La retribución económica de los temporeros ha mejorado en los últimos 25 años, pero los sindicatos denuncian que no es suficiente. La mayoría de trabajadores cobran por debajo de convenio, incluso los que tienen los papeles.
Souleymane llegó a España hace 20 años desde Ghana, igual que la madre de los famosos hermanos Williams, pero él ha tenido menos suerte. Desde entonces enlaza trabajos de temporero en el campo español. En julio y agosto es habitual que se traslade a la provincia de Lleida para la temporada de recolección de fruta, aunque dice que prefiere los inviernos en Soria porque prefiere trabajar con frío que con calor. En Lleida, en verano, se superan los 40 grados y ya lleva 20 temporadas. En el año 2000, poco antes de que Souleymane llegara a España, el salario básico de una jornada de temporero en el campo español era de 20,19 euros al día, según consta en la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el exministro de Trabajo, el popular Manuel Pimentel.
Hoy, dos décadas más tarde y según consta en el Convenio Colectivo Agropecuario, que regula este tipo de trabajo en el campo, el precio que cobra un temporero es de 8,08 euros la hora y 64,72 euros al día. Pese a lo que dice la ley, lo cierto es que la mayoría de los trabajadores del campo cobran menos, incluso con todos los papeles en regla.
Aunque evidentemente la retribución económica de los temporeros ha mejorado en los últimos 25 años, los sindicatos denuncian que no es suficiente. Desde 2020, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha subido cuatro veces, mientras que las tablas del convenio agropecuario se han quedado congeladas, lo que coloca a todos los grupos profesionales recogidos en dicho acuerdo por debajo de los 1.134 euros que estipula la ley.
Pero si la mejora salarial ha sido insuficiente, las condiciones de vida de los temporeros se han quedado ancladas en el pasado. Souleymane cobra ligeramente más que la primera vez que vino. Pero, cuando acaba la jornada, sus condiciones de vida dejan mucho que desear. Vive en un asentamiento en un pueblo de la provincia hecho con trozos de madera y puertas que han encontrado en la calle o que algunos vecinos les han entregado. Eso no ha cambiado. A solo 10 minutos en coche de la ciudad de Lleida, entre los campos de peras, descubrimos a una quincena de temporeros instalados en una granja de cerdos abandonada. Los trabajadores del campo han intentado mantener el asentamiento oculto por temor a que los desalojen, pero los sindicatos han conseguido encontrarlo para intentar ayudar. "Estamos haciendo trabajo de ONG", explica Antonio Rodríguez, de UGT-FICA en las Tierras de Lleida.
Según un estudio de la Universidad de Lleida, en 2021, cerca del 11% de los temporeros vivían en este tipo de asentamientos, cifra que subía hasta el 25% cuando se trataba de personas en situación irregular. Ante esta realidad desalentadora, Antonio ha incorporado a su rutina labores que no siempre coinciden con las de un sindicato. "¿Cómo vamos a pedirles que se sindicalicen cuando no tienen ni dónde dormir?", se pregunta Rodríguez. Una o dos veces a la semana, los trabajadores de UGT acuden a los diferentes asentamientos con comida y productos de higiene personal para los temporeros, que les agradecen profundamente la ayuda, e intentan asesorarlos sobre sus condiciones laborales.
Buscar trabajo a contrarreloj
Los meses de julio y agosto acumulan la mayor afluencia de temporeros en la comarca de Lleida. Se necesitan 30.000 trabajadores para cubrir la temporada de la fruta y muchos llegan a la capital sin contrato de trabajo ni papeles porque es lo más fácil. Aunque ninguno trabaja en la ciudad, el problema se traslada a sus calles. Ante la llegada masiva de trabajadores, el Ayuntamiento ha decidido facilitar espacios para poder alojarlos. En concreto, cien camas en uno de los pabellones de la Feria de Lleida. Camastros colocados en filas, sin ningún tipo de intimidad, duchas en módulos, una consigna y una cafetería. Las instalaciones solo se pueden usar entre las seis de la tarde y las ocho de la mañana, por lo que los temporeros no pueden usarlas a las horas del mediodía cuando el sol calienta las calles de la ciudad por encima de los 40 grados. Para evitar la terrible canícula, una de las soluciones que han encontrado es refugiarse bajo la sombra de los árboles de alrededor del castillo. Así es habitual encontrar a personas que vuelven de trabajar en el campo y deciden tumbarse con un cartón en el césped para descansar a la sombra, imagen que desagrada a los ciudadanos autóctonos.
