...la solicitud de extradición a Puigdemont
La Asamblea del Consejo de Europa cuestiona las penas del procés y pide retirar la solicitud de extradición a Puigdemont
El PSOE no consigue sacar adelante sus enmiendas, con las que buscaba acercar el texto a la postura del Gobierno
La votación estuvo precedida por numerosas intervenciones de parlamentarios en las que se pusieron de manifiesto visiones muy diversas del conflicto catalán. La griega Theodora Bakoyannis y el británico John Howell pusieron énfasis en que los políticos catalanes no fueron condenados por sus declaraciones o sus ideas sino por sus acciones ilegales, contrarias al ordenamiento jurídico. Otros, como el conservador francés François Calvet, que llevaba un lazo amarillo, sí validaron la teoría de condenas por "declaraciones" y se felicitó de que los indultos ayuden al diálogo y a la solución del problema. También la socialista islandesa Thorhidur Aevarsdottir se pronunció a favor del perdón y agradeció que los próximos indultos faciliten la reconciliación. El francés Jacques Maire, por su parte consideró las penas "desproporcionadas".
Una de las intervenciones más contundentes fue la de María Valentina Martínez-Ferro, del PP, quien se dirigió directamente al ponente, el letón Boriss Cilevics, y le dijo que en España nadie está condenado por expresar sus opiniones, cuestionando la filosofía básica del informe y de la resolución. Martínez-Ferro habló de "golpe" contra la democracia española y del derecho de cualquier país a defenderse en estas circunstancias. La parlamentaria insistió en que también se cometió malversación de caudales públicos.
La representante de ERC Laura Castel dijo que el 80% de la población catalana quiere un referéndum y recordó que uno de los presos es el presidente de su partido. "La amnistía es la solución", recalcó Castel, quien en su intervención se refirió al espionaje sufrido por el independentismo y otras prácticas de la "policía patriótica". La Asamblea rechazó por amplia mayoría una enmienda de Castel que pretendía calificar el referéndum del 1-O de "no autorizado", en lugar de "ilegal". Otra enmienda, en la que pedía especificar la palabra "amnistía" entre las recomendaciones fue asimismo rechazada por un margen muy holgado.
