Cito a continuación los que a mi juicio son los párrafos más importantes de la noticia, aunque animo a leerla al completo:
El ingreso mínimo vital era una medida contemplada en el pacto de gobierno, pero que se adelantó precisamente por la emergencia social que iba a dejar tras de sí la pandemia. Cuando se aprobó, el 29 de mayo, se calculaba que beneficiaría a 2,3 millones de personas —850.000 hogares—, pero está tardando más en llegar a los familias de lo que han tardado en acabarse los ahorros.
Según datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Servicios Sociales a raíz de una petición de información de la Asociación Víctimas del Paro, hasta el 7 de agosto solo se han aprobado 3.966 solicitudes para este subsidio, además de las 74.100 que se dieron de oficio el 26 de junio. El volumen total de peticiones llegaba a mediados de julio a las 510.000, según el ministro Escrivá, quien calculaba que la mitad serían denegadas. No hay datos más recientes, pero incluso en un escenario en el que no lo hubiesen pedido más personas durante esas tres semanas —algo altamente improbable—, solo el 0,7% de los casos habría sido aprobado. Y si tan solo la mitad fuesen positivas, como estiman desde el ministerio, solo habría llegado al 1,5% de los que tienen derecho a recibirla desde que se abrió el plazo, el 15 de junio.
“A este ritmo, no sabemos cuándo va a llegar a los hogares que lo necesitan. No tiene sentido, porque se trata de una ayuda urgente y contempla tres meses de plazo para resolver, cuando ya hay gente que lleva cinco meses sin ingresos”, cuenta Joaquín García, presidente de la Asociación Víctimas del Paro. Al margen de los que lo recibieron de oficio, que cobraron a finales de junio, los que lo tienen concedido deberían haberlo recibido el 3 de agosto, pero ni en la fundación ni en la asociación tienen ningún caso que lo haya recibido.
Además, el trámite del IMV está paralizando otras prestaciones hasta que se demuestre si son o no compatibles y se suma a otros retrasos, como los de los ERTE. “No solo es que esté habiendo retrasos con el IMV, es que a muchos al concedérselo les han quitado cautelarmente otras ayudas que tenían, como la renta mínima de inserción o las ayudas por ‘hijo a cargo’. Se han visto de repente sin cobrar ni una ni otra”, explica Conrado Giménez, presidente de la Fundación Madrina, mientras llena carros de alimentos el pasado martes por la mañana. Según un estudio que realizaron entre las personas que acuden a su organización, que no ha parado de atender casos ni durante el estado de alarma, las peticiones de alimentos han aumentado en un 50% en el último mes debido fundamentalmente a estos limbos y retrasos.
Además, denuncian que más de la mitad de la población objetivo del IMV no lo recibirá por cuestiones de forma. “Para concederlo, están teniendo en cuenta los ingresos del año anterior, lo cual no tiene sentido porque son personas que se han quedado sin nada ahora, a raíz de la pandemia.
La situación es insostenible y, no sé vosotros, pero yo paseo por los barrios y lo que veo son comercios cerrados por todas partes ("se traspasa", "liquidación", etc) donde antes había actividad económica de todo tipo. No da la sensación de que haya nadie al timón.
