MADRID.- Refiriéndose al frustrado golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez, un periodista acuñó una frase certera: "Qué olor a hamburguesa, jabugo y petróleo!". Obviamente, sabia de que hablaba: de la participación de funcionarios estadounidenses y españoles en la conspiración encabezada por el líder de la patronal, Pedro Carmona.
Fue un golpe de estado cívico-militar clásico, de factura estadounidense. Un golpe oligárquico y de ultraderecha: la espada y el poder del dinero. Con el “cuarto poder”, la prensa y la televisión, legitimando y participando en la conjura. Si en retrospectiva hacemos un paralelismo con el golpe de Estado contra Arbenz en Guatemala o Salvador Allende en Chile, admitida como fue la participación de la CIA, vemos una similitud pasmosa. Lo nuevo es que, en este caso, el Gobierno de Aznar se sumó a la misma estrategia.
Izquierda unida, fuerza parlamentaria que condenó el golpe de Estado desde el primer momento, inició una investigación sobre el apoyo prestado al golpe por el Gobierno español. Su coordinador general, Gaspar Lllamazares, interpeló al presidente Aznar el 17 de abril de 2002 en la sesión de control inmediatamente posterior al golpe y solicitó la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, ante la Comisión Parlamentaria correspondiente.
Izquierda Unida dio en aquel momento una importancia capital para destapar los engranajes que funcionaron en aquella ocasión y que pueden seguir larvados o en movimiento. El presente documento sintetiza las primeras conclusiones de la investigación realizada. Los hechos descritos son un espejo en el que todos deben mirarse.
El Gobierno Español prestó su apoyo al golpe
España y EEUU reconocieron en distintos ámbitos que mantuvieron contacto continuo y una estrecha coordinación durante el golpe. El 13 de abril de 2002, el embajador de España en Caracas, Manuel Viturro de la Torre (1), junto con el embajador de EEUU, Charles S. Schapiro, acudieron juntos para entrevistarse personalmente con el golpista Pedro Carmona, presidente del “gobierno provisional”, después que este disolviera la Asamblea y las principales instituciones. Fueron los únicos diplomáticos que se entrevistaron con Carmona.
Viturro y Schapiro mantuvieron múltiples encuentros en los días anteriores al golpe. De esta reunión sólo se tuvo conocimiento por un “desliz” del corresponsal de Radio Nacional de España en Caracas y por unas declaraciones del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional Venezolana, William Turek Saab, pero no hubo confirmación o desmentido alguno por parte del ministerio español de Exteriores.
España y EEUU emitieron el 12 de abril una declaración conjunta (2) en la que afirmaban textualmente que “Los Gobiernos de Estados Unidos y de España, en el marco de su diálogo político reforzado, siguen los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela con gran interés y preocupación, y en contacto continuo”. Los dos gobiernos “declaran su rechazo a los actos de violencia que han causado una cantidad de victimas”, “expresan su pleno respaldo y solidaridad con el pueblo de Venezuela” y “expresan su deseo de que la excepcional situación que experimenta Venezuela conduzca en el plazo más breve a la normalización democrática plena”.
La semántica empleada en la declaración sirve de justificación al golpe, de comprensión y de apoyo a los golpistas. Es la diplomacia de estado de excepción . El mismo día 12, 1h50’ después de la rueda de prensa improvisada en la que Carmona anunciaba su intención de tomar el poder, y 5h39’ antes de que prestara juramento, la Presidenta española e la UE- anteponiendo sus afinidades con los golpistas a los principios democráticos de los que la UE se reclama-emitió una imprudente declaración oficial en la que “manifiesta su confianza en el Gobierno de transición en cuanto al respeto de los valores e instituciones democráticos, con el fin de superar la crisis actual”.
Hay que señalar que este comunicado, redactado bajo la responsabilidad de Piqué por su Departamento de Ibero América, fue enviado por el sistema de telegramas cifrados de consulta política interna de la UE (COREU), en francés o en ingles, a los respectivos departamentos competentes de los restantes Estados miembros de la UE, sin tiempo para su aprobación por los ministros de Asuntos Exteriores correspondientes.
