El Gobierno está decidido a trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos para cambiar el significado de un monumento que hoy, 42 años después de su muerte, se rige por los principios que el propio dictador estipuló. La Ejecutiva del PSOE, que preside Pedro Sánchez, propondrá este lunes que el Gobierno elabore un proyecto de ley que incluya ese traslado. El Ejecutivo también podría recurrir a un real decreto, mucho más rápido, porque los proyectos de ley suelen retrasarse al menos un año. En cualquier caso tendría votos: en 2017 una propuesta del PSOE para trasladar los restos obtuvo 198 votos a favor y 140 abstenciones.
El presidente, Pedro Sánchez, quiere ir “paso a paso” cumpliendo compromisos adquiridos en los años de oposición del PSOE; atender peticiones de las asociaciones de víctimas del franquismo y asumir las recomendaciones de la ONU sobre el Valle de los Caídos y las fosas comunes
El plan del comité, que ahora quiere rescatar el Ejecutivo incluye convertir el Valle de los Caídos en un centro de interpretación o museo de memoria similar al de la ESMA (el antiguo centro de torturas de la dictadura argentina) en Buenos Aires.
ILEGALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN FRANCO Y SANCIONES POR INCUMPLIR LA LEY
En el Valle de los Caídos también quedan pendientes las reclamaciones de familiares de fusilados que fueron trasladados sin su consentimiento al mausoleo. El abogado Eduardo Ranz logró una sentencia favorable a la exhumación y el pasado abril se iniciaron los trabajos preliminares.
La propuesta que Perelló llevará a la ejecutiva del PSOE establece que sea el Estado quien asuma la localización de fosas comunes e incluye una serie de reformas que buscan ilegalizar la Fundación Francisco Franco. “Para hacerlo”, explica Perelló, “sería necesario llevar al código penal el delito de apología del franquismo”, y cambiar la ley de asociaciones y fundaciones.
La oposición ya instó al Gobierno del PP el año pasado a investigar a la Fundación Franco después de que el abogado Ranz revelara que estaban ofreciendo asesoramiento legal a diversos Ayuntamientos de España para afrontar las denuncias por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica (calles, placas y otros vestigios franquistas). La propuesta que el PSOE lleva este lunes a la ejecutiva incluye “sanciones” para quienes incumplan la norma.
El Ministerio de Justicia, que dirige la fiscal Dolores Delgado, ha reestructurado el departamento de forma que la dirección general de cooperación jurídica internacional incorpora nuevas competencias en materia de promoción de los derechos humanos y recuperación de la memoria histórica. Esta nueva dirección general no tendrá coste presupuestario alguno y pretende "garantizar el acceso a la verdad en casos relacionados con la dictadura franquista y su sistema represivo".
Uno de los puntos clave para las víctimas, asumido por Sánchez, es la anulación de las condenas emitidas por tribunales franquistas.
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Por fin comienzan a abrir los armarios, sacar los abrigos de visón y limpiar el olor de alcanfor de España, dándole la dignidad que se merece.
Se comenta también que los restos de José Antonio Primo de Rivera (que sí era “un caído” de la guerra) se podrían mover a las capillas donde yacen el resto de víctimas (33.847 según la documentación de Patrimonio Nacional), sin distinción, y que la Iglesia podría ser el único escollo para esto.
Muy bien el gobierno y espero no haber amargado a muchos por aquí el Domingo.