Extremadura es la comunidad autónoma que tiene el mayor número de empleados públicos en relación con el total de trabajadores. La cifra ascendía en enero a 87.713, sobre un total de 337.800, lo que supone un 26%. Por el contrario, la autonomía que acoge el menor número de funcionarios es Cataluña, con un 11%.
En España, un 15% del total de los trabajadores son funcionarios. Resulta especialmente llamativo el caso de Extremadura, donde la cifra de empleados en la Administración pública asciende a 87.713, sobre un total de 337.800 trabajadores. Este dato supone un porcentaje del 26%, que sobrepasa en casi el doble a la media nacional. El mayor número se concentra en la Administración autonómica, donde la cifra asciende a 46.484 empleados, es decir, un 53% con respecto al total de los funcionarios extremeños. ¿A qué obedece esta fuerte concentración? Los expertos consultados por CincoDías apuntan a la falta de tejido productivo y de empleo privado en esa comunidad, por lo que un gran número de ciudadanos ha optado por el empleo público como la única vía para ocuparse.
La última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al segundo trimestre de este año, así lo constata. La tasa de paro en Extremadura se elevó al 33,69% de la población activa, la segunda más elevada, tan solo por debajo de Andalucía, con un 35,79%.
Precisamente, esta autonomía ocupa el segundo lugar entre las que tienen más empleados públicos en nómina. En total, más de dos millones de trabajadores, de los que 470.426 desempeñan un cargo en la Administración pública, lo que supone un 18,2%, también por encima de la media de todas las comunidades autónomas. En este caso también destaca la ocupación en la Administración autonómica, con 238.909 funcionarios, un 50,7% con respecto al total de la Administración.
Se trata de un fenómeno que se repite en el caso de Andalucía y de Extremadura y que responde al escaso control que las comunidades han ejercido sobre el número de empleados públicos en sus plantillas. En el resgistro de personal al servicio de las administraciones públicas se puede comprobar cómo el 80% del incremento del número de funcionarios entre los años 2004 y 2013 se ha debido al aumento del número de empleados públicos autonómicos.
Un crecimiento que resultaba soportable en épocas de bonanza, pero que se ha vuelto una losa para las cuentas públicas en una coyuntura como la actual en la que todas las comunidades registran números rojos y muchas de ellas requieren asistencia financiera por parte del Estado. Y Extremadura es un buen ejemplo de la factura que tienen que pagar las regiones por sus empleados públicos. En concreto, la autonomía presidida por José Antonio Monago, que tiene mayor número de funcionarios, destinó 4.714 millones de euros a los gastos originados por su Administración, de los que 2.045 se emplearon para pagar el salario de sus empleados, lo que supone un 43% del total del gasto regional. En total, las comunidades autónomas asumieron un gasto de 186.474 millones de euros en 2012, de los que 69.928 (un 38%) se destinó al pago de salarios.
Por encima incluso de Extremadura figuran otras tres comunidades autónomas (Murcia, País Vasco y Castilla-La Mancha), en las que las retribuciones de los empleados públicos en relación con el total del gasto es aún mayor. La región de Murcia es la que encabeza la lista, con un 45%, seguida por País Vasco, también con un 45%, y Castilla-La Mancha, con un 44%. Especialmente significativo es el caso de esta última comunidad autónoma, cuyo déficit ha bajado en tan solo un año del 7,87% al 1,56% del PIB regional, lo que supuso un ajuste de 565 millones de euros. Buena parte de ese descenso fue a parar a las espaldas de los empleados públicos, que sufrieron recortes en las pagas extraordinarias, aumentos de jornadas lectivas y supresión de complementos.
Fuera de esta comprometida situación se encuentran aquellas autonomías en las que el número de empleados públicos y el gasto que comportan es sensiblemente inferior. Un buen ejemplo es Cataluña, la comunidad con menos funcionarios sobre el total de ocupados (un 11% del total, por debajo de la mitad de la media nacional). Pese a ello, la comunidad catalana es la que más gasta en términos absolutos (10.500 millones de euros), lo que le va a obligar a suprimir este año, tal y como hizo en 2012, una paga extra a 190.000 funcionarios autonómicos. Tan sólo quedan exonerados aquellos que cobren menos de 18.000 euros.
¿Es esta la España que nos deja Juan Carlos?
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