Hace ahora dos años, la Asamblea de Madrid aprobó la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia. La norma, admitida por unanimidad con el respaldo de todos los grupos parlamentarios –PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos- entró en vigor el 20 de agosto de ese año. Como Madrid, otras comunidades autónomas también cuentan con una regulación específica contra la discriminación por diversidad sexual y de género (Baleares, Murcia, Navarra, Andalucía…).
Todas estas leyes, acogidas con satisfacción por las asociaciones en defensa de los derechos LGTBI -Arcópoli, Triángulo, Cogam…- no fueron bien recibidas, en cambio, entre los colectivos más conservadores. De hecho, la promulgación de esta norma en distintas regiones de España dio pie a la unión de medio centenar de asociaciones civiles, católicas, provida, de familias numerosas y de padres separados. En diciembre de 2016, esa suma cristalizó en la Plataforma por las Libertades.
Entre quienes se adhirieron a esa iniciativa se encuentran Rocío Monasterio, hoy dirigente de Vox, o Mariano Calabuig, diputado de Vox en la Asamblea de Madrid y exdirector del Foro de la Familia. También la ex del PP Lourdes Méndez, ahora en las filas de Vox, que de hecho era la coordinadora de la plataforma. Méndez lamentaba que se prohibieran “tratamientos para revertir el sexo hacia la heterosexualidad”. Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOír y Jaime Mayor Oreja, de la Fundación Valor y Sociedad, también integran esta lista.
En su nacimiento, y para presentarse públicamente, la plataforma suscribió un manifiesto en el que, entre otros puntos, defendía “el derecho a la autonomía del paciente y a la libertad individual ante leyes que prohíben someterse a una terapia de reorientación de la inclinación sexual cuando se trate de revertirla a la heterosexualidad, incluso si esa fuera la voluntad de la persona y solicitara tal terapia, además se sanciona al profesional que se preste a ayudarle en su legítima pretensión”.
“Pueden incluso ser denunciados los padres por violencia familiar si acuden con su hijo a un psicólogo para consultarle sobre sus deseos o aplicar una terapia de ese tipo”, advertían los firmantes del manifiesto.
Es decir, la plataforma venía a pedir que no se prohibieran las conocidas terapias de conversión, que buscan modificar la orientación sexual de una persona. Según la actual ley madrileña, este tipo de terapias aversivas se consideran una infracción “muy grave”, sancionada con multa de 20.001 hasta 45.000 euros y otras penas accesorias como la inhabilitación temporal o la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Comunidad por un periodo de hasta tres años (artículo 72, Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid).
