Euskadi quiere cambios rápidos y efectistas en las cárceles vascas una vez que empiece a gestionarlas a partir del 1 de octubre de 2021. Bajo la premisa de "lograr que la ciudadanía tenga una mayor satisfacción y mejor percepción con relación al sistema penitenciario y de ejecución penal" y tratando también de poner el acento en que esta competencia va mucho más allá que la situación de los presos de ETA (que representan el 3% de la población penitenciaria), tiene ya en mente proponer que automáticamente todas las condenas de menos de cinco años se inicien en tercer grado (semilibertad) y menos prisión provisional, que haya "módulos mixtos" en los presidios y más opciones de estudiar o que la política penitenciaria incluya "perspectiva de género".
Apenas 24 horas después de que los Gobiernos central y vasco firmaran en Bilbao la transferencia de Prisiones, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha entregado ya al Parlamento Vasco unas 'Bases para la implantación del modelo penitenciario' con un centenar de medidas para que "ya en una primera fase" la ciudadanía vasca "visualice" que "se ha producido" un cambio de manos en las cárceles y "que ello ha revertido en el bienestar de las personas privadas de libertad, ha mejorado la protección de los derechos e intereses de las víctimas y se ha conseguido una sociedad más segura, esto es, libre de más delitos". El documento solamente menciona a ETA en una ocasión y para remarcar que los condenados por terrorismo tendrán un tratamiento "sustancialmente idéntico" al del resto de penados.
El Gobierno, que ha fichado al juez Jaime Tapia para diseñar este nuevo modelo, quiere incidir en "impulsar un cambio de conciencia y perspectiva sobre las personas penadas" y en "infundir en la sociedad la comprensión de que las personas presas son ciudadanas como el resto". El plan apuesta con claridad por la reinserción y asegura que hay "datos empíricos" de que ese modelo "es la manera más eficaz de vivir con seguridad". Se desea "conseguir que un mayor número de personas privadas de libertad cumplan sus condenas en un régimen de semilibertad" y fomentar también las penas alternativas a prisión -colapsadas por la pandemia en Euskadi- acompañándolas de una política de comunicación y "pedagogía" que muestre que no hay "impunidad" en ese tipo de modelos. Se apunta como ejemplo el programa Gakoa, "que ha demostrado su éxito al trabajar con condenados por delitos de violencia de género con una perspectiva feminista".
Como aspectos concretos se cita la posibilidad de que la prisión provisional pueda ser cumplida en el domicilio. Se menciona el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para abrir esa puerta pero, en principio, únicamente lo prevé así para personas con "graves" problemas de salud. Se apunta, además, a que se harán "informes de reinserción previos a la ejecución" de la condena (los denomina "informes presentencia") para que el preso cuente con un itinerario claro antes de llegar a la cárcel y que no se interpreten esos pasos como simples beneficios penitenciarios. En ese sentido, se aboga por la "pedagogía" con jueces, fiscales, abogados y operadores jurídicos, así como por la colaboración máxima con entidades sociales para lograr estos objetivos. También se alude a que la no progresión a regímenes abiertos "habrá de justificarse" o incluso a que "inicialmente" los condenados con penas de hasta cinco años pasarían al tercer grado, con un "régimen de semilibertad en secciones abiertas". Se menciona que los mayores de 70 años deberán ser objeto de un tratamiento específico. Desde la perspectiva de las víctimas, la otra cara de la reinserción es el reconocimiento del daño causado por los delitos cometidos y se apunta como indicador de ello la asunción de las responsabilidades civiles derivadas de las condenas penales. Se menciona en varios momentos del informe la justicia "restaurativa", un modelo que alcanzó notoriedad precisamente cuando en la cárcel de Nanclares de la Oca se empezaron a encontrar presos de ETA arrepentidos y víctimas.
Se busca también "analizar el dimensionamiento de la plantilla para establecer un ratio adecuado de funcionarios en función de la población reclusa" -no se precisa si faltan o sobran trabajadores- y una paulatina euskaldunización de este personal. Igualmente, se aboga por modificar la composición de las juntas de tratamiento, con personal sanitario o incluso "extrapenitenciario". Estos órganos son los que evalúan las progresiones de grado de los internos. De cara a los derechos de los presos, se busca mejorar sus "comunicaciones" con el exterior y garantizar su acceso a la confesión religiosa que profesen. Se elaborarán, igualmente, convenios con centros de Formación Profesional y con las universidades públicas en un inicio (UPV/EHU y UNED) para que dispongan de un catálogo de títulos en euskara y castellano para mejorar su formación y "empleabilidad", lo que redundará en mayores facilidades de reinserción social.
https://www.eldiario.es/euskadi/euskadi-define-modelo-prisiones-entrar-carcel-penas-cinco-anos-modulos-mixtos_1_7922639.html
Me parece más interesante debatir sobre todo esto que estar con vociferando por lo que pone en #1
