¿Qué es 'Podemos'?

Derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el
mero hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la
pobreza con el fn de posibilitar un nivel de vida digno. La renta básica no
reemplaza al Estado de bienestar, sino que trata de adaptarlo a la nueva
realidad socio-económica. Saustitución de las prestaciones sociales
condicionadas menores a la cuantía de este ingreso básico.

Medidas políticas destinadas a defender la diversidad sexual para garantizar
los derechos y las libertades de todas las personas con independencia de su
sexo, su orientación sexual o su identidad de género, combatiendo toda
exclusión lgtbifóbica o por razón de género. Despatologización de todas las
opciones sexuales e identidades de género no normativas y puesta en marcha
de políticas destinadas a corregir la discriminación, por ejemplo garantizando
el acceso al empleo público de las personas lgtbi en riesgo de exclusión
social.
Promover una norma europea integral y vinculante contra la violencia de
género y reforzar las políticas y medidas de atención y asistencia a las
mujeres y menores. Dotación de presupuestos sufciente para garantizar la
protección de las víctimas, el funcionamiento efectivo de los medios de la
Justicia, las ayudas para la reinserción sociolaboral de las mujeres, la
formación de profesionales y las medidas de prevención. Implantar políticas
educativas que aseguren una educación no sexista ni lgtbifóbica y aumentar
las medidas para prevenir los ataques y las agresiones en todos los ámbitos
con especial atención a los centros escolares de menores.
Reconocimiento de la pluralidad de modelos de familia y reconocimiento en
todos los países del derecho al matrimonio civil, a la adopción y a las técnicas
de reproducción asistida para todas las personas, con independencia de su
sexo, su identidad de género y su orientación sexual.
12/36Garantizar el derecho de asilo por motivos de violencia de género o violencia
contra las mujeres así como el derecho de asilo para las personas que sufren
violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Prohibición de los CIES. Anulación de los programas contra la inmigración
FRONTEX y EUROSUR. Fin de la llamada "Directiva de la vergüenza".
Eliminación de las vallas fronterizas anti-persona y del SIVE. Fin de la política
de externalización de fronteras. Fin a los vuelos o barcos de deportación de
inmigrantes. Red de acogida integral que atienda a las víctimas de “trata” de
seres humanos, especialmente en los sectores en los que son especialmente
explotados (cuidados, prostitución): redes transnacionales de cuidados y sus
especiales sufrimientos en la frontera sur. Luchar contra particulares y
empresas que se aprovechen de la condición de los inmigrantes para ofrecer
peores condiciones laborales.
Garantizar el periodo de refexión para estas víctimas según previsión del art.
59 bis de la Ley de Extranjería, sin que se haga depender de la denuncia de
la víctima y con no incoación del expediente de expulsión. Garantías de
protección internacional a las personas refugiadas. Mantenimiento de la
autorización de residencia y trabajo durante un período de cinco años sin
necesidad de cotización para su renovación. La ciudadanía no puede
depender de la renta.
Derecho a tener derechos. Reconocimiento del derecho de los y las
emigrantes a votar donde viven, cotizan y trabajan y no solo en base al
derecho de reciprocidad (que restringe el derecho a voto sólo a los
emigrantes cuyos países reconocen el voto de los ciudadanos españoles).
Libre circulación y elección de país residencia y regularización y garantía de
plenos derechos para todas las personas residentes en suelo europeo, sin
distinción de nacionalidad, etnia o religión, con o “sin papeles”. Adecuación de
la sanción por falta de documentación y visado en regla a su categoría de
falta administrativa. Eliminación de las cartas de expulsión emitidas a las
personas sin visado en regla o pasaporte tramitadas de manera automática
24/36en las comisarías. Garantizar a las personas indocumentadas los permisos
temporales de residencia necesarios, hasta resolver administrativamente su
estatus jurídico.
Desarrollo de políticas y medidas para mejorar el contacto y el intercambio
con terceros países, tanto con Gobiernos como con Parlamentos y
organizaciones de la Sociedad Civil, para mejorar sus condiciones y promover
una migración digna. Revisar todos los convenios bilaterales y multilaterales
existentes en materia de otorgamiento de nacionalidad a extranjeros
residentes en la UE, y replantear los períodos mínimos necesarios para tener
el derecho de ser considerado "ciudadano nacional".
Elaboración urgente de un censo de emigrantes por parte de organismos
ofciales, aprovechando las herramientas actuales, para obtener datos de
mayor claridad y fabilidad. Sistema de Solidaridad que consista en Ayudas al
Desplazamiento a aquellos Emigrantes europeos que residan en otro Estado
miembro por motivos laborales y siempre en función de su renta, para
aquellos trabajadores forzosamente desplazados por la crisis y que cuenten
con recursos escasos puedan viajar a sus países de origen por motivos
familiares o de emergencia. Instauración de una Vida Laboral Única Europea,
con objeto de que los trabajadores no pierdan ningún derecho en materia de
Seguridad Social al trabajar en los distintos Estados de la Unión Europea, de
forma que los impuestos cotizados en cualquier Estado miembro puedan ser
transferidos al Estado de residencia de los trabajadores llegado el momento
de su jubilación o de aplicarse cualquier otro benefcio asociado a los
Sistemas de Seguridad social, mediante un sistema de compensación entre
Estados justo y respetuoso con las legislaciones locales.

El nuevo ordenamiento jurídico ha de contemplar los referéndums vinculantes
y las Iniciativas legislativas populares como pieza clave de participación
democrática. Es preciso impulsar desde el Parlamento europeo reformas en
todos los países miembros para que las decisiones de carácter estratégico
hayan de ser sometidas a referéndums en cada país.
29/36Reforma de la Constitución española para garantizar la celebración de
referéndums en dichos casos y retirada de las medidas que hayan sido
aprobadas sin contar con participación popular democrática.