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Se define un nuevo concepto de “vehículo residual”, que se aplicaría a los vehículos que no cumplan con los requisitos técnicos mínimos para circular o que hayan sufrido daños irreparables. Estos vehículos no podrían ser reparados ni vendidos, sino que tendrían que ser entregados a un centro autorizado para su descontaminación y reciclaje.
Se establecen unos criterios para determinar cuándo un vehículo es un vehículo residual. Entre ellos, se incluyen los siguientes: que el vehículo tenga más de 15 años de antigüedad, que el motor, la caja de cambios, la carrocería o el chasis hayan sido sustituidos o que los frenos y los componentes de la dirección estén excesivamente desgastados.
Se prohíbe la importación de vehículos usados procedentes de países fuera de la UE, salvo que se demuestre que cumplen con los requisitos técnicos y medioambientales de la UE. Asimismo, se limita la exportación de vehículos usados a países fuera de la UE, con el fin de evitar la fuga de materias primas y la generación de residuos en otros lugares.
Se obliga a los fabricantes a utilizar un porcentaje mínimo de materiales reciclados en la producción de nuevos vehículos y a facilitar la reparación y el recambio de piezas. También se les exige que proporcionen información sobre la huella de carbono y el contenido reciclado de cada vehículo.
Se crea un sistema de etiquetado ecológico para los vehículos, que indicaría el grado de eficiencia energética, el nivel de emisiones y el porcentaje de materiales reciclados de cada modelo. Este sistema permitiría a los consumidores comparar y elegir los vehículos más sostenibles.
