Más de 9.000 jóvenes extranjeros obtienen papeles gracias al cambio del reglamento de la ley de Extranjería
Más de 9.300 jóvenes inmigrantes que llegaron solos a España cuando eran menores de edad han conseguido autorizaciones de residencia y trabajo gracias a la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería aprobada el pasado mes de octubre. El cambio normativo, que fue impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, facilitó que los menores extranjeros de 16 y 17 años tuviesen permisos para trabajar y redujo los requisitos burocráticos y económicos que se exigían para que los que cumplían la mayoría de edad obtuviesen o renovasen sus papeles para vivir y trabajar legalmente en España. Entre los 9.300 nuevas autorizaciones de residencia y trabajo, más de 3.500 son de menores. Hay otros 1.200 expedientes en tramitación.
El ministro José Luis Escrivá ha presentado este viernes el balance de la reforma, que le llevó casi un año sacar adelante por el propio debate interno que alimentó. El Ministerio del Interior, que argumentó que facilitar la vida de este colectivo podría motivar a otros miles de jóvenes a venir España, fue el que más resistencias planteó y la negociación entre ambos departamentos lastró la medida durante meses. Ahora, seis meses después de su aplicación, en los que no se ha identificado un aumento de menores extranjeros solos en España, Escrivá aplaude su medida. “Una reforma beneficiosa desde el punto de vista humanitario y los derechos, pero también desde el punto de vista del mercado de trabajo donde hay necesidades conocidas”, ha celebrado.
La reforma se planteó para beneficiar a unos 7.000 menores y 8.000 jóvenes, 15.000 personas en total, así que, según las cifras presentadas por el ministro, casi un 60% de ese colectivo ya tiene los papeles gracias a las nuevas normas. En el caso de los jóvenes extutelados, casi 6.000 beneficiados, ya son cuatro de cada cinco los que tienen permiso de trabajo. Estas cifras son un hito, porque el permiso más habitual entre los que cumplían la mayoría de edad era una autorización no lucrativa que no permitía trabajar. Los requisitos para obtenerla, renovarla o cambiarla por una con posibilidades de emplearse eran una auténtica barrera para personas con recursos muy limitados. Por ejemplo, una de las exigencias para renovar la autorización de aquellos que un día fueron menores extranjeros no acompañados era contar con recursos propios mensuales equivalentes al 400% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM): es decir, 2.151 euros. La alternativa era la clandestinidad.
El cruce de datos con Seguridad Social muestra que estos jóvenes se han incorporado muy rápido al mercado de trabajo y en qué sectores obtuvieron sus primeros contratos. El pasado mes de marzo ya había 4.599 menores y jóvenes extutelados empleados, casi el doble de los que había en junio de 2021, antes de que se pusiese en marcha la reforma. La mayoría, en torno a una cuarta parte, trabaja en la hostelería, y no en la agricultura, el sector que hasta ahora era mayoritario. El campo se sitúa ahora en segundo lugar, seguido del comercio, las manufacturas y as construcción. Hay también cientos de chavales trabajando en actividades administrativas, sanitarias, transporte o en la administración pública.
