La juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los ERE, ha imputado en el caso a Magdalena Álvarez, exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. La imputación se basa en la línea de investigación que realiza la juez sobre la legalidad del procedimiento con el que la Junta de Andalucía pagó durante años los expedientes de regulación de empleo.
La juez entiende que el sistema utilizado era ilegal y permitía sortear los controles internos. La magistrada ha imputado también a otros 16 altos o ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la causa por el mismo motivo.
Entre los imputados se encuentra el actual número dos de la Consejería de la Presidencia, Antonio Lozano, que era director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía. También ha imputado al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, al que ha citado a declarar el próximo 25 de julio. La Intervención de la Junta de Andalucía alertó en varias ocasiones que el procedimiento con el que se daban las ayudas sorteaba los controles administrativos. El Gobierno andaluz basa parte de su defensa en que el Interventor jamás alertó del menoscabo de fondos públicos. Esto ha dado lugar a fuertes enfrentamientos entre miembros del Gobierno autónomo que preside el socialista José Antonio Griñán con el ex interventor.
El abogado Carlos Leal declara como imputado pasado mañana tras posponerse su comparecencia durante la Operación Heracles de marzo.
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