Del 'Plan Ibarretxe' al 'Plan Urkullu': las claves del "nuevo estatus" vasco del PNV
ROBERTO BENITO Madrid 8 feb. 2018 09:08
El 'lehendakari' Iñigo Urkullu en el primer pleno de control del año / ARABA PRESS
Han pasado 13 años desde que el Congreso diera un portazo a las pretensiones del PNV de iniciar su separación de España y parece que en el nacionalismo vasco ha pensado que es el momento de recuperar aquella senda. Entonces se llamó plan Ibarretxe y ahora habrá que llamarlo plan Urkullu, porque las semejanzas entre uno y otro texto son tantas que es imposible no pensar que en las páginas de ambos textos está contenido el ADN del PNV, que se materializa cada determinado tiempo para ver lo que ocurre.
En el plan presentado por el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, el 25 de octubre de 2003 y rechazado por el Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 2005, se recogían expresiones más independentistas que en esta ocasión. Principalmente, el "derecho de autodeterminación de los pueblos" y el concepto de "Estado libre asociado" como nuevo estatus del País Vasco dentro de España. Pero eran eso, expresiones. Ahora se propone el "derecho a decidir" y la "naturaleza confederal" que debe tener la relación del País Vasco con el resto de España.
Por lo demás, las propuestas son casi las mismas: un nuevo estatus político basado en derechos históricos, un sistema judicial independiente, una seguridad social autónoma, representación directa en los organismos internacionales... Estas son las claves del nuevo plan soberanista del PNV, impulsado ahora por Iñigo Urkullu:
Las claves
No es una reforma del Estatuto.
Oficialmente lo es, pero lo que se propone es en realidad una superación en todos los ámbitos del Estado autonómico para convertir al País Vasco en una entidad política casi independiente. En el propio texto se define que se aspira a un Nuevo Estatus Político, en mayúsculas, que "formalice una nueva forma de vinculación con el Estado español". Y por si había dudas, aclara: "No se trata de limitarse a dibujar el reparto de competencia". En efecto, es mucho más.
Reconocimiento como nación.
No hace mucho tiempo este era un asunto muy polémico. Ahora, el PNV afirma sin tapujos que "el pueblo vasco es nación porque cumple con todos los parámetros establecidos en el derecho comparado y porque, además, así lo reconoce e identifica una mayoría de su ciudadanía". Es por ello que exige al Estado "una relación singular y bilateral basada en el reconocimiento de la realidad nacional de ambas partes" y lo que llama un "acuerdo convivencial", sin ataduras jurídicas.
Respeto a la legalidad vigente... o no.
Dice la propuesta del PNV que "la actualización del autogobierno vasco debe atender al principio de legalidad", lo que en principio marcaría una línea roja respecto al proceso soberanista en Cataluña. Sin embargo, a continuación se introduce el concepto de principio democrático para afirmar: "No obstante, el respeto a la legalidad no debe provocar la vulneración del principio democrático. Un principio que exige dotar de un valor relevante y primario a la decisión de la ciudadanía vasca. Un principio que es también, con igual o superior fuerza, legalidad vigente".
Derecho a decidir.
Se formula de esta manera: "El texto articulado que se elabore sobre estas bases y principios será la formulación jurídico-positiva de un ejercicio pactado del derecho democrático de la ciudadanía vasca a decidir su estructura política y su régimen de convivencia, esto es, a decidir sobre su futuro, para lo cual habrá de dotársele a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de un valor normativo relevante".
Nuevo nombre.
La fórmula que se le ha ocurrido al PNV para calificar al País Vasco es la de sujeto político-jurídico. Para cuando se apruebe el Nuevo Estatus, se proponen cuatro nombres posibles para rebautizar a lo que ahora es la Comunidad Autónoma Vasca: Comunidad Foral Vasca, Comunidad Nacional Vasca, Estado Autónomo Vasco o Estado Foral.
Blindaje del autogobierno.
Se formula en repetidas ocasiones a lo largo del texto y se propone un "sistema de garantías que impida la modificación unilateral del nuevo pacto político alcanzado", con comisiones mixtas que analicen los problemas que puedan surgir. En última instancia podría seguir resolviendo el Tribunal Constitucional, pero cuando su "modelo y funcionamiento se reconduzca a parámetros admisibles que garanticen la imparcialidad y la objetividad".
Sistema judicial propio.
"Se reconocerá la capacidad de organizar la Administración de Justicia en el País Vasco", dice el texto, incluyendo "una política penitenciaria propia y la atribución al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de la culminación ordinaria de los asuntos". La preeminencia del Tribunal Supremo quedaría limitada a "la unificación de doctrina en relación con la legislación dictada por el Estado".
Seguridad social independiente.
Dice la propuesta que se "atribuirá a los poderes públicos vascos todas las facultades relacionadas con los sistemas de relaciones laborales y de protección o de seguridad social".
Acción exterior.
Es uno de los capítulos más amplios, como ya ocurría en su momento en el plan Ibarretxe. Los nacionalistas vascos piden "capacidad de representación de Euskadi en la Unión Europea" y en otras "instituciones y organizaciones internacionales". En particular, se exige poder "participar de forma directa en los órganos e instituciones de la UE" e incluso hacerlo de forma bilateral cuando los asuntos afecten a sus competencias. También se reclama poder "participar ante el Tribunal de Justicia de la UE", gestionar "fondos estructurales" de la Unión, formar parte de los tratados internacionales que les puedan afectar y hasta firmar ellos mismos "acuerdos internacionales administrativos".
Infraestructuras y mares territoriales.
Entre las competencias que asumiría el País Vasco se encuentra "la titularidad demanial y/o patrimonial de los recursos naturales de su ámbito territorial, que se extiende hasta el mar territorial, y de las infraestructuras sitas en el mismo".
Sin control del déficit.
El artículo 135 de la Constitución dejaría de aplicarse en el País Vasco, por cuanto se establecería sobre él "un régimen de aplicación" específico, según el cual la "autonomía financiera" de la región no podrá resultar "constreñida por la imposibilidad de participar y la asunción unilateral por el Estado del procedimiento de distribución de los límites del déficit y de la deuda entre los distintos niveles administrativos".
Relación con Navarra.
Ya ocurrió con el plan Ibarretxe y se recupera ahora: "La actualización del autogobierno vasco debe reconocer el derecho a establecer vínculos políticos y las relaciones internas de cooperación con la Comunidad Foral de Navarra", además de con los territorios del País Vasco francés.
Selección deportiva nacional.
Una petición irrenunciable una vez más: "El reconocimiento de la proyección internacional de las organizaciones sociales, culturales y deportivas vascas, de cara a su plena incorporación a las organizaciones análogas del ámbito internacional".
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2018/02/08/5a7b7606e2704ed51f8b45f9.html