Tal y como avanzó hace ya varias semanas, el Partido Popular ha presentado en el Congreso una proposición no de ley (PDF) con la que busca acabar con el anonimato en las redes sociales. Objeto de una notable polémica entre juristas especializados en materia de privacidad y grupos como la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), este documento pretende según el portavoz del Grupo Popular en el Congreso Rafael Hernando "limitar el mal uso del anonimato en base a la experiencia".
De acuerdo con las palabras de Camacho, la redacción del texto comenzó después de que un usuario de Twitter espetara "a ti te tendría que haber encontrado 'La manada'" a la diputada Alicia Sánchez Camacho.
"Queremos que se cree un registro que sirva para prevenir este tipo de delitos, como ya se hizo para atajar el problema del anonimato en el ámbito de la telefonía [...] El anonimato total y absoluto en las redes sociales está siendo perjudicial para muchas personas. Queremos aumentar la transparencia y que detrás de cada cuenta haya un usuario identificado", ha declarado Hernando.
La propuesta del Grupo Popular ha sido calificada como un "ataque muy grave a Derechos Fundamentales, en particular a la libertad de expresión y la libertad ideológica" por la PDLI, que señala que dicha ley iría en contra del llamamiento de la ONU a proteger el anonimato en la red. La PDLI afirma en su comunicado de respuesta que dicha la propuesta no responde a una demanda social y que la justicia ya cuenta con los mecanismos necesarios para perseguir a las personas que cometen delitos a través de Internet.
Desde el bufet Almeida, que ha seguido el desarrollo de la propuesta desde el principio, se argumenta que dicha ley podría ser inconstitucional y se reitera la existencia de medios legales al alcance de jueces y policía para identificar a los ciberdelincuentes.
Para que la proposición no de ley pueda prosperar debe aprobarse primero en el Congreso de los diputados. Dado el actual desequilibrio de fuerzas en la cámara baja y la situación política española, el resultado de su tramitación resulta a priori difícil de prever.
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