Por ello, la responsabilidad de esa declaración es fundamentalmente española. Señalamos también que, como consecuencia del vuelco de la situación, los socios comunitarios reaccionaros pidiendo prudencia y esta declaración nunca fue publicada oficialmente en las demás lenguas de la UE, como es obligatorio en estos caso. El texto tan sólo permaneció en la web de la presidencia española como incomodo testigo de su posición.
Esta declaración de apoyo a los golpistas contrasta con las posiciones de condena emitidas por OEA (pese a las presiones del embajador de EEUU, Roger Noriega) y del Grupo de Río.
El ministro de Exteriores de España no rectificó nunca esta declaración en términos diplomáticos. El 13 de abril, Joseph Piqué afirmaba en declaraciones recogidas por “ABC” y “EL Mundo” que “la situación de Venezuela con Chávez era insostenible, cada vez con menos apoyos populares”. Tan solo a primera horas del 14 de abril hizo unas declaraciones a Radio Nacional de España que fueron reproducidas por el diario “El Mundo”, en las que aclaraba que “no es posible distinguir entre golpes de estado que puedan ser buenos o que puedan ser malos”.
Una vez repuesto el Presidente Chávez, la primera reacción de Piqué fue la de pedir que se “garantizase la libertad de prensa”. También añadió que “los nuevos responsables deben saber que la comunidad internacional puede estar en disposición de prestarles toda su solidaridad en este difícil trance, pero tienen que hacer las cosas con el máximo rigor y responsabilidad posible”. Es decir, puro malabarismo y declaraciones ambiguas que no esconden ni hacen olvidar el apoyo del Gobierno del PP al golpe de Estado.
El presidente del gobierno español, Jose María Aznar, mantuvo el 12 de abril una conversación telefónica con Pedro Carmona, poniéndose a su disposición, y –según afirmó Aznar- solicitándole la vuelta a al institucionalidad democrática en el periodo mas breve posible. En ningún momento Aznar condenó el golpe de Estado.
Aznar afirma que fue Carmona quien le llamó. Sin embargo, Carmona, en una entrevista concedidas al diario “El País”, contesta a esta pregunta con una evasiva (“Poco importa quien llamó”), los que induce a pensar que pudo ser el propio Aznar quien llamara. El Presidente del Gobierno español lo ha desmentido. Pero La Moncloa nunca dio a conocer los contenidos literales de la conversación.
En el articulo de opinión publicado el domingo 14 de abril en el diario “El Mundo” por el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Gustavo de Aristegui, afirmó que “la política exterior chapista era cada vez mas errática y desafiante. Algunos países, como el nuestro, hicieron muy loables esfuerzos para encauzar los desmanes del presidente de un país clave en la región y para nuestros intereses económicos y consulares. Lo irresponsable habría sido no intentarlo”.
El viaje de Pedro Carmona a Madrid
En los primeros días de abril, en víspera del golpe, Pedro Carmona viajo a Madrid para atender un programa de reuniones con la Confederación de Organizaciones Empresariales Española (CEOE), en su calidad de presidente de la patronal venezolana, Fedecámaras.
El martes 9 de abril tenia concertada una reunión oficial con el ministro de Exteriores, Joseph Piqué, en la sede del Ministerio, que fue cancelada por Carmona para regresar a Caracas y ponerse al frente del golpe.
Según los publicado el 29 de abril por la revista “Cambio 162, según fuentes de gran solvencia, “en la administración española fueron muy receptivos cuando el líder empresarial visitó Madrid como futuro presidente de Venezuela. Fue atendido por funcionarios de alto rango y se reunió también, posiblemente, con especialistas en operaciones de inteligencia política, con experiencia en otros países Iberoamericanos”.
Entre sus interlocutores, la revista señala a “altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Presidencia del Gobierno”.
