La OLAF acusa a la Autoridad Portuaria de graves deficiencias en el control de la obra
El informe de la Oficina de Lucha contra el Fraude advierte de que pudo haber «connivencia» con UTE Dique Torres
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) tiene claro que la Autoridad Portuaria de Gijón es, en mayor o menor medida, responsable directa de las irregularidades que denuncia en su informe sobre las obras de ampliación del puerto de El Musel y, más concretamente, sobre el modificado del proyecto inicial para acometer los trabajos. Así lo explica en las recomendaciones enviadas por los investigadores anti fraude a las autoridades comunitarias y al Ministerio de Hacienda.
El informe explica que la adjudicataria de la ampliación de El Musel, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres, «denegó a la OLAF el acceso a sus registros contables relativos al proyecto», con lo que los investigadores no han podido analizar «la contabilidad relativa al coste». Pero es que los elementos y la información recogida por la OLAF durante la investigación «indican claramente que una serie de irregularidades y/o fraude han sido cometidos bien directamente por el beneficiario de la ayuda (Autoridad Portuaria de Gijón), bien por el adjudicatario de las obras (UTE Dique Torres) en connivencia con el beneficiario», asegura el informe.
Directivas de la UE
Tras realizar varios controles 'in situ', los investigadores aseguran que «varias irregularidades, incluso fraude, se han producido en la ejecución del proyecto». El informe asegura que «no han sido respetadas» las directivas de la UE y la legislación nacional en materia de contratación pública, lo que resulta una «violación de los principios de no discriminación y de transparencia».
Pero la OLAF ahonda en el desarrollo de los procesos de contratación y ejecución de las obras de ampliación del puerto de El Musel y el informe, que fue hecho público ayer por el senador de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca, manifiesta que «se han producido graves deficiencias en los sistemas de gestión y de control que debe llevar a cabo el beneficiario dirigidos a garantizar la legalidad, la regularidad y la elegibilidad de los gastos que son objeto de una solicitud de cofinanciación por el Fondo de Cohesión».
Uno de los aspectos resaltados en el informe de la OLAF es que, «contrariamente a lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas, es imposible determinar la cantidad de materiales que han sido empleados en las obras». El documento explica que solo se seleccionaba una muestra de vehículos para su pesaje, atribuyéndose al resto de camiones un peso medio en el transporte de materiales desde la canteras; se han detectado «falsas informaciones» de la UTE sobre el número de transportes de material efectuados, y «ciertos camiones» señalados por la adjudicataria como incluidos en los transportes de piedras no fueron identificados por las compañías subcontratadas como pertenecientes a sus flotas.
Las canteras
Otro asunto que resalta el informe es que el precio de los materiales suministrados por las canteras de Tudela Veguín «no se corresponde con el originalmente aprobado en el proyecto inicial. De hecho, no existió ninguna contraprestación económica directa por la extracción de los materiales originarios de estas canteras».
El documento de la OLAF considera, además, «inconsistente con la que fue aportada por el beneficiario» la información extraída de los informes contables de Tudela Veguín que indican que los trabajos de extracción de materiales de la cantera de La Hoya (Perecil, Carreño) comenzaron en 2005. Los investigadores indican que el contrato entre la UTE y Tudela Veguín para extraer «18 millones de toneladas de materiales de las canteras de ésta sin ningún tipo de contraprestación económica directa se firmó el 23 de junio de 2005, con anterioridad de más de un año a la firma del contrato trilateral entre el beneficiario (Autoridad Portuaria de Gijón), el licitador (UTE Dique Torres) y la empresa propietaria de la cantera de Aboño (Hidrocantábrico, S. A.) para la extracción de materiales de ésta última siendo el precio establecido de 7,30 euros por metro cúbico».
Hay que tener en cuenta que los investigadores recuerdan que el proyecto modificado de la ampliación de El Musel no fue aprobado por la Dirección General de Política Regional, de la Comisión Europea. Teniendo en cuenta que el proyecto no recibiría, por lo tanto, fondos comunitarios para cofinanciar ese modificado, desde la OLAF «no se comprende» que la Autoridad Portuaria de Gijón «haya aceptado un aumento de 250 millones de euros basado principalmente en el incremento del precio de los materiales mientras que, contrariamente, el licitador firmara un contrato para la extracción de materiales sin ninguna contraprestación económica directa de alrededor de 24 millones de toneladas de materiales, representando aproximadamente el 75% de todos los materiales empleados».
Es por ello, y porque «las autoridades nacionales no han realizado ningún control sobre las piedras facturas», por lo que la OLAF recomienda «la revocación de todas las cantidades declaradas como subvencionables», es decir, recuperar los 198 millones de euros ya pagados por el Fondo de Cohesión.
La OLAF remitió su informe tanto a la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea como a la Dirección General de Fonros Comunitarios, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Además, la Oficina Antifraude solicita a las administraciones comunitarias que cualquier actuación o decisión sobre este asunto se adopte «tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, en el plazo de un año» desde la remisión del documento, que está fechado el pasado 27 de febrero.
http://www.elcomercio.es/v/20140515/gijon/olaf-acusa-autoridad-portuaria-20140515.html
La OLAF que es el organismo encargado de la U.E. de investigar los desfalcos en las obras donde se dio una subvención, dice que en el puerto del Musel (Gijon-Asturias) se tienen que devolver entorno a 200 millones de Euros ya que se esta demostrando que los métodos de pago no eran los idóneos, creándose unos sobre costes y unas partidas que ahora se tienen que devolver.
