El Gobierno ha presentado este lunes a patronales y sindicatos una propuesta formal para reducir la jornada laboral de 40 horas a 37,5 horas semanales como máximo, en la que incluye el refuerzo del sistema de registro horario -para asegurarse de que se cumplen las horas de trabajo en las empresas- y, como novedad, el derecho a la desconexión de los trabajadores, lo que se traducirá en sanciones para las empresas que penalicen a los empleados que no atiendan a la empresa fuera de su horario.
"Los trabajadores no tienen por qué atender un whatsapp de su jefe o una llamada del encargado cuando han dejado de trabajar. Obviamente si el trabajador sufre una represalia como consecuencia de ejercer un derecho, eso conlleva sanciones", ha señalado Joaquín Pérez-Rey, secretario de Estado de Empleo al término de la reunión con UGT, CCOO, CEOE y Cepyme (la última hasta septiembre) en la sede del Ministerio.
El portavoz del departamento que dirige Yolanda Díaz ha asegurado que en la reunión ha habido un "tono positivo" y que las patronales se han comprometido a estudiar la propuesta del Gobierno durante el verano. "He notado un tono muy constructivo y el compromiso de estudiar seriamente la propuesta para poder tener a la vuelta de vacaciones una opinión más firme de la CEOE, que está en la mesa y atendiendo las propuestas del Gobierno. Ha habido un intento constructivo de todas las partes de alcanzar un acuerdo que esperamos que se consiga en septiembre. Están los mimbres para llegar a un acuerdo", ha asegurado.
La baza del Ejecutivo para conseguir que las patronales estén en el acuerdo es ofrecer cierta flexibilidad para aplicar la reducción de la jornada, por ejemplo con plazos más largos de los inicialmente previstos -que contemplaban reducir la jornada ya a 38,5 horas este año y a 37,5 a partir de enero de 2025-. Los sindicatos están dispuestos a transitar por esa flexibilidad "si la patronal negocia de buena fe", según han dicho los portavoces de CCOO y UGT este lunes.
Han precisado, no obstante, que aunque pueden ser flexibles en la transitoriedad no están por la labor de aceptar un aplazamiento en la entrada en vigor de la medida para ningún sector más allá de 2025. "Podemos ser flexibles pero no vamos a aceptar aplazamientos, no queremos llevar a ningún sector a 2026 o 2027 porque nos parecería discriminatorio", ha señalado Fernando Luján, vicesecretario de política sindical de UGT. Su homólogo de CCOO ha confirmado que no van a esperar a que finalice ningún convenio colectivo para que la reducción de la jornada se aplique en el siguiente.