Carmona estaba tan seguro de su futuro que se tomó medidas y encargó en una sastrería de efectos militares de Madrid la banda presidencial que llevó en la maleta para lucirla en su jura el 12 de abril a las 17h25’ en el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Este fajín fue encontrado allí, tras la fuga de Carmona, y figura entre las pruebas a su cargo.
En este acto, el procurador general desimanado por Carmona, Daniel Romero, leyó el decreto de constitución del Gobierno, el cese de la Asamblea Nacional y la destitución de los magistrados de l Tribunal Supremo de Justicia, fiscal y contralor generales, Defensor del Pueblo y moveros del Consejo Nacional Electoral. Esta disposición fue firmada, entre otros estamentos, por el cardenal José Ignacio Salvatierra.
El embajador y el CESID
Según el diputado venezolano Nicolás Maduro, en declaraciones a una cadena de televisión caraqueña, la Administración española y el Gobierno Aznar estuvieron involucrados, apoyando políticamente el golpe de Estado y asesorando a los grupos golpistas.
El embajador de España en caracas, Manuel Viturro de la torre, mantuvo frecuentes contactos con Pedro Carmona, con los dirigentes de COPEI y, sobre todo, con el embajador estadounidense Charles S. Schapiro.
El embajador de España, como jefe de misión, tiene obligación de conocer los informes de la antena del CESID (ahora Centro Nacional de Inteligencia CNI) en Caracas. Los agentes encargados de los contactos están vinculados al antiguo equipo del dirigente del CESID Jesús Calderón (“Grupo Calderón”). Son residentes en Caracas con la cobertura de agregados consulares. Según afirma la revista Cambio 16, durante su reciente estancia en Madrid a principios de abril Pedro Carmona mantuvo contactos con agentes del CESID.
El domingo 21 de abril, Viturro reunió en la Embajada a todo el personal español de alto rango para dejar en claros la estrategia a seguir en adelante: insistir por todos los medios en la necesidad de que Chávez convoque un referéndum para modificar la Constitución y adelantar las elecciones con el fin de desalojar a Chávez. Exactamente el mismo lanzado por Schapiro a los periodistas angloparlantes acreditados en Venezuela.
La antena de Madrid
Una fuente solvente situada en la cumbre del consejo nacional de seguridad de Venezuela declaró que el general Raúl Salazar, ex embajador de Venezuela en Madrid hasta el 11 de abril, era “coordinador internacional” del golpe. Salazar tiene fama de ser un “hombre de Washington” y al fuente afirma que es agente de la CIA desde que era capitán. La fuente añade que la esposa del general Salazar estaba “estudiando” en el Consejo Superior de la Defensa en Madrid.
Las directrices de Washington
El cuarto documento de Santa Fé, que marca la política exterior del Presidente Bush, afirma que los enemigos de los EEUU en Latinoamérica son principalmente el “eje Cuba, Venezuela y la guerrilla Colombiana”. En febrero de 2002, el director de la CIA, George Tenet, lo expresó claramente ante el Comité de Inteligencia del Senado: “estoy particularmente preocupado por Venezuela , nuestro tercer suministrador de petróleo”.
En una nota publicada en febrero por el “Washington Post”, un funcionario del departamento de Estado pronosticó que Venezuela está “en una posición precaria y peligrosa”, y que “si Chávez no arregla las cosas pronto, no terminará su mandato”. La casa Blanca estaba (y está) decidida a derrocar al presidente Chávez, no solo por su política económica, que amenaza los intereses estadounidenses,- fundamentalmente el petróleo- sino también por sus criticas a las guerra de Afganistán y su oposición al Plan Colombia y al Acuerdo de Libre Comercio Americano (ALCA).
