Las 20 propuestas de Podemos

#1326 Pero que te estás inventando? jajajajaja tío si realmente piensas eso eres un jodido ignorante.

Es que precisamente esa medida es para evitar a esclavistas y ya lo de los 2500€pero q cojones?

Porque no se va a trabajar por 500€ al año? jajajaja putos peperos coño es tronchante.

#1327 jajaja soy de UPYD. Lo que dice el tío ese es absurdo, todos lo sabemos, igual de absurdo que dar dinero a la gente trabaje o no trabaje, haya cotizado o no, y todo a costa de los de siempre

#1328 http://bit.ly/1wdtATj

#1334 http://cadtm.org/La-auditoria-de-la-deuda-externa

¿a parte de mentir y ser un borrego sabes hacer algo mas?

Ecuador no pero tu amigo USA si que tiene toda la deuda comprada por china.

#1336 Me rindo ante ti Dios de dioses, el pueblo Ecuatoriano a sido engañado y solo tu sabes la verdad... pobres infelices, su dictador correa les dijo que hizo una quita en la deuda y que ya no pagaran la parte ilegitima... pobres.

ilumina-me

#1338 Esto es muy interesante sacado de tu link para a todos aquellos que decían que estaba hiperregulado el mercado.

"La quiebra del banco de inversión Lehman Brothers constituye un hito simbólico que destapa los errores de la desregulación financiera y también de las políticas desreguladoras aplicadas en otros sectores económicos cuyos bienes o servicios afectan de manera sistémica a la economía, típicamente el mercado de trabajo y el sector energético, en particular el subsector eléctrico, pero no sólo."

"La prestación de servicios sociales esenciales, vertebradores del estado de bienestar, la sanidad, la enseñanza, las prestaciones sociales: desempleo, pensiones contributivas y asistenciales; los gastos orientados a los equilibrios territoriales o el urbanismo, se convierten también en objeto de las políticas de desregulación. Detrás, enormes intereses económicos que esconden su autentica naturaleza en postulados hueros que desprestigian el pensamiento económico y desvirtúan el contenido de los conceptos más queridos para los economistas: en vano se nombra la eficiencia, la flexibilidad, los mercados, la austeridad, las reformas estructurales para amparar poderosos intereses privados en conflicto con el interés general."

http://economistasfrentealacrisis.wordpress.com/quienes-somos/

Pd: Tiene mas para dar en los morros a los Anarcocapitalistas,invito a que lo lean por lo menos.

#1339 xD Me hace mucha gracia que pongas sólo lo que te interesa. Pero en fin.

#1339 Tu desregulación en datos. Que lo que intentáis colar o directamente mentir a los que si estamos metidos en el tema no podéis colarla.

http://www.economicnoise.com/2012/08/02/you-are-a-law-breaker/

http://wc.wustl.edu/files/wc/imce/2010regreport.pdf

Ahora que hablemos de ciertas "desregulaciones" que no son tal lo hacemos porque no son mas que privilegios a la banca que eso es estatismo.

Desregular es eliminar leyes no darle mas privilegios a los banqueros a ver si aprendéis la diferencia.

#1344 Bueno, yo pego todo el link y elijo que la gente lea lo que quiera, no extracto de un link lo que quiero que la gente expresamente lea.

#1346 Pues eso, que pones lo que te interesa.

Mira, me has dado ganas de seguir tu ejemplo. Te voy a copiar

"Reducción de la jornada laboral a 35 horas.

Esta medida es una demanda del movimiento sindical desde los años ochenta, y protagonizó una intensa campaña a finales de los años noventa en España. En Francia la instauró el gobierno socialista de Jospín, sin muchos efectos en la creación de empleo. La razón fundamental es que salvo en determinados trabajos –como la atención al público, o las cadenas de montaje que no paran-, la mayoría de los puestos de trabajo actuales no están tan estrictamente sujetos a un horario laboral, y buena parte de la reducción del tiempo de trabajo sería asumida por ganancias de productividad. Esto no significa que la medida no sea positiva en sí misma, como elemento de conciliación entre la vida laboral y personal, pero su efecto en la creación de empleo sería relativamente reducido. Por otro lado, y sin lugar a dudas, supondría un incremento de los Costes Laborales Unitarios, aunque, también, en menor medida de lo que podría aparentar debido fundamentalmente al incremento de productividad/hora que traería asociada la propuesta. De acuerdo con los datos contenidos en AMECO, la experiencia francesa de las 35 horas no supuso un cambio significativo ni en la jornada laboral media francesa, ni en su productividad horaria, ni en su tasa de desempleo.

