El exgeneral de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, el más laureado en la lucha contra ETA y que fue condenado por su implicación en crímenes de los GAL, ha fallecido este sábado con Coronavirus a los 82 años. Fue ingresado en la UCI al agravarse su estado hace unas semanas. Y, desde entonces se encontraba muy grave. El antiguo mando del instituto armado fue condenado a 75 años de prisión por los asesinatos de los presuntos miembros de la banda terrorista José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, y estaba en libertad condicional desde el año 2013.
Rodríguez Galindo se hizo popular cuando en 1980 dirigió la 513 Comandancia de la Guardia Civil, con sede en Intxaurrondo (San Sebastián). Durante los 15 años que pasó al frente de esta Comandancia fueron desarticulados unos 90 comandos de ETA y detenidos más de 800 terroristas, lo que le valió una prestigiosa reputación como experto en la lucha antiterrorista y le llevó a ser nombrado general del instituto armado en 1995.
La reapertura del caso Lasa Zabala, relativo al secuestro y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, por guardias civiles de Intxaurrondo cuando Galindo era su máximo responsable, centró en él esta investigación judicial. Tras ser llevado a juicio, el 26 de abril de 2000 la Audiencia Nacional le condenó a 71 años de prisión por el secuestro y asesinato de los presuntos etarras y el 9 de mayo ingresó en prisión. Un año después, el Tribunal Supremo aumentó en cuatro años la pena de cárcel ―hasta 75 años― y el 2 de abril de 2002 el que fuera el general más laureado en la lucha contra ETA perdió oficialmente su condición de miembro de la Guardia Civil.
En septiembre de 2004, y tras serle varias veces denegada la concesión del tercer grado, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias permitió a Galindo que cumpliera su condena fuera de la cárcel dada la grave enfermedad cardiovascular que padecía y su avanzada edad. La Dirección General resolvió sin embargo mantener el segundo grado de tratamiento al exgeneral, que el 1 de octubre abandonó la cárcel de Ocaña (Toledo) y ese mismo mes ingresó en una clínica de Zaragoza, aquejado de una crisis cardiaca. En diciembre fue operado del corazón, y el 5 de enero de 2005 el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro le concedió finalmente el tercer grado penitenciario (semilibertad). Se encuentra en libertad condicional desde 2013.
Un claro ejemplo de que no todo vale para cumplir un objetivo.