El propio presidente Chávez había sido avisado de la gestación del golpe por el secretario general de la OPEP, el venezolano Ali Rodriguez, quien, en llamada telefónica desde la sede de la OPEP en Viena, le dijo que el golpe se iniciaría a partir de la huelga general del 9 de abril, por instigación de los EEUU, temerosos de que Venezuela apoyara la idea de un embargo a la producción e petróleo, en protesta contra la operación militar desencadenada por Israel en Palestina. Tras el fracaso del golpe, Chávez nombró a Alí Rodriguez al frente de Petróleos de Venezuela S.a.
Las autoridades venezolanas han confirmado que los dos jefes militares estadounidenses, el teniente coronel James Rodgers y el coronel Ronald McCammon, secundaron y asesoraron a los generales alzados contra Chávez, desde el quinto piso de la Comandancia del Ejército venezolano, donde habían sido instalados y donde permanecieron hasta el fracaso del golpe.
Según declaraciones del diputado Roger Rondon, en la noche del golpe ambos militares estaban junto a las cabecillas militares de la intentona. Rodgers es un especialista en golpesmilitares. Según declaraciones al periodico londinense “The Gardian” realizadas el lunes 29 de abril por Wayne Madsen, ex agente de los servicios secretos de la marina estadounidense, la Marina de EEUU ayudo a los golpistas con información secreta.
Según Madsen, “el coronel Rodger, asesor militar de destacado en la embajada de EEUU en Caracas, se fue de allí en junio pasado para prepara el terreno”. McCammon, oficial de inteligencia, jugó un papel decisivo. El 13 de abril, tres naves estadounidenses, cuya actividad está siendo investigada por el gobierno de Venezuela, navegaron en aguas venezolanas sin autorización, cerca de La Orchila (3). Según la Marina de EEUU, los barcos estaban allí para “evacuar a los ciudadanos estadounidenses si la situación en el país así lo requería”. El avión en el que los golpistas querían sacar a Chávez desde la isla de La Orchila pertenecía al banquero de origen paraguayo Victor Gil (Totalabank). Según personal de la aeronave matriculada en EEUU, el plan de vuelo tenía por destino a Puerto Rico, territorio estadounidense.
Entre la noche del viernes 12 y el mediodía del sábado 13 se produjeron numerosas llamadas entre Washington y Caracas. Desde el Departamento de Estado y el Pentágono se impartían directrices a Carmona por el embajador Schapiro y el general golpista Efraín Vásquez y a los mandos castrenses por el coronel Harkins, asentado en la delegación de EEUU en Caracas. En particular, se aconsejaba a Carmona que anunciara la convocatoria de las elecciones en un plazo de un año (“trescientos setenta y cinco días” deletreo Carmona), con el fin de cumplir con la OEA, Jorge Varela.
La agencia privada de inteligencia estadounidense, Stratfor, -que algunos vinculan con la extrema derecha- ha comprometido a la CIA en la preparación del golpe, y asigna la responsabilidad de dirección política al subsecretario de Asuntos Americanos, Otto Reich, ex embajador en Caracas, un viejo halcón ligado a la CIA, ya implicado en los escándalos Irangate-Contra y vinculado a las redes cubanas anticastristas de Miami. El encargado para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Maisto, también fue embajador en Caracas. Durante del golpe, el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, reconoció de inmediato el gobierno provisional de Carmona y expresó su satisfacción por la (falsa) “renuncia” del presidente Chávez. Un salto funcionario de la Administración Bush afirmó que “la legitimidad democrática es algo que no se basa solamente en una mayoría de votos” (4). En Wall Street, Merrill Lynch anunció a los espectadores que el panorama de inversiones en Venezuela “ya había mejorado”.
