Es algo que lleva sonando en BCN desde hace años, la verdad, por lo visto canta bastante.
La Fiscalía ha abierto una investigación por una denuncia que acusa a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y a otros responsables municipales por conceder 3,4 millones de euros en subvenciones supuestamente irregulares a entidades afines en que colaboraron antes de saltar a la política.
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto diligencias de investigación al admitir a trámite la denuncia que Abogados Catalanes por la Constitución ha interpuesto contra Colau, la exconcejal de Ciutat Vella Gala Pin, la exconcejal Laia Ortiz, la asesora municipal de Vivienda Vanesa Valiño, la teniente de alcalde Laura Pérez y la directora del Observatorio DESC, Irene Escorihuela.
La denuncia, por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, apunta a la "reiterada y presuntamente injustificada" concesión por parte del Ayuntamiento de Barcelona de subvenciones al Observatorio DESC, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) o Ingenieros sin Fronteras (ESF).
La entidad Abogados Catalanes por la Constitución subraya en su escrito que tanto Colau como el resto de denunciados han mantenido "estrechos lazos personales y profesionales" con estas entidades antes de ocupar sus cargos.
Pone como ejemplo que Colau, el portavoz de los Comunes en el Congreso, Jaume Asens, y el miembro de la Mesa del Congreso Gerardo Pisarello trabajaron o colaboraron hasta su salto en la política con el Observatorio DESC, que ha sido receptor de 1,2 millones de euros por parte del consistorio barcelonés.
