Se veía venir. Las autopistas de peaje que crecieron como setas en la época de bonanza ahora están en su mayoría ahogadas en un mar de deudas y el que acudirá a su rescate será el mismo que en su momento vió la necesidad de construir estas carreteras. El Gobierno comprará las carreteras de peaje deficitarias a sus constructores y además asumirá sus deudas, lo que dicho de otra manera es aplicar el manido tópico de privatizar beneficios y socializar pérdidas.
Todas las deudas que acumulan las doce autopistas de peaje con problemas suman 3.500 millones de euros, lo que es un agujero enorme. El Gobierno ya ha negociado con las entidades bancarias acreedoras de tal deuda una inyección adicional de 1.200 millones de euros para continuar las operaciones tras la nacionalización.
La nacionalización se produciría traspasando la titularidad de las vías deficitarias a una nueva sociedad pública creada al efecto que se encargaría de la gestión de las mismas. La nueva sociedad dependería de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), una sociedad del Ministerio de Fomento.
Todo esto sería previo pago del coste de construcción de las vías a las empresas que se encargaron de esa tarea y que por supuesto son las mismas encargadas de la gestión. Penosa, lamentable y deficitaria gestión podemos y debemos añadir, ya que su fracaso lo vamos a pagar entre todos.
Ahora bien, ¿de quién es la culpa, de los que ordenaron construir carreteras inútiles o de los que las construyeron y actualmente gestionan? ¿Por qué extraña razón siempre paga el pato el ciudadano de a pie? ¿Porqué a unas empresas se las ayuda con miles de millones públicos y a otras no? Una nueva sangría de dinero público, cuando no es que sobre precisamente.