Hacía tiempo que EEUU presionaba a Chávez en defensa de sus intereses. Entre el 5 y el 7 de noviembre de 2001 se celebró un encuentro entre el Departamento de Estado, el Pentágono y el consejo de Seguridad Nacional para discutir “el problema” de Venezuela, acusada de apoyar el terrorismo en Colombia, Bolivia y Ecuador. En febrero Pedro Carmona se reunió en la Republica Dominicana con el ex Presidente Carlos Andrés Pérez, el líder sindical de la CTV, Carlos Ortega, varios diputados republicanos estadounidenses y el ex asesor del departamento de Estado Thor Halvvoresn. A través del Fondo Nacional para la Democracia (Nacional Endowment for Democracy), la CIA envió mucho dinero a entidades venezolanas opuestas al Gobierno, entre otras a los dirigentes de la corrupta Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Según el Washington Post (13 de abril) la CIA patrocino a través del Internacional Republican Institute numerosa visitas a Washington de opositores políticos al presidente Chávez.
En octubre de 2001, la Casa Blanca llamo para consultas a su embajadora en Caracas, Donna Hrinak, como respuesta a las críticas de Chávez contra la guerra de Afganistán. Veinte días antes del golpe, Donna Hrinak fue sustituida por Charles S. Shapiro, un embajador más ducho en golpes militares, que fue agregado militar en Chile durante el golpe a Salvador Allende, agregado militar en El Salvador y en Nicaragua durante la guerra sucia.
La conexión “Opus Dei”
Pedro Carmona es una persona vinculada al Opus Dei. Muchos de los involucrados en el golpe y varios miembros del “gobierno provisional” son miembros numeraios del Opus. El más conocido es Jose Rodriguez Iturbe, amigo personal de Aznar y ministro de asuntos Exteriores de Carmona, que reside en la misma sede del Opus en caracas. El golpe contó “in situ” con la bendición de Baltasar Porras, presidente de la Confederación Episcopal, presente en la jura del usurpador junto al cardenal Velázquez.
La conexión democristiana
Madrid es la capital internacional de los socialcristianos del partido COPEI, cuyo líder Eduardo Fernandez, ex presidente de la Organización Demócrata de América (ODCA) se encontraba en Madrid en los días anteriores al golpe y regreso a Caracas vía Washington, donde –aparentemente- tenia una reunión de la ODCA. Muchos dirigentes de COPEI y hombres de negocios vinculados a Rafael Caldera figuraban en el entorno de Carmona y están involucrados en el golpe.
COPEI y Aznar/PP tienen vínculos estrechos por su pertenencia a la Internacional Demócrata Cristiana y la Fundación Iberoamericana. La conexión democristiana del golpe tiene un núcleo fuerte en el Opus Dei. COPEI y Primero Justicia fueron los dos partidos de la oposición a Chávez directamente implicados en el golpe. Dos políticos de la derecha venezolana y de la Internacional Demócrata Cristiana bajo la presidencia de Aznar, Jose Rodriguez Iturbe (miembro numerario del Opus Dei y ministro de Asuntos Exteriores del “gobierno provisional” de Pedro Carmona), y Eduardo Fernandez (COPEI), realizaron una gira por España, con el apoyo del embajador de Venezuela en Madrid. En esta gira mantuvieron reuniones con la dirección del PP, incluido su portavoz internacional, Gustavo de Arístegui.
La conexión internacional
Fuentes de la patronal española CEOE afirmaron el 13 de abril a Europa Press: “Acogemos su nombramiento con agrado”, en referencia a Pedro Carmona.
Pedro Carmona Estanca, el jefe civil del golpe, era presidente de la patronal venezolana, Fedecámaras y dirigía, entre otras compañías, promotora Venoso y Química Venoso, al servicio de su propietario, el golpista y traficante de armas, Isaac Pérez Recao. Una alta fuente militar confió a la agencia France Press lo que ya había publicado la prensa local: que Isaac Pérez Recao había organizado un grupo armado de de extrema derecha, dirigido operativamente por el contralmirante Carlos Molina Tamayo, que luego estuvo a cargo de la casa Militar de Carmona. Recao huyó en helicóptero a Araba una vez fracasado el golpe. Durante la jura de Carmona, el personaje con cara y armamento de Rambo que custodiaba personalmente a Carmona era Marcelo Sarabia, un hombre de Recao vinculado con empresas de seguridad que solía jactarse de pernoctar en el bunker de la embajada estadounidense.
