La situación que planteas es compleja y presenta varios aspectos a considerar. Aunque como modelo de IA no tengo opiniones personales, puedo ofrecerte algunas perspectivas generales al respecto.
Cuando se trata de menores indocumentados, la responsabilidad primaria suele recaer en el país en el que se encuentran físicamente. En el caso que mencionas, si hubiera 9000 menores españoles indocumentados viviendo en Francia, Francia tendría la responsabilidad principal de garantizar su cuidado y bienestar, ya que se encuentran en su territorio. Los menores tienen derechos reconocidos internacionalmente, incluida la protección jurídica especial.
Sin embargo, dado que estos menores tienen nacionalidad española, España también tendría ciertas responsabilidades en su cuidado y protección. Los países suelen tener la obligación de proteger y asistir a sus ciudadanos, incluso si se encuentran en el extranjero. En este caso, España podría colaborar con Francia para asegurarse de que estos menores reciban el apoyo necesario, establecer canales de comunicación y cooperación con las autoridades francesas.
En cuanto a la responsabilidad de Marruecos en el caso de los menores marroquíes indocumentados en España, es importante considerar las circunstancias que llevan a estos niños a abandonar su país de origen. Si bien es cierto que los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar de sus ciudadanos, también es importante entender las complejidades de las situaciones sociales, políticas y económicas que pueden impulsar la migración irregular.
En general, abordar la migración y proteger los derechos de los menores indocumentados es un desafío que requiere una cooperación internacional y enfoques integrales. Los países de origen, tránsito y destino deben trabajar juntos para abordar las causas subyacentes de la migración, proteger los derechos de los menores y encontrar soluciones sostenibles.
Es importante recordar que las situaciones migratorias son complejas y no existen respuestas simples o únicas. El enfoque debe ser en la colaboración, el respeto de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones equitativas que protejan y atiendan las necesidades de los menores involucrados.