El expresidente de la Diputación Valenciana es actualmente Alcalde de Ontinyent y ya ha dicho que no piensa dimitir como Alcalde de su pueblo.
La investigación judicial asume el criterio de la fiscalía anticorrupción respecto a los supuestos delitos de prevaricación y malversación cometidos en los nombramientos de esos altos directivos - basados en el clientelismo político o de conveniencia - y que habría generado un agujero financiero a esa empresa de 1.122.095,80 euros.
El auto propone investigar a un total de 15 personas. La investigación se remonta a la etapa de Rodríguez, entonces uno de los dirigentes socialistas de más proyección, al frente de la corporación provincial. En el auto se relata la múltiple designación de altos cargos en Divalterra pese a que estos carecían «de los necesarios poderes efectivos de dirección de la empresa». Contratos de alta dirección que conllevaron una desviación de fondos públicos «que de haber permanecido los puestos contratados a lo largo de la legislatura hubieran ascendido a una cantidad cercana a los 2 millones de euros».