Varios bancos españoles están solidamente instalados en Venezuela, donde defienden ingentes inversiones e intereses. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, investigo las contribuciones financieras a determinados candidatos en la campaña electoral venezolana en 1998, presuntamente realizadas por el BBVA, cuya filial es el banco Provincial de Venezuela, perteneciente a la familia Mendoza, del Grupo Polar, uno de los más potentes conglomerados venezolanos.
Lorenzo Mendoza participo en una reunión de los conspiradores y existen otras pruebas de su participación en el golpe. El BBVA llego a controlar el 30% del mercado financiero venezolano a finales de los 90. Prueba de su importancia es el envió desde la oficina de Madrid a Caracas del hombre clave del BBVA, Juan Carlos Zorrilla, para hacerse cargo del Banco Provisional. El Banco Santander Central hispano (BSCH) tiene también una fuerte implantación en Venezuela.
Se comento en Caracas que algunos empresarios españoles que se llevan mejor con Chávez que con la Embajada, afirmaron que hubo un pozo de 500 millones de bolívares (poco más de medio millón de dólares) para financiar la huelga general, con dinero de bancos españoles y Repsol, sin que fuera posible confirmar esta información hasta el momento.
El magnate venezolano de los medios de comunicación, (y propietario entre otros de Venevision, Direct tv, Telcel, pepsi-Cola y Banco Latino, nacionalizado por Chávez), Gustavo Cisneros, tiene fuertes inversiones en España (entre otras, consiguió un “pelotazo” con la compraventa de Galerías Preciados, gracias al gobierno de Felipe Gonzalez).
Según “Newsweek”, fue el verdadero instigador del golpe. Se conoció su amistad y el haber sido compañero de pesca de altura del ex presidente Bush padre y máxima cabeza de un imperio empresarial que se extiende de EE.UU a la Patagonia. También actuó como testaferro del ex presidente Carlos Andrés Pérez, procesado por corrupción y protegido por la Casa Blanca. Quien leyó el decreto de Carmona y fue nombrado Procurador Gneneral por éste, Daniel Romero, fue secretario privado de Pérez y funcionario de la Organización Cisneros.
La conspiración, entre otros objetivos, pretendía la privatización de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) en beneficio de una sociedad estadounidense vinculada al presidente Bush y a la española Repsol, vender la filial estadounidense de Pvdsa, Citgo, a Gustavo Cisneros y a sus ocios de EE.UU, y suprimir la reserva del estado venezolano sobre el subsuelo. El propio Aznar, después del fracaso del golpe, se reunió con los empresarios y banqueros con intereses en Venezuela, a quienes reitero su compromiso de apoyar “la democracia”, aunque también les confeso que España no podía garantizar la seguridad de sus inversiones en Venezuela.
Un poderoso Gabinete de Abogados El “procurador” de Carmona, Daniel Romero, redactor y lector de los 12 decretos del “gobierno provisional”, actuó como “junior partner” en el poderoso gabinete de abogados “Baker & McKenzie” en Caracas. El “señor partner” de la firma era Alejandro Alfonso Larrain Reaco, Marques de Torre casa (titulo nobiliario español comprado), directivo del Banco Caracas-BSCH y tío o primo de Isaac Pérez Recao. Larrain fue también el “partner principal” en las operaciones de “Baker & McKenzie” en Madrid; que mantiene conexiones con la OTAN y los intereses del gobierno de EE.UU. además de Daniel Romero y Larrain Recao, dirigió el bufete Baker & McKenzie en Caracas el poderoso Humberto Briceño León, Magistrado del Tribunal supremo de Justicia, y esposo de Irene Sáez, miss Venezuela 1980 y candidata del partido democristiano COPEI a la Presidencia de Venezuela frente a Hugo Chávez.
