Hacer convocatorias en Internet será delito
de integración en organización criminal
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha avanzado este miércoles en el Congreso de los Diputados algunas de las novedades de la reforma legal que pretende llevar a cabo el Gobierno para hacer frente a los actos vandálicos como los que tuvieron lugar en Barcelona durante la huelga general. El ministro ha anunciado que se incluirá como "delito de integración en organización criminal" alterar "gravemente el orden público" y concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como Internet y las redes sociales.
"Nos parece fundamental para hacer frente a estos movimientos que actúan concertadamente previamente y con técnicas de guerrilla urbana incluir como delito de integración en organización criminal las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que, con tal fin, se concierten por cualquier medio de comunicación", ha explicado el Ministerio a Europa Press debido a que en el interior del hemiciclo Fernández Díaz no pudo terminar de concretar esta medida por falta de tiempo.
"También pretendemos incluir como delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan por interrupción o perturbación de cualquier servicio público", ha añadido.
RESISTENCIA PASIVA, ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD
Antes, Jorge Fernández Díaz, había avanzado en la Cámara el deseo de Interior de incluir "como delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa o pasiva grande ante las fuerzas de seguridad e incluir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos y considerar como agravante la comisión de estas conductas delictivas".
En su intervención, el ministro ha lamentado que "por desgracia" estos actos no suceden sólo en Barcelona. "No hay que responder desde el Código Penal a iniciativas de guerrilla urbana pero tampoco recurrir al buenismo jurídico".
Según ha dicho estas reformas parten de una iniciativa de reforma del ordenamiento jurídico en la que su Departamento viene trabajando desde hace dos meses en colaboración con el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón.
La reforma penal de Rajoy convertirá actos
como el 15-M en graves delitos
El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha anunciado que, antes del mes de junio, el Gobierno presentará el proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal. El nuevo cambio pretende endurecer todos los artículos del Capítulo II, Título XXII, que regula los delitos de orden público. Entre las novedades está incluir la "resistencia pacífica" dentro de los "atentados a la autoridad". Esta práctica fue la utilizada por los "indignados" del movimiento 15-M que acamparon en las plazas y los manifestantes de la llamada "primavera valenciana".
El Gobierno también tiene la intención de considerar un agravante de la desobediencia a la autoridad el hecho de que ésta se produzca en una manifestación o concentración. En la actualidad, éste es un delito menor con una pena que no supera los seis meses de cárcel, aunque la intención del Ejecutivo de Rajoy es que pase a ser penada entre uno y tres años de prisión. Hasta la fecha, sólo en caso de que hubiera agresiones o de que el presunto delincuente fuera un cargo público las penas aumentarían.
Otra de las modificaciones previstas en el Código Penal será la de incluir la "prisión provisional" en caso de atentado a la autoridad. Los detenidos frente al instituto Lluís Vives de Valencia se podrían haber visto afectados gravemente por este cambio normativo.
El portavoz en la Comunidad Valenciana de la asociación Jueces para la Democracia, Ximo Bosch, asegura que no es necesario un cambio en el Código Penal ya que el actual articulado "está ajustado para castigar esas conductas delictivas". Bosch cree que la intención del Ejecutivo es "criminalizar unas manifestaciones que en su inmensa mayoría han sido pacíficas". "Ante un contexto de recortes, el Gobierno pretende dar un discurso de orden público para desviar la atención", apunta. A su juicio, incluir la "resistencia pasiva" como un delito penal "no es aceptable", y que estas medidas hacen pensar que el objeto de la reforma "va más encaminado por la represión judicial que por la acción social". Bosch apuesta por reformar la legislación penal en otros ámbitos que generan "más alarma social". "Deberíamos endurecer las penas por corrupción, porque en este caso sí que se está ofreciendo sensación de impunidad", propone.
Adoración Guamán, profesora de Derecho en Valencia y una de las juristas que han defendido a los "indignados" en los tribunales afirma que esta reforma "es una actuación preventiva" contra las manifestaciones. "Un joven al que encarcelan tras una protesta pierde las ganas de seguir reivindicando", dice.
Fuentes: http://www.europapress.es/nacional/noticia-alterar-orden-publico-hacer-convocatorias-ello-internet-sera-delito-integracion-organizacion-criminal-20120411103059.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/04/09/reforma-penal-rajoy-convertira-actos-15-m-graves-delitos/1241732.html
Nos quieren convertir a todos en terroristas, bienvenidos a la doctrina del miedo.
Cada día un poquito más cerca del http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_policial