El Ayuntamiento de Madrid, que gobierna Ana Botella (PP), cerrará al tráfico el 1 de enero una superficie de 190 hectáreas en el corazón de la capital, por la que sólo podrán circular los coches de los residentes, según han relatado a EL PAÍS fuentes del gobierno municipal. Los barrios de Sol y Palacio se sumarán así a los de Cortes y Embajadores para conformar un área total de 352 hectáreas de tráfico restringido.
Los vehículos que no pertenezcan a vecinos de esa zona tendrán limitado el paso a las grandes avenidas. Al área vedada sí podrán acceder aquellos conductores que vayan a estacionar en los 13 aparcamientos encerrados en el perímetro. Sin embargo, el Ayuntamiento cotejará a diario las matrículas para que quien luego no estacione allí (por ejemplo, porque el aparcamiento esté lleno) sea sancionado. Las infracciones se vigilarán con 22 cámaras de seguridad, y se castigarán con 90 euros de multa.
Esta Área de Prioridad Residencial (APR), según su denominación municipal, tendrá un coste de mantenimiento de 500.000 euros anuales. Se sumará a las otras tres ya en vigor desde hace años en los barrios madrileños de Embajadores y Cortes (conocido también como Las Letras), conformando así una superficie total de más de 300 hectáreas alrededor de la Puerta del Sol por la que los vehículos privados que no pertenezcan a los vecinos sólo podrán circular por las arterias principales.
Las motocicletas tendrán acceso libre de siete de la mañana a diez de la noche, y las furgonetas que lleven mercancías a los comercios del área podrán entrar los días laborables de diez de la mañana a una del mediodía.
Con esta medida, que profundiza en la política de peatonalización del centro de Madrid impulsada por el anterior alcalde y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), el Ayuntamiento pretende reducir en más de un tercio el tránsito de vehículos por las zonas restringidas. “El objetivo principal es reducir el tráfico de paso a través de los barrios y de agitación en busca de estacionamiento, al tiempo que aumentar las plazas de estacionamiento para residentes”, aduce.
Botella, que ha anunciado ya que no se presentará a las elecciones municipales del próximo mes de mayo, pretende ampliar las APR en vigor antes de que finalice su mandato a los barrios limítrofes de Chueca y Malasaña (en su denominación oficial, Justicia y Universidad, también dentro del distrito Centro).
Esta estrategia forma parte de un Plan de Movilidad aprobado antes del verano que, con el objetivo puesto en el año 2020, pretende desterrar progresivamente el uso del vehículo privado de la almendra central de la capital (la superficie de 5.000 hectáreas limitada por la autovía M-30) con medidas de “discriminación positiva” a favor de transporte público, bicicletas y peatones.
Entre otras, se ha elevado el precio de los parquímetros para los coches más contaminantes y en las zonas más congestionadas de la ciudad, y se han reducido los límites de velocidad en las vías de entrada a la almendra central. Además, se potenciará el uso de la grúa y se aumentará el número de radares de velocidad.
Botella ha prometido también elevar un 25% las áreas peatonales, multiplicar los carriles exclusivos para autobuses, y prohibir la circulación de camiones durante el día, aunque esas medidas deberán ser sancionadas por su sucesor a partir de 2015.
El principal objetivo de esta estrategia de movilidad es reducir el volumen de tráfico en la almendra central; en la capital hay 1,7 millones de vehículos, de los que el 80% son turismos. La crisis económica ha duplicado su edad media, que ha pasado de 5,7 años en 2008 a 9,3 años en 2013.
La velocidad media de circulación en la almendra central es de 21 kilómetros por hora, pese a que sólo uno de cada cuatro viajes se realiza en vehículo privado; el 6% de los desplazamientos en Madrid implica meterse en un atasco con fuertes demoras.
El Ayuntamiento busca también reducir el número de víctimas de accidentes de circulación y el ruido provocado por el tráfico. Según el último estudio municipal, fechado en 2011, hay 132.000 personas (el 4% del total) expuestas a niveles excesivos de ruido durante el día, y 483.000 (el 15%) durante la noche.
Se pretende así mismo rebajar el nivel de contaminación atmosférica, que sigue muy por encima del tope legal impuesto en 2010 por la Unión Europea. Las autoridades comunitarias han iniciado un procedimiento para imponer una multa millonaria.
Botella confía en poder cumplir el límite europeo el 1 de enero de 2015, tras la bajada registrada el año pasado; la contaminación por dióxido de nitrógeno, que escapa fundamentalmente del tubo de escape de los vehículos diésel, se ha reducido un 25% desde 2011. La subida de los parquímetros aprobada antes de verano penaliza especialmente a los motores de gasóleo.
Madrid puso en marcha su primera Área de Prioridad Residencial en septiembre de 2004, en una zona limitada del barrio de Cortes. Un año después, se extendió al resto, sumando así una superficie de 59 hectáreas y 11.000 habitantes entre la puerta del Sol, Gran Vía, el paseo de Recoletos y la calle de Atocha.
Atendiendo a las peticiones de los vecinos, en julio de 2006 se amplió al barrio de Embajadores (con 103 hectáreas y 45.000 habitantes). Cuando el 1 de enero se ponga en marcha la APR de Sol-Palacio (dos barrios con 30.000 habitantes), serán ya más de 86.000 personas las que vivan en una zona de tráfico restringido en la capital (la población total de Guadalajara o Toledo).
La superficie de esta nueva APR es casi cuatro veces superior a lo estimado inicialmente por el Ayuntamiento, fruto en gran medida de las fuertes presiones vecinales para extender las restricciones de tráfico. Quedan por negociar en cualquier caso los últimos flecos con asociaciones de vecinos y comerciantes para minimizar el impacto. La implantación de la APR, prometida en 2011, se ha retrasado tres años por la falta de presupuesto.
Que empiecen las actualizaciones de los GPS...
