Los transportistas no llevarán a cabo los paros anunciados por el momento. El resultado de la votación celebrada este domingo por las asociaciones vinculadas a la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte -que fue la que instó a las movilizaciones del pasado mes de marzo- fue de 41% a favor del paro frente al 45% en contra, además del 14% de abstenciones. Por tanto, los transportistas eligen la vía de la negociación con el Gobierno antes de volver a paralizar el transporte de mercancías como pasó hace tres meses.
De esta forma, deciden esperar qué les propone el Gobierno para que se aplique la ley de cadena alimentaria que les prohíbe trabajar a pérdidas, el gran problema del sector, aseguran fuentes de la plataforma. «Por un resultado muy ajustado, los transportistas deciden no reactivar el paro en estos momentos y entrar en la negociación del desarrollo de la ley participando la Plataforma en la misma como parte fundamental y representante del sector de base», explican en un comunicado.
Una negociación con el Gobierno que se aseguraron antes de la votación, cuando -afirman- recibieron una llamada de un portavoz del Ministerio de Transportes citándoles a una reunión urgente para entregarles el borrador de la Ley que prohíbe la contratación a pérdidas en el transporte. Y su compromiso es que antes del 31 de julio esté elaborado el texto final tras haber negociado con los representantes de la Plataforma y comience su tramitación legal. Aún así, alertan de que esto no significa echarse atrás, sino que el paro sigue suspendido con la posibilidad de reactivarse «en cualquier momento» si la negociación no es favorable o las fechas no son las prometidas.
La ley de cadena alimentaria, que ya se aplica en el sector agrícola, tiene el objetivo de regular que el precio que perciba el camionero por sus servicios sea siempre igual o superior a sus costes, para no tener que salir a trabajar a pérdidas, la gran reivindicación de la Plataforma convocante de las movilizaciones de marzo.
Pérdidas millonarias
La huelga de los transportistas comenzó con paros aislados y terminó paralizando gran parte del país. Duró algo más de tres semanas pero fue perdiendo fuerza una vez que el Ministerio de Transportes alcanzó un acuerdo -tras varios días de negociación- con la patronal del sector, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Este pacto incluía una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y ayudas directas a los camioneros.
Fue una de las peores huelgas que se recuerdan en el sector. Solo en Andalucía, se perdieron casi 1.000 millones de euros, según cálculos de la Junta. En el Puerto de Bilbao, donde los paros causaron más problemas en el transporte de mercancías, las empresas de contenedores pidieron a los autónomos que volvieran al trabajo una vez que se cedió a sus exigencias, como las ayudas directas a los transportistas de 1.250 euros por camión para compensar los sobrecostes energéticos.
La frase más repetida por el presidente de la Plataforma esos días fue que a los camioneros les costaba menos dinero estar parados que salir a trabajar.
Literalmente por los pelos de un calvo
