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Ruth Mélida utilizó a otra persona para acceder a un piso protegido en San Sebastián de los Reyes
No tenía derecho al mismo al tener una vivienda en Torrejón. El juzgado ha ordenado el desalojo de la titular del contrato
Once de la mañana de este martes 12 de febrero. Una joven con una camiseta con su rostro serigrafiado y el mensaje La vivienda es un derecho, no un negocio alza su voz a las puertas del Congreso.Le secundan activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el diputado de Podemos Rafa Mayoral. Su nombre es Ruth Mélida y su cara es conocida para aquéllos que hayan seguido su lucha en los medios por permanecer en un piso de protección oficial en un edificio de San Sebastián de los Reyes ante los intentos del fondo de inversión Lazora, propietaria del mismo, de echarla con el beneplácito de la Justicia. Ella ha construido con el apoyo de Podemos en redes sociales el relato de que será desahuciada por «un fondo buitre», pero lo cierto es que no figura como arrendataria del piso, porque no podía beneficiarse de él al poseer otra vivienda. Su historia ha sido defendida también por varios medios y por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que declaró «non grato» a Lazora.
Esta empresa compró el edificio con 156 viviendas de la calle Juan Gris en 2008, cuando era vivienda protegida. En 2016 expiraba el plazo de esa protección y un año después de estar en el mercado libre Lazora comenzó a comunicar a los vecinos con contrato a punto de vencer que había que renovarlos actualizando las rentas. Fue cuando recibió varios emails de una persona que se identificaba como la vecina Lina María Gutiérrez y Lazora accedió a una reunión con la arrendataria. Su sorpresa fue que a la cita acudió Ruth Mélida, que no aparecía en el contrato como arrendataria del mismo y que solo figuraba como avalista. La mujer no tenía derecho a la vivienda protegida porque es propietaria de otro piso en Torrejón de Ardoz.
Mélida pidió al fondo que prorrogase el contrato de su allegada Lina María, que vencía en 2017, al mismo precio de origen: a 600 euros al mes y no a los 999 euros que ya exigía Lazora. La empresa, que conoció entonces que Mélida estaba embarazada, decidió hacer una renovación tácita del contrato de Lina María por un año, aunque le advirtió de que se trataba de una situación excepcional. Dos meses antes de que finalizase la prórroga del contrato, el fondo ofreció a Mélida hacer un contrato a su nombre con una sustancial rebaja en el precio del alquiler dado que la mujer, que tiene dos niños de 1 y 6 años y cuenta con un empleo, les trasladó que su marido se había quedado en paro. Según fuentes de Lazora, fijaron el precio en 700 euros, 300 menos que el que estaban cobrando a otros inquilinos por un inmueble con piscina y jardín.
Batalla mediática
Mélida pidió a Lazora que le mantuviera el precio de 600 euros o daría la «batalla mediática». La empresa lo rechazó y es cuando su falsa inquilina empezó a salir en los medios con acusaciones a Lazora y asegurando que había más de 30 afectados por las «subidas abusivas», cuando fuentes de la empresa confirman que sólo «se había quejado ella y otro vecino», que llegó a un acuerdo con el fondo. Lazora recibió llamadas del abogado de Mélida diciendo que dejaría de salir en los medios si accedía a rebajarle aún más la renta.
Mélida redobló su órdago al organizar acciones de la PAH dentro del edificio y denunciar su situación ante el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, gobernado por el PSOE y Ganemos Sanse (Izquierda Unida y Alternativa Socialista), que decidió lleva a Pleno una declaración institucional para declarar a Lazora «non grata» en el municipio. Lazora puso en conocimiento del Ayuntamiento y de todos los grupos políticos la información de que Ruth Mélida no era inquilina de la vivienda y que se había benefició de un piso protegido al que no podía acceder. Todos los partidos hicieron oídos sordos y aprobaron la declaración. A Lazora no se le dejó ni personarse en el Pleno para presentar sus alegaciones. «Desconocíamos esa información de que Ruth haya podido obrar mal, pero lo cierto es que hay un fondo buitre que ha querido hacer negocio con suelo público y echar a familias vulnerables», se excusa ahora el primer teniente de alcalde, Javier Heras.
El caso de Mélida llegó a la localidad de Alcobendas, donde el Ayuntamiento del PP, con Ciudadanos, sí rechazó aprobar una declaración impulsada por Podemos y por la PAH.
Mélida, al haberse convertido en una especie de Ada Colau de San Sebastián de los Reyes, decidió dar el salto a la política y será número dos de la plataforma Asamblea Sanse Sí se Puede en las municipales.
Lazora, al sentirse víctima de un chantaje, decidió no seguir ofertando una rebaja del precio del alquiler a Mélida y pasó al ataque en los tribunales, que le han dado la razón.En una sentencia del pasado 11 de noviembre, a la que ha accedido ELMUNDO, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Alcobendas declara resuelto el contrato de arrendamiento entre Lina María y Lazora, que obliga a la arrendataria «a desalojar la vivienda poniéndola a disposición de la parte arrendadora» y fija el desahucio para mañana cargando las costas a la parte demandada.
Mélida trató de personarse en el juicio como parte afectada, pero la juez solo le dejó declarar en calidad de testigo dado que el contrato no figura a su nombre. La arrendataria Lina María alegó, a través de su abogado, encontrarse en Miami para no presentarse en el juicio. Ayer, el Juzgado ordenó paralizar temporalmente el desahucio tras recibir un informe social del Ayuntamiento.
Este periódico quiso conocer la versión de los hechos de Mélida. «Fue la comercial de Lazora la que me dijo que no había problema en buscar a un allegado para que figurase el contrato a su nombre [extremo que desmiente el fondo].Lazora sabía que yo vivía allí y si usé el nombre de Lina María era porque si no en el call center de la empresa no me atendían. También lo usé en varios emails porque si no, no me hacían caso. El contrato lo prorrogaron por estar yo embarazada, no Lina María. El piso que tengo en Torrejón está en un proceso de embargo. Sigo luchando porque la Justicia me reconozca como parte afectada y no me voy a mover de mi piso», explica.
Un portavoz de Lazora aclara que «es a Lina María a quien se le concede esa vivienda». «Lazora ha atendido 590 casos de familias vulnerables, pero pensamos que Ruth ha obrado de mala fe. Nos sorprende que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y los partidos hayan defendido el derecho a una vivienda protegida de una mujer que jamás ha cumplido los requisitos para acceder a ella», explican desde el fondo de inversión.
Este periódico ha intentado sin éxito contactar con el diputado de Podemos Rafa Mayoral para conocer su versión de los hechos.
