El fiscal Gerardo Pollicita ha imputado a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y a otras personalidades en relación con las investigaciones abiertas por el fallecido fiscal Alberto Nisman.
La justicia argentina parece no estar dispuesta a dejar morir la causa más importante que afecta a un presidente en ejercicio desde que Argentina recuperase la democracia en 1983. La muerte en extrañas circunstancias de Nisman no significa el entierro de la imputación a la presidenta de Argentina, a su ministro de Asuntos Exteriores, Héctor Timerman, al diputado Andrés, alias «el cuervo», Larroque, al piquetero y ex funcionario Luis D'Elía y al dirigente de la comunidad iraní en Argentina, Jorge «Yussuf» Khalil.
El fiscal Gerardo Pollicita, heredero de la causa que investiga el juez Daniel Rafecas, tiene previsto, con los mismos argumentos de su colega fallecido, continuar con la acusación a la jefa del Estado y solicitar que se avance en la investigación para desentrañar el «plan criminal» de «encubrimiento» terrorista que, a su juicio, encabezó Cristina Fernández de Kirchner para «acercarse geopolíticamente a Irán, intercambiar petróleo por grano y hasta vender armas». Todo, a cambio de conceder impunidad a los terroristas que, para la justicia argentina, son responsables del atentado a la mutual judía AMIA que dejó un saldo de 85 muertos y centenares de heridos.
El Gobierno, por su parte, recurre a todas las herramientas a su alcance para tratar de echar tierra sobre el asunto y no duda en embestir, como hizo en su día contra Nisman, contra el fiscal Pollicita. El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández calificó de «maniobra desestabilizadora» si se confirmaba, como estaba previsto, que la investigación y las imputaciones se ratifican y seguirán su curso. En simultáneo, Fernández, locuaz todo terreno del Ejecutivo, aseguró: «No tiene ningún valor jurídico ser imputado. Acá pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado. No tiene nada que ver, no tiene ninguna importancia».
Gobierno contra Justicia
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en una línea similar, se refirió a la causa como «la operación más voluminosa de golpismo judicial activo que conozca la historia argentina… La denuncia de Pollicita –continuó- no persigue una finalidad de carácter judicial, sino de carácter político para generar impacto político porque no tiene ningún tipo de validez jurídica».
Los fiscales Raúl Pleé y José María Campagnoli criticaron el discurso y el tono del oficialismo, similar al utilizado con Nisman cuando denunció a la presidenta. El último observó: «No me parece que sea bueno o razonable que por la actividad de un juez o un fiscal se esté diciendo que existe golpismo. Se repite un poco la historia que advirtió Alberto Nisman». Campagnolli, sometido a juicio político por investigar a Lázaro Báez, socio de Cristina Fernández y presunto testaferro de su difunto esposo, observó «con gran preocupación» las opiniones de los ministros sobre su colega porque «el fiscal Nisman después de su denuncia tuvo un ataque terrible y después apareció muerto».
El enfrentamiento del Gobierno con la Justicia y con los fiscales en especial ya no tiene disimulo. Los fiscales convocaron una manifestación silenciosa, en homenaje a Nisman, para el miércoles que se cumple un año desde que apareciera muerto de un balazo en su cuarto de baño. Justo la víspera de que tuviera que comparecer en el Congreso para explicar su denuncia. La presidenta de Argentina, que hasta la fecha no ha tenido una palabra de pésame por el fallecimiento de Nisman, se refirió a la convocatoria de los fiscales en tono despectivo. «Les dejamos el silencio, siempre les gustó el silencio».
«Narcos» y «antisemitas»
Aníbal Fernández fue un paso más allá y calificó a los organizadores de «narcos», «antisemitas» y «fiscales que hicieron lo imposible para que la causa (por el atentado a la AMIA) se frenara y no prospera nunca». Desde la televisión pública, en rigor, el aparato de propaganda del Gobierno, el programa estrella del kirchnerismo, «6,7,8» llegó a titular «La marcha de los 5 fiscales golpistas».
Esta serie de ataques y descalificaciones a la convocatoria han provocado el efecto contrario al deseado por el Gobierno y el oficialismo, que llegó a amenazar con recusar a los fiscales que asistan. El efecto reclamo promete una manifestación multitudinario a la que se han sumado sectores de todos los ámbitos y se ha hecho extensiva en otras ciudades del mundo (Berlín,. Washington, Río de Janeiro, Sao Paulo, Montreal y, según la cadena de mails, hasta Madrid). Ahora, «marchar por Nisman» se ha convertido en un desafío y una forma -como lo hicieron en su día las cacerolas- de arrebatarle al poder el control de la calle.
