“Tendremos que elegir entre traición o exilio”
“Somos el último bastión del Estado en Cataluña, y sin embargo estamos desnudos”. Muchos de los 810 jueces y magistrados llamados a hacer cumplir la Constitución ante el desafío secesionista temen que la Generalitat —de la que dependen desde el punto de vista logístico— intente bloquear su labor en las horas críticas del referéndum ilegal de este domingo. “Desde los edificios que ocupamos”, explica Luis Rodríguez Vega, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Cataluña, “hasta los bolígrafos con los que firmamos las sentencias, todo pertenece a la Generalitat”. “Hay una sensación de fortaleza del Estado que es falsa, porque España se ha ido retirando y ya es casi imperceptible en muchos lugares. Y ahora nos toca a nosotros. Nos quieren dar a elegir entre la Constitución y la nueva legalidad. Es terrible, pero no tendremos más remedio que elegir entre la traición y el exilio”, dice.
Tristeza, pena, sorpresa, angustia… Son sentimientos comunes a los cuatro jueces —dos mujeres y dos hombres— consultados para este reportaje. Solo uno —Luis Rodríguez Vega, madrileño de nacimiento y con más de 20 años de ejercicio en Cataluña— acepta hablar a nombre descubierto. El resto prefiere el anonimato para no enrarecer aún más sus relaciones profesionales y personales.
Una magistrada de Barcelona con largos años de profesión admite: “Es la peor situación profesional que he vivido, porque los partidos, que son quienes tenían que haber resuelto políticamente esta cuestión, nos han trasladado el problema y nos han colocado en una situación terriblemente insoportable. Desde el punto de vista profesional y también personal. Imagínese, mi hija simpatiza con la CUP”. El juez Rodríguez Vega confía su experiencia personal: “Mi pareja es catalán e independentista. Llevamos juntos desde 1996 y dejó de ir a las manifestaciones cuando le dije: ‘Para vosotros ir a la Diada es como una fiesta, pero no sois conscientes de que la otra mitad de Cataluña lo vive como un drama y como un desgarro. No existimos. Nuestras emociones no valen”.
Los jueces consultados coinciden en que la presión ambiental les impide concentrarse en el trabajo. Una juez asegura que, en el caso de que el plan secesionista siga avanzando, una gran parte de la profesión optará por marcharse. Otra magistrada va incluso más allá: “Nos iríamos todos”. Rodríguez Vega dice que sería la opción más coherente: “Quieren que traicionemos nuestros valores. Yo nunca pensé que llegaría un día en el que tendría que medir el valor de mi compromiso. Yo tenía 14 o 15 años cuando Franco murió, así que he vivido en democracia. Siempre pensé que el juramento que hacen los jueces cuando juran o prometen la Constitución era un rito. Pero ahora resulta que están poniendo a prueba el valor de ese compromiso. Y yo creo que no lo voy a defraudar”.
El presidente de la APM y el resto de los jueces que han hablado con este periódico aseguran que aquella sociedad catalana abierta que les cautivó se ha convertido en un lugar crispado e intolerante. “Nunca imaginé”, explica un magistrado, “que desde la ventana de mi despacho podría llegar a ver una manifestación de abogados estos días gritando democracia. Esas personas saben perfectamente que estaban mintiendo, pero la mentira es tan grande que nadie cree que sea mentira. El que los responsables políticos se pongan a gritar a favor de la desobediencia delante de un tribunal es algo inaudito, algo que en Occidente ni existe ni se puede tolerar”.
El juez Rodríguez Vega añade: “El otro día leí un libro que decía que la realidad es de las cosas que menos tolerancia admiten. Estos señores resulta que no admiten la realidad, porque la realidad es que no pueden conseguir la independencia dentro del marco constitucional. Tienen que modificar el marco, y como se ven impotentes de hacerlo de forma legal han decidido salirse. Y se han salido con unos lemas –democracia, derecho a decidir— que han triunfado. El Estado ha perdido la batalla del relato. Y es muy difícil hablar con ellos porque siempre salen con los agravios. La lista de agravios se va llenando y es muy difícil vaciarla”.
Casi todos los jueces consultados admiten que la política tuvo su momento y fracasó. “Y ahora nosotros”, lamenta una juez, “tenemos que actuar con el único instrumento que tenemos: la ley”. “Y por mucho que podamos entender las inquietudes de la gente, no tenemos demasiada capacidad de maniobra”, señala. “La vía judicial no resolverá nunca el conflicto, al contrario. Pensar que con la represión se puede resolver el problema de Cataluña es uno de los errores más grandes que se han cometido”.
Fuente: https://politica.elpais.com/politica/2017/09/29/actualidad/1506714864_898692.html
¿Qué pasará en el caso de que se declare la Independencia con los actuales jueces?
Siguiendo la Ley de Transitoriedad Jurídica:
Artículo 68 Continuidad de las plazas
- Los jueces, magistrados, fiscales y letrados de la administración de justicia que a lo largo de los tres años anteriores a la entrada en vigor de esta ley hayan ocupado plaza en los órganos judiciales y la fiscalía de Cataluña, continúan en sus plazas, manteniendo sus derechos económicos y profesionales, salvo que renuncien a la integración. Aquellos que hayan ocupado plaza menos de tres años, pueden ejercer el derecho de integración, solicitándola con arreglo al procedimiento que establece la legislación que desarrolla este artículo.
- La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo designa, en la forma que establezca la ley, a los jueces y magistrados que deban cubrir las plazas de nueva creación y las correspondientes a los concursos de traslado y a las vacantes.
Para cubrir plazas vacantes puede designar interinamente a suplentes y sustitutos, que cumplan los requisitos que establezca la ley y los reglamentos que dicte la Sala de Gobierno. - Los fiscales y los letrados de la Administración de Justicia son designados, en la forma que establezca la ley, por el departamento competente en materia de justicia.
El departamento, para cubrir plazas vacantes, puede designar internamente a suplentes y sustitutos, que cumplan los requisitos que establezca la legislación. - Los jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia que pertenezcan a los cuerpos correspondientes del Estado español podrán concursar a las plazas que se convoquen.[/i]
¿Cuál es la opinión independentista en este asunto? ¿Cuáles son los planes para el día de mañana ante el caso de una hipotética fuga masiva de jueces y magistrados tras el hostigamiento recibido en los últimos meses por hacer su trabajo? ¿Se ha considerado la posibilidad de que, al igual que ocurre con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la idea de perseguir a los que tratan de hacer cumplir las leyes no sea la mejor cuando te toque crear tu propio ordenamiento jurídico?