O. N., el ciudadano senegalés que ha estafado más de un millón de euros en ayudas sociales vascas, recurrió a burdas manipulaciones de documentos oficiales para utilizar 62 identidades falsas con las que cobrar más de un millón de euros. O. N., en libertad provisional tras ser detenido el pasado 21 de marzo por la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, no necesitó recurrir a expertos en falsificaciones para mantener durante casi 14 años ingresos mensuales que alcanzaron hasta los 10.000 euros. Pese a la versión ofrecida por el Gobierno vasco, las falsificaciones de documentos de Sanidad, los 22 pasaportes manipulados, los documentos de subarriendo y la facilidad para el empadronamiento múltiple en un mismo domicilio facilitado por los ayuntamientos vascos posibilitaron el fraude.
O. N. utilizó entre las 62 identidades falsas las de varios compatriotas de Senegal que, sin residir en Euskadi, se convirtieron en perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos[/b] (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). Según la documentación aportada por la Brigada de Extranjería al Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, una de las falsas identidades utilizadas por O. N fue la de Andrew Gómez. El inmigrante gambiano -del que no consta su entrada en España según fuentes policiales- comenzó a cobrar las ayudas sociales vascas en los primeros meses de 2020 y las mantuvo hasta mediados de 2021. El Servicio Vasco de Salud reclamó su presencia y O. N. no acudió a la cita pero, días más tarde, presentó un burdo documento de Osakidetza por un presunto ingreso en el Hospital de Basurto en Bilbao.
El documento no sólo fue admitido sino que permitió a O. N seguir cobrando en una entidad bancaria de una caja de ahorros vasca las ayudas sociales. El presunto informe de Osakidetza incurría además en errores fácilmente detectables como el de UNGENCIA o la ausencia de una fecha de salida del presunto ingreso hospitalario. Los agentes de la Brigada de Extranjería, además, comprobaron que informes idénticos fueron utilizados como justificantes por O. N. con otras identidades falsas para seguir cobrando las ayudas del Gobierno vasco.
La documentación obtenida por la investigación de la Policía Nacional también incluye burdos contratos de subarriendo de habitaciones que le permitían a O. N. sumar a los 625 euros mensuales de la RGI otros 250 euros por ayuda a la vivienda en cada una de las falsas identidades que utilizaba desde 2008.
Pese a la alarma social generada y las exigencias de explicaciones por parte de PP+Cs y de Vox, la vicelehendakari y consejera socialista de Trabajo Idoia Mendia reconoció ayer públicamente que desconoce el origen de una investigación desarrollada por la Policía Nacional en una comunidad autónoma en la que la Ertzaintza es la policía integral con casi 8.000 agentes desplegados.
La vicelehendakari y consejera de Empleo Idoia Mendia durante una comparecencia en Bilbao. Patxi Corral (ARABA PRESS)
Mendia, que impulsa una nueva normativa que sigue garantizando ayudas universales e indefinidas, advirtió ayer de que el control sobre la falsedad de los pasaportes es una competencia de la Policía Nacional y no una función propia de los casi 1.000 trabajadores del Servicio vasco de Empleo. «Quiero felicitar a la Policía Nacional pero les ha costado 10 años desentrañarlo, lo cual quiere decir que no era una trama fácil», aseguró ayer Mendia en una estrategia de comunicación que pretende trasladar una imagen irreal del fraude perpetrado por O. N. con la ayuda de otros 23 extranjeros que le prestaban distinto tipo de cobertura puntual.
Fuentes policiales advirtieron, tras las palabras de Mendia, de que la investigación se inició a finales de 2021 sin concretar las circunstancias que dieron pie a los primeros indicios hasta que el Juzgado de Instrucción 10 de Bilbao comenzó a reclamar información ya en 2022 al Servicio vasco de Empleo.
El Gobierno vasco estima que en 2021 se detectaron 267 casos de fraude en ayudas sociales y en los cinco primeros meses de este año se han contabilizado ya 224.
La vicelehendakari Mendia calificó de «ínfimo» el volumen del fraude en las ayudas sociales vascas un día después de que la Delegación del Gobierno hiciera público el resultado del operativo de la Brigada de Extranjería. El delegado Denis Itxaso (PSOE) congeló durante 24 horas la comunicación del importante operativo policial desvelado por este periódico.
La vicelehendakari no quiso ayer detallar los «mecanismos de control» interno a los que aludió el portavoz del Gobierno vasco Bingen Zupiria el pasado martes tras desvelarse el mayor fraude de la historia de Euskadi en ayudas sociales. y que cuestionan partidos de la oposición. La máxima responsable de Empleo, acompañada de la directora general de Lanbide Gloria Múgica, recordó la obligación de todos los funcionarios de comunicar a la Policía cualquier indicio de fraude.
«Lanbide no es una comisaría de policía, es un servicio público de empleo», respondió Mendia ante las dudas sobre los mecanismos de control político de las ayudas sociales en Euskadi. Tras la investigación de la Policía Nacional, el Servicio vasco de Empleo está cambiando el procedimiento que hasta ahora se utilizaban para transmitir sus «sospechas», en palabras de Mendia, a la dirección del Servicio vasco de Empleo. Los trabajadores han remitido por vía interna decena de indicios sin tener constancia de la gestión realizada por la dirección de Lanbide.
