Quiere refuerzo de fronteras sin "cuotas" para los Estados
La Unión Europea se ha resignado. No habrá, en principio, solidaridad propiamente dicha en lo que a política migratoria se refiere, ha presentado su plan de reforma de la política de migración y asilo con algunos cambios importantes, pero sin algunos de los esperados. La apuesta es clara: reforzar las fronteras y eliminar las cuotas obligatorias de acogida de refugiados para los Estados miembros. Además, apuesta por "agilizar" las expulsiones de quienes no logren el estatus de refugiados.
"Ningún Estado miembro vive la migración del mismo modo y afrontan retos diferentes y únicos que deben ser reconocidos, entendidos y afrontados", explicó el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, que calificó la propuesta como una opción que une "solidaridad con responsabilidad". La idea, según la comisaria de Interior, Ylva Johansson, es que los procedimientos sean "rápidos y justos" evitando los bloqueos "de algunos casos" que se han vuelto a ver tras el incendio en Moria.
El cambio mencionado por Ursula von der Leyen durante el debate sobre el estado de la Unión se queda a medias. La presidenta de la Comisión Europea avisó de que se iba a eliminar el reglamento de Dublín. Este documento refleja que toda la responsabilidad de la tramitación y acogida del inmigrante recae sobre el país de entrada. Eso, en la propuesta actual, finalmente no cambia.
Esa acogida en lugar de hacerse estableciendo cuotas, será "voluntaria". En la posición de la Comisión -que tendrá que defenderla ante los 27- se incluyen las llamadas "contribuciones flexibles". Básicamente, el proyecto se sustenta en que los países que tengan mayor presión migratoria tengan que 'esperar' a la mano tendida del resto, que podría participar no solo en el realojo, sino también asumiendo la deportación llegado el caso.
La Comisión avisa de que será necesario reforzar la cooperación con los países terceros "desde los que llegan de manera irregular los migrantes para que estos puedan ser deportados de manera más ágil", pero también para ofrecer vías legales de entrada y "luchar con más firmeza contra las mafias que trafican con personas".
Las reacciones de los partidos no tardaron en llegar. Los socialistas españoles en el Parlamento Europeo han fijado su posición y aseguran que la propuesta es "un punto de partida" que era "urgente y necesario", pero piden "concretar". Saben por dónde tienen que empezar los matices. "Los retornos y el blindaje de fronteras no pueden ser dos de los pilares fundamentales" de la nueva política. "La solidaridad vinculante entre los Estados miembros, que ordena el Tratado de Lisboa debe ser uno de los ejes", terminan.
Decepción en las ONG
Las ONG han acogido con mucha decepción este paso dado por la Comisión Europea. "En su intento por lograr el consenso, la Comisión ha cedido a la presión de los Gobiernos de la UE que solo tienen por objetivo reducir el número de personas a las que se concede protección en Europa", ha lamentado la responsable de Oxfam para Europa, Marissa Ryan.
Ryan teme que la propuesta reproduzca con variaciones los "abominables" centros de detención diseñados para identificar a los demandantes de asilo a su llegada a Grecia e Italia en la crisis de 2015, los llamados "puntos calientes" y critica también que se permita a los gobiernos cambiar la acogida por el patrocinio de las expulsiones.
Desde Caritas Europa, por su parte, su secretaria general Maria Nyman, ha alertado del riesgo de que los nuevos procedimientos para agilizar las deportaciones "conduzca a devoluciones en caliente y aumenten las detenciones" de migrantes.