Adelanto de la edad de jubilación a los 60 años.

Los datos oficiales hablan de una población entre 60 y 65 años de unos 2,5 millones de personas. Con una tasa de actividad del 39,65% según el INE, y una tasa de desempleo del 18%, las personas efectivamente ocupadas en ese tramo de edad serían unas 796 mil personas. Habida cuenta de que ese tramo de edad es un tramo asalariado consolidado, y poco productivo en comparación con los más jóvenes –por ejemplo, en el uso de nuevas tecnologías, la intensidad del trabajo, etc…- buena parte de los puestos de trabajo podrían ser amortizados por las empresas. Otros puestos de trabajo podrían ser cubiertos por nuevos trabajadores, incrementando –de nuevo- la productividad por hora trabajada. En relación a su cuantía en términos de coste de pensiones, la población total entre 60 y 65 supondría unos 2,5 millones de personas, de los cuales saldrían del mercado de trabajo (entre ocupados y parados) unos 975.000 (con una tasa de actividad actual de 39,65%) los cuales se sumarían a los actuales 8,3 millones de personas pensionistas, dando como resultado un total de 9,2 millones de personas susceptibles de recibir una pensión de la seguridad social. La pensión media para ese tramo de edad supone unos 1400 euros mensuales, lo cual significa un incremento, con datos de 2014, de unos 18.000 millones de euros adicionales, un 1,8% del PIB. Suponiendo que la tasa de protección de los desempleados es del 50%, y dando por válida la cifra de prestación media bruta de 27,57 euros/día, supondría un ahorro de 1.356 millones de euros, con lo que el coste final sería de alrededor de 16.500 millones euros, que deberían ser extraídos del fondo de reserva de la Seguridad Social, de los Presupuestos Generales del Estado, o de mayores cotizaciones sociales. Siendo abultada, la cifra no parece exagerada: el gasto por pensiones en España representa alrededor del 10,2% del PIB, lo supondría alcanzar el 11,7%, cuando la media de la Unión Europea es del 11,3% aproximadamente. Dando por bueno el crecimiento líneal, supondría en 2050 un gasto en pensiones de entre el 14 y el 16% del PIB, algo difícilmente sostenible a largo plazo sin el concurso de otras vías de financiación más allá de la tesorería de la seguridad social (es decir, financiando vía impuestos, por ejemplo, parte de las pensiones). Cabe en cualquier caso recordar que se entiende que la jubilación sería voluntaria y que muchos trabajadores optarían por no acogerse al sistema. También habría de precisarse el nivel de prestaciones que recibirían, así como los años de cotización mínimos, etc…

Reestructuración de la deuda pública.