Aunque las duchas y las consignas las pueden usar los trabajadores durante todo el verano, las camas en las que duermen tienen fecha de caducidad. El Ayuntamiento les da siete días para encontrar un trabajo y un alojamiento alternativo, si no vuelven a dormir en la calle. Desde los sindicatos son críticos con esta política: "Lo hacen para que no se acomoden. Si no prosperas, te vas". Incluso aquí el consistorio, en un acto de falsa heroicidad, les ofrece pisos compartidos. Cualquiera podría pensar que, ante un problema tan grave de vivienda, los trabajadores estarían encantados con esta oferta. Solo tiene un pequeño problema. Para entrar en estas viviendas, los temporeros deben pagar una fianza de cien euros y otros cinco por cada noche. Desde UGT reprochan esta propuesta, que, además, incumple el convenio colectivo agropecuario que obliga a los payeses a dar alojamiento a los trabajadores que estén empadronados a más de 75 kilómetros de su puesto de trabajo. "Hay gente que viene con 20 euros debajo del brazo, si no tienen para comer, ¿cómo van a pagar un piso?", alerta Antonio Rodríguez.
Fuentes oficiosas del Ayuntamiento explican que en el pabellón se encuentran personas que no saben que han firmado papeles en los que renuncian a su derecho a tener un alojamiento o incluso confirmando que viven en Lleida, cuando no es cierto. También denuncian una organización caótica en la que la falta personal se hace más que patente. Faltan más trabajadores sociales, mediadores y traductores, puesto que muchas personas no entienden español: "Cada año estamos igual, parece que sea la primera campaña de la fruta", explican. En el caso de las mujeres, minoría entre los temporeros, la situación no es mejor. El Ayuntamiento no les permite que duerman en el mismo pabellón que los hombres y les deja residir en los pisos compartidos durante siete días de forma gratuita porque lo cierto es que no pueden garantizar su seguridad.
Sueldos legales por debajo del SMI
Es tal el nivel de precarización en el campo de Lleida, que incluso aquellos que cumplen el convenio a rajatabla y tienen la suerte de seguir todas las condiciones legales, siguen sin llegar al SMI. Esta situación se da porque desde 2020 la negociación del convenio colectivo se encuentra bloqueada y las tablas salariales están congeladas. En cuatro años, el SMI ha subido un total de cuatro veces y ha dejado a los siete grupos profesionales del convenio agropecuario por debajo de los 1.134 euros al mes. Según UGT, este bloqueo se da porque las patronales exigen que se elimine el plus de antigüedad, es decir, que puedan cobrar más dinero si los temporeros repiten al año siguiente. "No pueden pedir que para llegar al mínimo legal, que es el SMI, tengas que renunciar a un derecho", explica Alicia Buil, secretaria del sector agroalimentario de UGT.
Además, denuncian que se trata de un incumplimiento, muchas veces enmascarado. Aunque las nóminas de los temporeros con contrato parecen perfectas, pocas veces reflejan la realidad. Personas que trabajan 26 días al mes y en la nómina constan solo 12 u horas extras sin cobrar, son circunstancias que se repiten muy a menudo, explica Buil. Para frenar los incumplimientos generalizados, UGT propone una declaración responsable por parte de los payeses que tengan que decir cuánta gente necesitan y por cuántas horas antes de empezar la temporada. Iniciativa que las patronales rechazan porque, según dicen, es difícil de prever, aunque se trata de cálculos parecidos a los necesarios para cobrar subvenciones o el seguro agrario cuando ocurre una desgracia. "Cada vez hay más plantaciones y más hectáreas, es un sector rentable, aunque los empresarios se empeñen en negarlo", sentencia Alicia Buil.
