“No me extraña ni me preocupa!”, escribió Morales en X sin referirse directamente a la acusación. “Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. No tengo miedo! No me callarán!”, subrayó. Según los voceros del expresidente, el Gobierno de Luis Arce lo está persiguiendo judicialmente y quiere detenerlo para resolver de este modo la dura disputa que ambos líderes izquierdistas protagonizan desde 2022 por el control de la izquierda boliviana. Están en curso otras dos investigaciones judiciales contra el expresidente, también impulsadas por el oficialismo “arcista”.
La de estupro es la causa más seria contra Morales. El presidente pidió que la investigación sea declarada “en reserva”, ya que “hay un menor de por medio” y “una familia que respetar”. Los nombres de la presunta víctima y sus padres, así como del certificado de nacimiento del supuesto hijo del expresidente, ya circulan en las redes sociales. No ha se ha conocido ninguna denuncia directa de la presunta víctima.
En la misma declaración, Arce ha prometido que su Gobierno no usará políticamente un “caso tan delicado”. Varios ministros de su Gabinete han exigido a la justicia que avance con premura.
Según sus allegados, el expresidente Evo Morales se encuentra en algún lugar del Chapare, la región de cocales del país, que es su hogar y su bastión político. Allí se halla rodeado de sus leales compañeros de muchas luchas sociales y políticas. No existe ninguna orden de detención en su contra, porque sus abogados interpusieron un recurso judicial para suspender la que ya existía. Lanchipa sugirió que esto había ocurrido por los yerros de la subordinada que apartó del caso y despidió.
No es la primera vez en la que Evo Morales es blanco de una acusación como esta. En 2016, cuando era presidente del país, se reveló que había tenido una relación con Gabriela Zapata, gerente de una contratista del Gobierno. La mujer afirmaba entonces que había tenido un hijo con Morales cuando ella todavía era menor de edad. Su expareja le exigió presentar al hijo ante la justicia, lo que no pudo hacer. En cambio, llevó ante una jueza a un niño sustituto. Un tribunal de familia declaró que el hijo de la pareja nunca había existido. La mujer pasó seis años en prisión por enriquecimiento ilícito. En cambio, fue sobreseída en un juicio por “trata de menores” que planteó la fiscalía por supuestamente haber contratado al niño sustituto. Tras su liberación, insistía en que el hijo si nació y le había sido arrebatado por el padre. Morales no volvió a hablar de su expareja.
En julio de 2020, cuando el líder izquierdista se encontraba exiliado en Argentina, el Gobierno de Jeanine Añez hizo detener a una chica de 19 años y le quitó el celular. Luego, el ministro de Gobierno de entonces, Arturo Murillo, publicó los mensajes que la mujer le enviaba a Morales. Además, afirmó que su relación había comenzado cuando ella todavía era menor de edad. Murillo no pudo procesar al expresidente porque su supuesta pareja se negó a denunciarlo.
En Bolivia, el delito de estupro, es decir, la relación consentida de un adulto y un menor de edad, es un delito de orden privado, lo que significa que, para que un proceso se active, se requiere obligadamente de la denuncia de la víctima o de sus padres. El presidente Arce quiso cambiar esta figura anticuada y, a principios de 2023, presentó un proyecto de ley para eliminar el tipo de estupro del Código Penal y considerar este tipo de relaciones como una forma de abuso sexual. En ese momento el partido de Morales y Arce, el Movimiento al Socialismo, ya comenzaba a dividirse, así que la ley se leyó en clave política y fue rechazada por la mayoría de los parlamentarios.
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