PODEMOS sugiere la realización de una auditoría de deuda, una quita de la considerada “ilegítima”, y una reestructuración del resto de la misma. Esta medida, que es considerada una de las medidas “deal breaker” del programa económico de PODEMOS, no responde sólo a su programa, sino que, como ya hemos señalado, especialistas en la gestión de la deuda están proponiendo de igual manera reestructuraciones de la deuda de los países del sur de Europa. En cualquier caso, existen serias dificultades para su instrumentación. En primer lugar, porque España no se financia –salvo algunos casos, como los préstamos del Banco Europeo de Inversiones o el préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad- vía préstamos finalistas, sino con la emisión de bonos en los mercados internacionales que van directamente al Tesoro, y ni el comprador ni el emisor sabe a ciencia cierta si la financiación obtenida en esta vía se destinará a pagar proyectos “ilegítimos” o la sanidad pública. Moralmente, es poco defendible que alguien que compra bonos Españoles deba someterse a una quita si no ha podido determinar de antemano para qué se utilizaría ese dinero. La experiencias de auditorías desarrolladas en América Latina se basan en la modalidad de préstamo, en la que tanto prestamista como prestatario saben a qué se va a destinar el dinero obtenido. También cabe la duda de que pueda desarrollarse sin el concurso del Banco Central Europeo –vía monetización de parte de la deuda. De ser así, sería necesario modificar los Tratados de la Unión Europea, aunque sería la fórmula más fácil en términos técnicos. Existe otra posibilidad de realizar quitas “sintéticas”, a través del canje de parte de la deuda por perpetuas –una especie de “preferentes”- a ser compradas por el Banco Central Europeo y posteriormente utilizadas en sus operaciones de mercado abierto –compraventa de títulos financieros realizada por el BCE en el marco de su política monetaria. Otra posibilidad sería “titulizar” nuestra deuda en productos estructurados con diferentes calificaciones crediticias, de manera que, ante dificultades en el pago, el tramo más especulativo pudiera ser sometido a una quita. Esta opción permitiría realizar “reestructuraciones virtuales” sin perder las calificaciones de créditos actuales o futuras. Otras opciones son la emisión de deuda vinculada al crecimiento nominal del PIB, que pagarían más cuanto más creciera, y suspenderían pagos si el crecimiento nominal es negativo. En conclusión, existen opciones técnicas de proceder a reestructuraciones ordenadas o sintéticas que no conllevarían la salida de España de los mercados financieros internacionales sin bien se enfrentarían a importantes dificultades: 1) Sería prácticamente imprescindible el concurso y acuerdo de las instituciones de la Unión Europea para 2) garantizar la estabilidad financiera y 3) hacer frente al más que posible encarecimiento del coste de financiación, lo cual podría hacer aumentar el ya de por si abultado drenaje de recursos destinados al pago del servicio de la deuda.

Prohibición de despedir trabajadores cuando las empresas tienen beneficios.

Esta medida, de nuevo, necesita de mayor concreción. Si se trata de prohibir los ERE cuando el objetivo de la empresa es alcanzar mayores beneficios, parece una medida razonable y que tiene una instrumentación muy sencilla. Si se trata de prohibir cualquier despido excepto el disciplinario, su coste se sumaría al pasivo laboral de muchas empresas. Cabe destacar aquí también que el concepto de “beneficio empresarial” no es sino un concepto contable, y que muchas empresas podrían realizar las correspondientes manipulaciones para saltarse esta medida. Las grandes multinacionales que cotizan en mercados internacionales no tendrían problema en declarar pérdidas en España si eso les ahorra impuestos y les da la posibilidad de disponer de la libertad de despido. A fin de cuentas, Apple o Google no cotizan en el IBEX 35 y sus beneficios se miden a escala global, no país por país.

Renta ciudadana universal equivalente al Salario Mínimo Interprofesional.

De nuevo, existen experiencias, pero es necesario precisar exactamente de qué se está hablando. Si la Renta Ciudadana es adicional a otras rentas y universal para mayores de 16 años, su coste total sería de 303 mil millones de euros, esto es, el 30% del PIB. Suponiendo que se deducen de esa cantidad las cifras destinadas a otras transferencias sociales (fundamentalmente pensiones y prestaciones por desempleo), la cifra final sería de un 19% adicional del PIB, a todas luces inasumible. Si se sitúa como “mínimo vital”, esto es, como renta de garantía para aquellos que acrediten recibir una renta inferior –por ejemplo, una trabajadora a media jornada que reciba 400 euros mensuales recibiría del Estado 245 adicionales- la cifra se reduciría en gran medida. Teniendo en cuenta que en España el 20% de la población recibe menos de 8.051 euros, esto es, el equivalente aproximado al Salario Mínimo Interprofesional, y teniendo en cuenta que alrededor del 19% de la población mayor de 16 años percibe una renta per cápita inferior a esos 8051 euros, podríamos desarrollar una estimación del coste fiscal de la medida. Dado que la población Española mayor de 16 años es de 39 millones, y teniendo en cuenta la distribución por deciles de la renta, el coste máximo aproximado de la medida sería de unos 30.700 millones de euros, un 2,8% del PIB. Conviene señalar que esta medida podría reducir el nivel de desigualdad existente en España, pero no bastaría, por sí misma, para sacar de la pobreza relativa a la población, ya que umbral de la pobreza –cifrado en 9.300 euros para una persona individual y en 19.600 euros para una familia de dos miembros y dos menores, con alquiler imputado- se encuentra por encima del Salario Mínimo Interprofesional actual. Sin embargo, como detallaremos más adelante, para analizar el efecto final de esta medida habría que conocer el impacto total sobre el conjunto de la economía, para lo cual sería necesario tener acceso a complejas herramientas de modelización.

