unanimidad a cualquier precio, no».
Sin embargo, pese a no compartir claramente el fallo del Supremo, lo que más ha irritado a la Fiscalía es que la Sala no haya accedido a aplicar a los líderes separatistas el artículo 36.2 del Código Penal para que los penados no accedan al tercer grado penitenciario hasta que hayan cumplido la mitad de su condena en prisión. «Es incompresible», subrayan las fuentes consultadas.
Los fiscales de Sala del procés -Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal- solicitaron en las conclusiones finales del juicio la aplicación de dicho periodo de seguridad, debido a que la Generalitat tiene transferidas las competencias de Prisiones, para evitar que se repitieran episodios como el vivido con Oriol Pujol. Al hijo del ex presidente Jordi Pujol, Instituciones Penitenciarias de Cataluña le concedió el tercer grado cuando no llevaba ni siquiera dos meses de cumplimiento de condena en prisión por el caso de las ITV. «El rechazo al 36.2 es un indicio de que hay un vasallaje al Gobierno», aseguran las fuentes consultadas, en manifiesto desacuerdo con la actuación de la Sala.
RPV: La Fiscalía General del Estado, en desacuerdo con la sentencia del 1 de octubre porque han sido demasiado flojos respecto a lo que marca la ley. Hablan también de "vasallaje al gobierno".
