Cataluña busca frenar "el incivismo de los propietarios de perros" ante el elevado número de quejas vecinales por la presencia de excrementos caninos en la vía pública. Varios ayuntamientos han apostado por métodos científicos para paliar este problema: harán test de ADN a las mascotas para incidir en suprimir las conductas incívicas.
Según informa La Vanguardia, Parets del Vallès, Tordera, la Seu d’Urgell, Vilanova del Camí, Campdevànol, Ribes de Freser, Les Franqueses, Martorell, Arenys de Munt, Caldes de MontbuiCerdanyola o Ripollet son algunos de los municipios que han creado un censo de perros con identificación genética. Los animales censados entran a formar parte de una base de datos de propiedad municipal.
Después de ser registradas en el censo obligatorio, las mascotas reciben una chapa con un código QR para una identificación rápida y facilitar su ubicación en caso de extravío. Además, este código proporciona acceso al perfil genético del animal, lo que permite identificar a los propietarios que no recojan sus desechos y aplicarles las sanciones correspondientes. Los veterinarios advierten sobre los riesgos sanitarios asociados con dejar los excrementos en espacios públicos, ya que pueden contener toxocara, un parásito intestinal canino que puede provocar enfermedades graves en los humanos, incluyendo ceguera y tumores.
Los operarios municipales encargados de recoger las heces disponen ahora de un aplicativo que registra la hora y la geolocalización del hallazgo. Si la muestra no genera ninguna coincidencia en la base de datos, el sistema emite un retrato robot del "perro infractor" a través del ADN: sexo, tamaño, color de la capa del pelo o la forma del cráneo. Con estos datos, los ayuntamientos pueden delimitar y reducir el ámbito de búsqueda.
Parets del Vallès, en la provincia de Barcelona, fue el primer Ayuntamiento en implantar el censo obligatorio de ADN de perros en 2016, y ya han doblado el número de inscripciones hasta llegar a los 1.400 canes. En aquellos municipios donde la base de datos genética es obligatoria, en un 45% de los casos se ha logrado localizar al propietario incívico. La sanción por no recoger las deposiciones varía según el municipio y oscila entre los 300 euros y los mil euros.