Determinación de salarios mínimos y máximos.

La subida del SMI tendría un efecto directo en la distribución de la renta, generaría cierta inflación –no preocupante en un momento de inflación negativa o nula- y probablemente estimularía la demanda. Más preocupante es la determinación de salarios máximos. La renta salarial es sólo una de las rentas posibles y altos salarios que superasen el máximo permitido por la ley se transformarían en otro tipo de rentas –de capital, vía acciones, por ejemplo- que, dada su complejidad fiscal y la mayor facilidad para eludir su tributación, difícilmente podrían ser controlables en un contexto de economía de mercado. Una alternativa podría ser la creación de una nueva estructura fiscal mucho más progresiva en los tipos marginales correspondientes a altas rentas. España tiene ya una de las tasas marginales superores más altas del mundo, pero el tipo efectivo es relativamente bajo comparado con otras sociedades. En este sentido, se podría actuar no prohibiendo –que es francamente difícil- pero sí gravando más que proporcionalmente las rentas más altas. Sin duda esta medida tendría efectos en el ahorro, pero permitiría incrementar los impuestos, una vez descontado el efecto deslocalizador del capital que probablemente tendría una medida de este tipo.

Nacionalización de sectores estratégicos.

Esta medida, contemplada en la Constitución de 1978, podría activarse con no pocos problemas, ya que la expropiación debe argumentarse muy detalladamente y el gobierno debe ser capaz de ofrecer argumentos económicos de peso para poder ser llevada a cabo. Dependiendo de los sectores, el gobierno debería determinar si quiere expropiar todas las acciones de una compañía o tomar posiciones de control a través de expropiaciones parciales y/o ofertas públicas de adquisición en el mercado. Esta medida se podría operar a través de la SEPI, y, contrariamente a lo que se pudiera pensar, no sería descabellada. Además de que todavía existen en Europa muchas empresas de titularidad pública, conviene que el lector conozca que parte de las acciones de las compañías del IBEX 35 –y de otras muchas firmas internacionales- están en manos de fondos soberanos, esto es, fondos de titularidad pública, que actúan en el mercado global como fondos de inversión. España podría constituir su propio fondo soberano y desde el mismo actuar sobre las compañías para tomar posiciones de control. El impacto en las cuentas públicas de estas participaciones sería ambivalente. De acuerdo con el manual de Eurostat, las acciones adquiridas por el Estado en compañías con objetivo de política pública deben ser consideradas déficit público. Sin embargo, la adquisición de acciones de compañías con mayoría privada son consideradas activo financiero y por lo tanto no computarían como déficit público. En este sentido sería conveniente mantener posiciones de control pero minoritarias, a través del mecanismo de la OPA, antes que utilizar expropiaciones. Una vía alternativa es paralizar el proceso de privatización de las entidades bancarias vinculadas al FROB y que estas entidades, todavía en control del Estado, consoliden en una entidad bancaria pública que permita invertir en el capital de aquellas compañías más estratégicas. Para tranquilidad del lector moderado, cabe señalar que nada impide que una compañía con participación pública cotice en el IBEX 35. Tal es el caso, por ejemplo, de Red Eléctrica de España (REE) o de, hasta hace poco, Bankia. No serían descartables serias dificultades por el lado de la legislación de la competencia, así como de adecuación a los compromisos fiscales que tienen en cuanta el impacto sobre el déficit structural."

#1343 Nooo no pongas gráficos que seguro que son mentira!! están manipulados!!

En la economía no existen modelos estadísticos que sirvan para explicar los sucesos macro-microeconómicos. Y eso lo sabe todo el mundo.