Los delitos sexuales crecen un 23% en un año
La Fiscalía General del Estado alerta en su última memoria anual de un incremento del 23,2% de los delitos sexuales. Aunque en términos absolutos estos delitos suponen poco más del 1% del total (18.986 de 1.570.255), el ministerio público advierte de la “preocupante” tendencia al alza y reclama que casos como el de La Manada sirvan para reflexionar sobre la interpretación y la aplicación práctica del Código Penal, el tratamiento informativo de estos asuntos y sobre la imagen que transmite la Justicia “cuando las decisiones que se adoptan se muestran tan alejadas de una mayoritaria sensibilidad social”.
Dentro del incremento general de los delitos sexuales, la memoria de 2018, considera especialmente “inquietante” el crecimiento de la violencia entre los jóvenes y pone el foco en los casos de las violaciones en grupo. El ministerio público lo eleva ya a la categoría de “fenómeno” y cree que está relacionado con el uso de pornografía a través de las redes, “donde se representa a la mujer cosificada”.
La “frustración” por las víctimas que sí denunciaron. Según la estadística global de la Fiscalía, en el año 2018 se dictaron 40.965 sentencias por violencia de género. De ellas, 29.022 fueron condenatorias. Y “lo más preocupante”, advierte, es que, de las 49 mujeres fallecidas, 16 habían denunciado a su agresor, lo que supone un 32,65% frente al 20,75% de este indicador en el año 2017.
Acusación y denuncia falsa. Los datos del ministerio público constatan, una vez más, la escasa proporción de denuncias falsas, en contra de lo que sostienen algunos sectores. En el año 2018 se presentaron 166.961 denuncias por violencia de género y se han iniciado 14 causas por denuncia falsa. La proporción en relación con los procedimientos de violencia de género en los que se ha dictado sentencia condenatoria desde 2009 –97 en total– es del 0,0069 %.
La “visión distorsionada” de la trata de seres humanos. La Fiscalía se lamenta en su memoria de “la visión distorsionada que todavía se tiene sociológicamente sobre la prostitución”. En algunos sectores, señala el ministerio público, se considera que esta es una actividad económica alegal que simplemente requiere de una regulación que garantice los derechos de la mujer y de la sociedad en su conjunto. “La realidad es bien distinta. Se trata de una conducta de explotación que afecta, fundamentalmente, a mujeres extranjeras en situación de extrema vulnerabilidad, y que supone la negación de los más elementales valores de dignidad, igualdad y libertad”, apunta el ministerio público.
Cibeles: https://elpais.com/sociedad/2019/09/09/actualidad/1568020726_784009.html
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