Colegios, hospitales, centros de acogida a inmigrantes, enfermos de sida o vagabundos. Si la Iglesia le pasara la factura de todas sus obras sociales al Estado, ésta ascendería a 36.060 millones de euros, según los obispos
Álex Navajas
Madrid- Los obispos consideran que el Estado debe de seguir apoyando económicamente a la Iglesia porque la financiación «no procede del Gobierno, sino del contribuyente». Así han respondido a las insinuaciones que realizó el lunes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien señaló que «las aportaciones a la Iglesia tendrán que ir a menos». Los obispos lo ven de otro modo: el Estado no regala nada, sino que hace llegar «el dinero que es del contribuyente, y no del Gobierno». Así se manifestó ayer monseñor Juan del Río, obispo de Asidonia-Jerez, quien añadió que «el problema no sería reducir la financiación, sino qué va a pasar con los pobres, los drogodependientes y los enfermos de sida que reciben las prestaciones de la Iglesia».
De modo similar se manifestó el lunes el obispo de Málaga y presidente de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Antonio Dorado. El prelado insistió que «el dinero que se ofrece a la Conferencia no procede del Gobierno, sino de la sociedad que libremente suscribe una cláusula poniendo “sí” en la parte que se detrae de los impuestos del pueblo».
Lo que le ahorra al Estado. El arzobispo de Zaragoza fue más allá y llegó a detallar el costo de los servicios que la Iglesia presta a la sociedad. Alrededor de 36.060 millones de euros, según monseñor Manuel Ureña, es lo que el Estado se ahorra gracias a la labor asistencial, benéfica y educativa de la Iglesia, a la vez que ésta «sólo» recibe 132 de las arcas públicas. «Mientras no se demuestre lo contrario, más del 90 por ciento de los ciudadanos son católicos y la Iglesia ahorra al Estado español 6 billones de pesetas anuales en servicios de instrucción pública, de hospitales, de enseñanza, o a través de Cáritas», señaló el arzobispo de Zaragoza. Monseñor Ureña recordó además que la Iglesia no sólo cumple con una función estrictamente religiosa, sino que realiza «una labor de beneficencia social», según recoge Ep.
El titular de la diócesis aragonesa se remontó a la época de Mendizábal y su «desamortización realmente espantosa» para justificar que «la Iglesia no necesitaba que la subvencionara nadie porque tenía sus medios de sustentación, pero hubo una barrida en la cual se le sustrajeron la inmensa mayoría de sus bienes». Fue una desamortización «de la que no se benefició el pueblo, sino la burguesía», agregó. Monseñor Ureña reconoció que «lo ideal sería la autofinanciación», pero puntualizó que «es algo que no hemos podido lograr todavía».
Por el entendimiento. Los obispos, sin embargo, quieren tender puentes al entendimiento con el Ejecutivo. Monseñor Del Río señaló que «la serenidad y el diálogo» deben primar en las relaciones entre Iglesia y Estado porque «será beneficioso». El arzobispo de Sevilla, el cardenal Carlos Amigo, volvió a ser el más conciliador al abogar por mantener el diálogo con el Gobierno sobre temas como la financiación o la reforma educativa, pero desde una óptica «que persiga el bien común de toda la ciudadanía». «Mi criterio es que tendremos que seguir hablando y hacer las cosas de la mejor manera posible», señaló el cardenal quien, pese a que descartó que exista un calendario de reuniones con el Ejecutivo, se mostró «seguro» de que se reanudarán los encuentros.
Aumentar impuestos. Se ya informó hace casi un año del dinero que la Iglesia le «ahorra» al Estado con su labor asistencial y caritativa. Según las estimaciones realizadas por este diario, si la Iglesia le «cobrara» a la sociedad todos sus servicios, la factura ascendería a 31.189 millones de euros, unos 5,19 billones de pesetas, una cifra próxima a la ofrecida ayer por monseñor Ureña. Según el economista y colaborador de LA RAZÓN José Barea, «si la Iglesia no prestase sus servicios, tendrían que aumentarse los impuestos».
En referencia a la educación –el tema «estrella» de las últimas semanas semanas–, la institución religiosa posee 5.141 centros en España, con 990.774 alumnos. Según la estimación del ex Secretario de Estado de Universidades, Álvaro Marchesi, el coste medio por alumno es de 2.989 euros. Así pues, a la Iglesia le cuestan sus alumnos unos 2.962 millones de euros, y del Estado recibe 1.783 millones. Los 1.179 millones restantes los ha de conseguir la Iglesia por su cuenta.
Respecto a la obra social de la Iglesia, y según los datos del año 2000, sólo con las aportaciones de Cáritas (155 millones, de los cuales 47 corrían a cargo del gasto público), Manos Unidas (43 millones en 2003, con una ayuda estatal de 9 millones) y Obras Misionales Pontificias, (21 en 2000), el Estado tendría que haber aportado 163 millones extra.
Además, la Iglesia mantiene el 80 por ciento del patrimonio histórico y artístico de España.