Veamos, hablo de un caso concreto.
La empresa Metrotenerife ( el tranvía) es una S.A con capital 100% público.
Llámadme purista pero ya el hecho de que un ente público (sea local sea autonomico) posea la titularidad de una mercantil y se acoja a la reglamentación privada me suscita grandes reservas.
Para empezar el hecho de que te puedan sancionar y los mismos revisores en el ejercicio de sus funciones sean considerados autoridad pública ( policía) ya me hace arder la sangre. Es decir estos tíos pueden multarte por viajar sin abono. Y si recurres lo haces por la vía administrativa. Aplican la ley ferroviaria y la de ordenación del transporte terrestre, leyes eminentemente estatales.
Ya esto me genera la duda de ¿Estamos ante un servicio público o no, si no es un servicio público sino un actividad privada, como es que articulan leyes estateles y se rigen por el procedimiento administrativo?
Si genera beneficios, ¿Cómo se reparten? Es decir si la titularidad del 100% del capital es público ¿Que sucede con los superavits? En qué se gastan?
Estoy muy enfadado, no entiendo estos híbridos. Me parece un nido de caciquismo y corrupción
Alguien me lo explica?
Es que no se puede hacer lo mismo sin recurrir a la iniciativa privada, y si me dices que inicialmente era privada y el cabildo decidió adquirir la totalidad para gestionarla pues entonces deberíamos hablar de una transformación. Estos terrenos son muy grixes.
Tu te imaginas tener un bar y al que te hace un simpa lo multas, no que te pague lo comido sino que lo sancionas. Y tienes a la administración para tramitar los posibles recursos y defenderte.
