La policía española impidió este viernes acercarse al teatro donde se entregan los premios Príncipe de Asturias a miles de personas que en Oviedo marcharon en protesta contra la monarquía y las políticas capitalistas.
La Policía bloqueó el paso de las llamadas Marchas de la Dignidad pese a que la demostración, convocada por la Corriente Sindical de Izquierda y otras organizaciones, recibió autorización del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Un amplio despliegue policial impidió el paso hasta el teatro Campoamor, pese a negociaciones entre la policía y los organizadores, que al final presentaron ante el juzgado una denuncia por la vulneración del derecho a manifestarse.
Las banderas republicanas debieron ondear a una distancia prudencial de la ceremonia, lo que no impidió gritos con lemas antimonárquicos proferidos por la multitud.
La protesta alcanzó incluso la celebración oficial, durante una audiencia ofrecida por los reyes de España a estudiantes galardonados, cuando uno de ellos identificado como Pablo Trabadelo entregó a los monarcas una placa de las Marchas por la Dignidad para que estos la entregaran a sus hijas.
Estos Borbones, a los tiburones y La crisis es una estafa, fueron algunos de los lemas coreados por representantes de colectivos sociales, sindicales y políticos en medio de una profusión de banderas republicanas al paso de la caravana real por las calles de Oviedo.
Varios de los presentes aseguraron que la presencia policial, incluso con agentes llevados desde Madrid,fue el mayor despliegue realizado durante las ceremonias de entrega de los galardones que desde 2015 comenzarán a denominarse premios Princesa de Asturias.
La manifestación es la primera de una serie organizada por las Marchas de la Dignidad en las próximas semanas, cuando esperan movilizar cinco millones de personas a lo largo de varios territorios españoles y en diferentes fechas.
Las demostraciones tienen como objetivo protestar contra la monarquía y las medidas neoliberales que provocan recortes presupuestarios con la correspondiente afectación de servicios públicos como la Educación y la Salud.
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