El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado, por unanimidad, los dos ejes fundamentales del anteproyecto de ley de garantía de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación.
El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado este jueves su informe sobre el texto del Ministerio de Igualdad para reformar la tipificación de los delitos sexuales, un dictamen crítico —pero no vinculante— que llega tras cuatro meses de deliberaciones y se opone al espíritu de la norma.
Foto: La ministra de Igualdad, Irene Montero.
El pleno del CGPJ ha respaldado la propuesta elaborada por los magistrados Roser Bach, Pilar Sepúlveda y José Manuel Fernández (encuadradas las dos primeras en el considerado sector progresista y el tercero, en el conservador). Su dictamen sobre la ley del 'solo sí es sí' estima que la obligación de que el consentimiento sea expreso, concluyente e inequívoco por parte de la víctima de delitos sexuales puede comportar una "inversión de la carga de la prueba".
El anteproyecto indica que "se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto".
"Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos"
El problema, alertaban los vocales del CGPJ, no es conceptual, sino de prueba: "Se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia". Además, a su juicio, no se evitará con esa definición la denominada "victimización secundaria", ya que los interrogatorios girarán sobre el modo en que la víctima suele prestar su consentimiento sexual, para determinar que en el caso en cuestión lo hubo.
El segundo aspecto clave de la ley, la eliminación de la distinción entre abuso y violación —que está en el origen de la norma tras las protestas por las primeras sentencias de La Manada— tampoco ha sido vista con buenos ojos por los jueces.
Foto: El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
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En el anteproyecto se opta también por eliminar el delito de abuso sexual y crear una categoría única de agresión sexual para evitar que fuera considerada abuso una violación en la que no se lograra probar la existencia de violencia o intimidación. Los ponentes creen que eliminar el delito de abuso sexual puede perjudicar a la víctima y derivar en desprotección, al no castigar con mayor pena a quienes cometan actos más graves.
Para evitarlo, proponen crear una modalidad agravada de agresión, con violencia o amenazas, en la que se imponga la pena en su mitad superior. A pesar de este dictamen desfavorable, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró este martes en el Senado que la ley saldrá adelante y fuentes de su Ministerio calculan que la norma podría estar lista en mes y medio, unos plazos que frustran el deseo de Montero de que el proyecto fuera aprobado cerca del 8 de marzo, Día de la Mujer. Tras el informe del CGPJ, que se suma a los del Consejo Económico y Social y del Consejo Fiscal, el anteproyecto debe ser evaluado asimismo por el Consejo de Estado antes de volver al Consejo de Ministros, último paso antes de llegar al Parlamento en forma de proyecto de ley.
Otro de los síntomas de la falta democrática que vivimos en este país, donde el partido del pueblo no puede operar con total libertad para legislar sin que las cloacas del opresor estado patriarcal les permita poder cambiar nuestras vidas para mejor 
