La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha aprovechado su XXXI congreso, celebrado esta vez en Vigo, para pedir nuevos esfuerzos y capacidades en la lucha contra el fraude. Una de las actuaciones que solicitan los inspectores es la “muerte civil” para los mayores defraudadores, así como dos nuevos delitos fiscales, para las personas con “tenencia injustificable de bienes o derechos” y para sus colaboradores. El organismo de este colectivo de 25.000 funcionarios de élite de Hacienda ha emitido un documento que incluye propuestas contra el fraude fiscal y de reforma de la Administración pública. En una de las sugerencias, la asociación aboga por introducir en la Ley General Tributaria (LGT) un procedimiento especial que se aplicará “en los fraudes más graves o de carácter organizado: una especie de ‘muerte civil”.
Dentro de la lucha contra el fraude, otra solución por la que optan los inspectores es la creación de dos delitos fiscales. Uno de ellos ya ha sido propuesto por la OCDE, la "tenencia injustificable de bienes o derechos". "Se trata de atacar la riqueza acumulada por personas cuyas actividades conocidas o sus rentas declaradas no justifiquen su patrimonio". El segundo está ligado al anterior, ya que se refiere a tipificar "la conducta del ofrecimiento de servicios e instrumentos para cometer el delito fiscal", dado que consideran que en la mayoría de los casos los defraudadores reciben asesoramiento especializado para realizar el fraude. También piden que la Agencia Tributaria (AEAT) ataque el blanqueo de capitales (competencia del Sepblac, dependiente de Economía y del Banco de España), al compartir lazos con el fraude fiscal.
Este concepto de 'muerte civil' implicaría la imposibilidad de expedir facturas, no poder tener contratos con la Administración, imposibilidad de recibir subvenciones o ayudas públicas, el cierre total de la operativa financiera (ya que el NIF estaría revocado), el cierre total de los registros públicos (excepto el civil) y la imposibilidad de realizar escrituras notariales de contenido económico, salvo las que estén dirigidas a cancelar deudas fiscales.
Se trataría de una medida drástica que estaría reservada para los principales defraudadores, tratando así de endurecer las consecuencias de los delitos fiscales. Así, dentro de la propuesta, el régimen de muerte civil sería para personas o entidades "ilocalizables o que no comparecen reiteradamente, a pesar de haber sido notificadas al efecto"; testaferros, sociedades pantalla, personas o entidades interpuestas, etc., o que figuren en una trama organizada de defraudación, lo que implicará la confección de un censo de este tipo de personas, bajo determinados criterios que permitan "concluir que se trata de ese tipo de sujetos"; personas físicas o jurídicas "declaradas responsables solidarias en los procedimientos tributarios de otras personas o entidades cuya deuda no haya sido ingresada"; personas sancionadas por infracciones tributarias firmes en vía administrativa si estas superan un importe mínimo que habría que fijar; personas condenadas por delito frente a Hacienda, o ante impagos tras sentencia firme de frustración de la ejecución o insolvencia punible, y, por último, condenadas por delito frente a la Hacienda Pública, frustración de la ejecución o insolvencia punible por sentencia firme.
La asociación también hace hincapié en la residencia fiscal de los contribuyentes para evitar falsos desplazamientos o controlar las deducciones en IVA, cercando el fraude fiscal en este impuesto, así como en el de hidrocarburos. Mientras que, en el fraude recaudatorio, apuestan por "elevar a rango legal los supuestos de inadmisión de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas regulados reglamentariamente", y en materia concursal "reforzar la recuperación de deudas, con la inhabilitación de los administradores de entidades jurídicas insolventes que no hayan solicitado en plazo el proceso concursal".
Dentro de la lucha contra el fraude, la asociación apunta a varias potenciales mejoras. Una de ellas es la estadística. La Ley 11/2021 de medidas de prevención de la lucha contra el fraude ha aprobado la realización de un estudio para cuantificar la economía sumergida, y los inspectores creen que debería ser un informe periódico dentro del Plan Estadístico Nacional. También defienden completar el indicador de renta declarada en el IRPF. Y apuntan al acercamiento al ciudadano, haciendo referencia a "programas sistemáticos de educación cívico-tributaria" y a mejoras en la comunicación, algo que tiene proyectado Hacienda en el marco de facilitar los canales de comunicación, como la creación de la Administración Digital Integral (ADI), un mostrador virtual que funciona 'online' y por teléfono para toda España desde dos oficinas, Valencia y Vigo, abiertas este año a la espera de abrir una tercera hacia 2023 en Andalucía.
Excelentes medidas que ayudarían para la lucha contra el fraude y el consiguiente saneamiento de las maltrechas cuentas públicas. Espero que igual que los impuestos sólo iban a afectar a los ricos, esto de verdad quede para "grandes defraudadores" y no se empiece a considerar gran defraudador al autónomo de turno.
Interesante igualmente será ver cómo intentan tipificar esos dos nuevos delitos. Pura seguridad jurídica.
Fantástico igualmente que pretenden aumentar los motivos de inadmisión de aplazamientos y fraccionamientos. El dinero debe estar en el Estado no en las personas.
Por último, me pregunto de dónde han salido todas las estimaciones que lanzan todos los años para pedir más medios si están reconociendo que todavía no han hecho ni un estudio serio a tal afecto.
