El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto para la implantación, a partir del próximo curso 2016-2017, de las pruebas de evaluación, las conocidas como reválidas, de final de ESO y bachillerato, previstas en la LOMCE. Eso pese a que la mayoría de autonomías, contrarias a la ley, han reclamado que estos exámenes no salieran adelante. De hecho, hasta el Congreso de los Diputados inició los trámites en abril para exigir al Gobierno que paralizara la reforma, impulsada por el anterior ministro de Educación, José Ignacio Wert, pero la disolución de las Cortes ha impedido el veto.
Las evaluaciones del último curso de ESO y Bachillerato constarán de pruebas de las materias troncales (cinco asignaturas), dos opcionales y una específica, que no sea ni Educación Física ni Religión. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determinará el marco general de la prueba, las características, el diseño y los contenido. Y serán las comunidades autónomas quienes, según explicó ayer la vicepresidenta en funciones del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, "las responsables de la aplicación material de las pruebas, incluida su elaboración, fijación de los tribunales, fechas y lugares, así como, reclamaciones".
Los profesores de la escuela pública y sus equipos directivos aplicarán las evaluaciones, que serán controladas en los centros educativos por el profesorado durante su realización. En la nota final de la evaluación de ESO contará en un 70% la media de las calificaciones del curso y en un 30% la de la prueba final.
En Bachillerato el 60% del peso de la nota será, como en la ley anterior, la media de las calificaciones del curso y el 40 % la obtenida en la evaluación final. El Real Decreto aprobado ayer también regula el acceso a la universidad desde la Formación Profesional (FP) y resuelve situaciones transitorias para los estudiantes del actual sistema. Será a partir del 2018, cuando los estudiantes estén obligados a aprobarlas para poder obtener el título de ESO o de bachillerato.