Dos instituciones dirigidas por personas proximas o implicadas en la trama civil del golpe En las respectivas Juntas Directivas del Banco de Caracas, Banco Universal y del Instituto Venezolano de la cultura Hispánica, figuraban simultáneamente una serie de personas que fueron asociadas a la trama civil del golpe de Estado. En el Banco de Caracas, que había sido comprado recientemente por el Santander Central Hispano (BSCH), formaban parte de su Junta Directiva, entre otros: Alejandro Alfonzo-Larraín Recao, marques de Torre Casa; Jose Maria Nogueroles; Rafael Gallegos Santaella (todos ellos en los cargos de directores principales); y Vicente Pérez Recao (5) en el cargo de director suplente. En el Instituto venezolano de Cultura Hispánica, formaban parte de su Junta Directiva, entre otros: Manuel Viturro de la Torre, embajador de España, presidente honorario; Alejandro Alfonso-Larrain, marques de Torre Casa, presidente; Vicente Pérez Recao; Jose Maria Nogueroles (ex presidente del Banco Caracas antes de la fusión con el BSCH) y Rafael Gallegos Santaella. Además, formaban parte de la Junta Directiva: Humberto Briceño León, esposo de Irene Sáez (posiblemente familiar de Jesus E. Briceño G., ministro de la secretaria de la presidencia del “gobierno provisional” de Pedro Carmona); el cardenal Jose Ignacio Velazco (arzobispo de Caracas); Enrique Urdaneta Fontiveros (probablemente familiar de Domingo Fontiveros que figuraba como propuesto al cargo de director del banco Central de Venezuela en la agenda incautada a pedro Carmona) y Jose Maria Ariño.
La conexión militar
A finales de noviembre o en diciembre de 2001, ocho altos oficiales del Ejercito venezolano viajaron de Miami a Madrid y se entrevistaron con el general Salazar, embajador de Venezuela. Estaban acompañados de un comerciante de armas israelí, cuyas iniciales son “L.E.”.
Medios de comunicación
Poderosos medios de comunicación, en Venezuela y en el exterior apoyaron directa e indirectamente el golpe. Cuatro de los cinco canales de TV son propiedad de compañías privadas y exhortaron incesantemente a la huelga y a las manifestaciones orientadas a derrocar al presidente. Lo mismo sucede con nueve de los diez diarios más importantes. Después silenciaron cualquier información sobre la reacción popular y militar que restableció la legalidad constitucional.
El magnate venezolano de los medios de comunicación, Gustavo Cisneros fue uno de los principales instigadores del golpe. Según el diputado venezolano Pedro Pablo Alcantara, no hay duda ninguna de que Cisneros fue el “jefe supremo” de la intentona. En vísperas del golpe, Cisneros charlo con Otto Reich, máximo responsable del departamento de Estado para Latinoamérica. Según declaraciones del propio Reich a Newsweek, tuvieron dos o tres más. El 13 de abril, Cisneros le dijo que los manifestantes pro-Chávez estaban rodeando los estudios de Venevision, su canal. Las relaciones de Cisneros con el embajador de España, Manuel Viturro, eran cordiales. El 1 de diciembre de 2001, Gustavo Cisneros presento un libro suyo en la embajada en Caracas.
Tampoco son casuales las declaraciones realizadas por el ex presidente del Gobierno español, Felipe González, en las que justifica el apoyo político al golpe de Estado desde una critica severa a Hugo Chávez, calificado de “caudillo” y “dictador”.
El 26 de abril, en la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid se convoco una mesa redonda sobre la libertad de expresión en Venezuela, a la que acudieron el editor y dueño del diario venezolano “El Nuevo País”, Rafael Poleo y el director del canal de televisión “Globovision”, Alberto Federico Ravel, es decir, los medios que mas activamente colaboraron en la conspiración mediante la manipulación, la censura y el silencio informativo. Ante las protestas, los organizadores tuvieron que ampliar la participación al periodista Francisco Solórzano y al embajador de Venezuela en EE.UU, Jorge Valero.
